A Tiro de Piedra / Por Julian Santiesteban / La gira presidencial por Quintana Roo, del presidente Andrés Manuel López Obrador, deberá atender muchos pendientes, pero el tema que resultará ineludible, dada la cercanía del inicio del proceso electoral más grande de la historia del país y las protestas de sus detractores, a los que ya pidió calma el mandatario este fin de semana, le darán un toque particularmente político a los recorridos por el país que el presidente reiniciará desde este lunes. 67 ciudades de todo el país fueron sede de protestas inusitadamente nutridas, considerando la popularidad que las encuestas muestran que mantiene el mandatario –aun cuando se ha reducido considerablemente desde el inicio de su gobierno-, pero sobre todo porque la movilidad de prácticamente todo el país, se supone, aún está restringida, lo cual no fue impedimento para las caravanas vehiculares, criticadas por tener entre sus participantes vehículos de lujo, pero absolutamente legítimas si se considera que en las democracias se vale disentir y construir proyectos diferentes. Este lunes, México comienza su gradual regreso a la “nueva normalidad”, con eso como contexto, el presidente López Obrador decidió iniciar en la Península de Yucatán sus giras presidenciales. Inaugurará los trabajos de cuatro tramos del Tren Maya y tendrá reuniones de seguridad con los gabinetes de Quintana Roo, Yucatán y Campeche; pero temas para preguntarle hay, además de la llegada de la Secretaría de Turismo y la creación de la zona libre en el sur quintanarroense –a lo que ya se refirió el escribiente en su colaboración anterior- está la plena descentralización de Petróleos Mexicanos (Pemex) a Ciudad del Carmen, Campeche; y la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) a Mérida, en Yucatán. Incluso, falta respuesta a los gobernadores de la región que se quejaron por la mala operación y cobros indebidos de la Comisión Federal de Electricidad (CFE). Sobran tópicos. Pero en la agenda privada, ha trascendido el abordaje del tema político y los perfiles que se preparan ya para las candidaturas de las elecciones en 2021. En ese año, en Quintana Roo estarán en juego cuatro diputaciones federales y once alcaldías; pero como en el 2022 se renovará la gubernatura, todos los grupos políticos han arrancado ya la descarnada competencia por los “banderines”, pues la lógica indica que, el grupo que obtenga más espacios en el ´21 tendrá mayores probabilidades de colocar a su candidato en el ´22. Aunque las candidaturas del 2022 no necesariamente se definirán así, pues el presidente ha dado visos de cercanía con algunos gobernadores –Carlos Joaquín González, de Quintana Roo, entre ellos- y con ello se abre la posibilidad de negociación; los “morenos” quieren cubrir todos los flancos posibles y por eso seguramente la gira por la península tendrá que ser controlada o los muchos deseosos de estar ahí abarrotarán los eventos, a riesgo de contagio del Covid-19. Luego entonces, ¿quiénes de los alcaldes y diputados locales asistirán a los eventos del presidente? ¿Asistirán por sus posibilidades político electorales o sólo por la naturaleza de su encargo? ¿Habrá reuniones privadas y promesas anticipadas? ¿Vendrán los legisladores federales que tienen los mismos objetivos? ¿Quién de ellos logrará subir a presídium? Por cierto, los halagos por el manejo de la pandemia se repartirán por docenas, eso no será noticioso, aunque sí será tema de los comunicados oficiales, porque alabar al de enfrente merece una respuesta similar, ahí no hay “nueva normalidad”, es la dinámica de los eventos políticos de siempre; en fin, que las giras se han retomado y con ello arranca la utilización de dichos foros con miras a las elecciones futuras, incluida la ratificación de mandato presidencial en 2022. COMENTARIO MORBOSO Este domingo, la XVI legislatura cerró periodo ordinario y, además de temas relacionados con la pandemia del Covid-19, estuvo presente también el de la seguridad. Primero, el Congreso analizará iniciativas para sesionar de manera virtual; para sancionar a quienes agredan al personal de salud y la reorientación de recursos por 40 millones de pesos para combatir la pandemia y además seguir emitiendo exhortos a instancias como la CFE para que no suspenda servicios; pero además, los diputados analizan la posibilidad de crear una ley de amnistía como la nacional y modificar diversas disposiciones del Código Penal para sancionar incluso la violencia política en contra de las mujeres. Pero llamó la atención la iniciativa presentada por la fracción parlamentaria del Partido del Trabajo (PT) que establece una residencia mínima de 5 años para ocupar cargos de titularidad en la Fiscalía General del Estado y la Secretaría de Seguridad Pública en Quintana Roo, lo que cumple con una promesa de campaña, pero sobre todo, revierte la modificación constitucional ex profeso que fuera aprobada por la legislatura anterior para legalizar los nombramientos de los actuales funcionarios Óscar Montes de Oca Rosales y Alberto Capella Ibarra. La modificación normativa no revierte dichos nombramientos, pero asegura que sean los únicos de ese tipo. Pertinente reforma. Por lo pronto, habrá que ver el destino que tiene la propuesta del PT, pues sus legisladores no están precisamente cercanos a la Cuarta Transformación Republicana, aunque fueron coaligados en el pasado proceso electoral; por cierto ¿qué opinará de este iniciativa el diputado presidente de la Comisión de Seguridad Pública en el Congreso, Luis Fernando Chávez Zepeda? Por último, ojalá que la iniciativa no se vaya directo a “la congeladora”, aunque seguramente será “bandera de campaña” en el próximo proceso electoral; así se observa desde aquí, A Tiro de Piedra. Nos leemos en la próxima.
