Mes: septiembre 2020

DIANA ALVARADO 30 SEPTIEMBRE 2020.-El Pleno del Tribunal Electoral de Quintana Roo (TEQROO) aprobó en Sesión Administrativa virtual, un Acuerdo General que privilegia las labores administrativas y jurisdiccionales de forma no presencial, del 1 al 31 de octubre de 2020, con la finalidad de prevenir cualquier contagio por el virus COVID-19, pero mantendrá activos los plazos y términos para la interposición y resolución de los medios de impugnación, así como los demás procedimientos establecidos en la Ley Estatal de Medios de Impugnación en Materia Electoral.

Las y el Magistrado que integran el Pleno, determinaron que esta decisión, de privilegiar las labores administrativas y jurisdiccionales de forma no presencial, podrá interrumpirse, modificarse o ampliarse, en atención a las determinaciones que tomen las autoridades sanitarias competentes en lo relativo a la epidemia.

El Acuerdo establece que el Tribunal atenderá y resolverá sus asuntos administrativos y jurisdiccionales, a través de sesiones a distancia o no presenciales, utilizando los medios electrónicos de comunicación remota a su alcance, como el correo electrónico, las videoconferencias, los chats por WhatsApp, o aplicaciones similares, que permitan la comunicación virtual, audiovisual o por texto.

También señala que “el correo electrónico seguirá siendo el mecanismo de comunicación oficial interno para la remisión de información de carácter administrativo, convocatorias, proyectos y demás documentos indispensables en el trámite, sustanciación y resolución de los asuntos de este Tribunal, ello, independientemente de que se complemente, para mayor agilidad y certeza de la comunicación, con otros medios electrónicos, como los mensajes de WhatsApp o llamadas telefónicas”.

El personal de las diferentes áreas del Tribunal, seguirá trabajando a distancia, en coordinación con sus respectivos titulares y con el apoyo de las herramientas electrónicas para el adecuado cumplimiento de sus funciones.
Asimismo, se mantendrá a disposición del público usuario, el correo [email protected] y se establecerán guardias con el personal de la Oficialía de Partes y la Secretaría General de Acuerdos, para cualquier acción o promoción que requiera de atención.

DIANA ALVARADO 30 SEPTIEMBRE 2020.- El trabajo en la Comisión de los Derechos Humanos del Estado de Quintana Roo no ha cesado durante la pandemia, pues a la fecha se ha impartido 481 capacitaciones, así como recibido 1169 quejas y brindado atenciones psicológicas y médicas como parte de investigaciones relativas a probables violaciones a derechos humanos.

Marco  Antonio Tóh Euán, presidente del organismo,  informó que este trabajo se ha acoplado a las medidas sanitarias para mitigar la propagación del virus SARS-CoV-2, atendiendo a las personas, ya sea mediante llamadas telefónicas o de manera virtual;  inclusive el proceso para las investigaciones por posibles violaciones a derechos humanos se ha modificado, realizando citatorios y tomando testimonios por videollamadas. Este modelo también ha sido incorporado en la Coordinación de Asuntos Penitenciarios, en el cual se ha entrevistado desde junio a alrededor de 50 personas privadas de su libertad en Cancún y Chetumal.

Sin embargo, aclaró que a las personas que han requerido atención urgente se les ha atendido en las oficinas o en el lugar que se necesite, como fue el caso reciente de la aplicación del Protocolo de Estambul a una persona, por parte de un equipo multidisciplinario del Centro de Atención a Víctimas de esta comisión que se trasladó a Cozumel, para investigar su queja.  

En asuntos relacionados con atención en las visitadurías, se dio a conocer que a la fecha se han interpuesto 1169 quejas en todo el Estado, principalmente por detención arbitraria con 148 menciones, trato cruel y/o degradante con 74 y violaciones a derechos de los niños con 31. Asimismo se han emitido 9 recomendaciones, 50 medidas cautelares para la protección inmediata de los derechos de las personas, 6 propuestas de conciliación y se han concluido 1027 investigaciones de expedientes de quejas.  

En materia de capacitación, en un principio se hizo una pausa en este servicio para cumplir con las observaciones de no aglomeración, por lo que el personal se ajustó a las nuevas plataformas. En este sentido se han brindado 481 actividades de capacitación incluyendo las realizadas durante la pandemia, atendiendo a 10,803 personas. Cabe destacar que en materia de formación especializada, la Maestría en Derechos Humanos se siguió brindando de manera virtual; de igual forma se han impartido tres diplomados (mismos que se encuentran en curso) y un seminario.  

DIANA ALVARADO 29 SEPTIEMBRE 2020.- Para proteger el patrimonio de los productores pecuarios, la XVI Legislatura del Estado de Quintana Roo aprobó reformas y adiciones a diversas disposiciones del Código Penal, para incrementar las penas corporales y multas a quien cometa el delito de abigeato, para sancionar a servidores públicos involucrados, y se incluyeron delitos en materia de apicultura.

En la sesión ordinaria número 9, presidida por el diputado Eduardo Martínez Arcila, las diputadas y diputados del Congreso de Quintana Roo avalaron la iniciativa promovida por la diputada Linda Cobos Castro, presidenta de la Comisión de Desarrollo Agropecuario, Rural y Pesquero, mediante la cual se incrementan penas corporales y multas, se establecen mayores responsabilidades a los servidores públicos que participen en el delito de abigeato y se adicionan nuevos supuestos legales con la finalidad de atender a la evolución del delito y evitar que quede impune.

De acuerdo con las consideraciones del dictamen, en Quintana Roo la actividad pecuaria destaca por la producción en canal de bovino cuyo valor alcanzó las 3 mil 733 toneladas, con un valor de producción de 291 millones de pesos aportando el 33.3 por ciento del porcentaje del valor total de la entidad en este rubro, de conformidad con datos de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural.

De ahí la necesidad de incrementar las penas para que, en el caso del robo de ganado, se aplique prisión de 2 a 4 años y de 30 a 100 días multa a quien robe de una a dos cabezas. Cuando se trate del robo de 3 a 5 cabezas, se aplicará prisión de 4 a 9 años y de 100 a 300 días multa. Y cuando el número de cabezas fuera mayor de seis, se aplicará prisión de 6 a 12 años y de 100 a 500 días multa.

Además, se sancionará con prisión de hasta una mitad más de la pena que corresponda, al servidor público que incurra en alguna de las conductas señaladas, se le compruebe que intervino o participó en las operaciones para la comisión del delito de abigeato, sino tomó las medidas a las que esté obligado, así como con la destitución e inhabilitación del cargo que ostente al momento de cometer el ilícito.

En las reformas también se establecieron delitos en materia de apicultura, para sancionar la conducta derivada del uso y aplicación de plaguicidas y herbicidas que generen perjuicio al patrimonio del productor.

De igual forma, a quien se apodere de una o más colmenas que contengan una colonia de abejas con panales, miel o material apícola, sin consentimiento de la persona que pueda disponer de ellas, se le impondrá de 2 a 8 años de prisión y de 20 a 100 días multa

En la misma sesión, la XVI Legislatura decretó el día 5 de septiembre de cada año “Día Estatal de la Mujer Indígena”, como parte de las acciones legislativas necesarias que beneficien y coadyuven en el pleno desarrollo de las comunidades y pueblos indígenas, y en especial en el desarrollo y respeto de los derechos humanos de la mujer indígena.

Con esta declaratoria, y en el marco de la conmemoración del “Día Estatal de la Mujer Indígena”; los poderes estatales, los órganos constitucionalmente autónomos y los ayuntamientos de la entidad, llevarán a cabo acciones enfocadas a visibilizar y concientizar sobre las condiciones jurídicas, económicas y/o sociales en las que se encuentran las mujeres indígenas en el Estado.

Por otra parte, el Congreso del Estado, a propuesta del diputado Luis Fernando Chávez Zepeda, presidente de la Comisión de Seguridad Pública y Protección Civil; aprobó un exhorto a la Directora General del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Quintana Roo DIF, para que, en el ámbito de sus atribuciones, condone las deudas a los beneficiarios de los CENDIS en el Estado, correspondientes a los meses de abril, mayo, junio y julio y no condicionar de ninguna manera la inscripción para los mismos.

 

ENVÍAN A COMISIONES INICIATIVAS LEÍDAS EN LA SESIÓN

 

En la sesión ordinaria, el Pleno del Congreso del Estado dio lectura a una iniciativa ciudadana que propone expedir la Ley de Fomento Audiovisual y Beneficio Fiscal, que crea la Comisión Fílmica del Estado de Quintana Roo; presentada por Salvador Ricardo Quiroz Prieto y José Jaime Herrera Cortés.

A través de esta Comisión, los ciudadanos impulsores de esta iniciativa, buscan promover las regiones y poblaciones de Quintana Roo como escenarios para producciones cinematográficas, comerciales, documentales o televisivas, así como alentar el desarrollo de proyectos fílmicos en la entidad.

De igual forma, se leyó una iniciativa ciudadana que propone reformar la fracción I del artículo 136 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo; presentada por Marco Antonio Góngora Jiménez, la cual busca modificar los requisitos que exige la Constitución local para que un ciudadano pueda ser miembro de un ayuntamiento, estableciendo una residencia de 5 años en la entidad y una vecindad efectiva de más de seis meses anteriores al inicio del proceso electoral en el municipio.

En tanto, fue turnada a comisiones una iniciativa para reformar el artículo 32 de la Constitución local; presentada por el diputado Roberto Erales Jiménez, presidente de la Comisión de Puntos Legislativos y Técnica Parlamentaria.

El objetivo de la reforma es establecer la prohibición de condicionar la prestación de los servicios educativos a cargo del Estado, entre las que se incluyen la inscripción, la aplicación de exámenes, la permanencia o la entrega de documentos, al pago o la entrega de aportaciones, cuotas, donaciones, dádivas o cualquier otro tipo de contraprestación en numerario, bienes o servicios.

Por su parte, el Pleno legislativo dio lectura a una iniciativa para reformar la Ley Orgánica del Poder Legislativo, así como el Reglamento para el Gobierno Interior de la Legislatura y el Reglamento de Comisiones del Poder Legislativo; presentada por la diputada Tepy Gutiérrez Valasis, presidenta de la Comisión Anticorrupción, Participación Ciudadana y Órganos Autónomos.

En ella, la legisladora propone establecer mecanismos en el marco jurídico que garanticen que las iniciativas y puntos de acuerdo sean dictaminadas, o bien desechadas una vez concluido su análisis y discusión en las comisiones en los tiempos previstos por ley evitando que sean “archivadas” para posteriormente dejarlas sin materia, a través de la figura de excitativa, donde la Mesa Directiva podrá solicitar se agilice la entrega del dictamen a la comisión o comisiones que corresponda.

En la sesión también se dio lectura a la proposición con punto de acuerdo, presentado por la diputada Roxana Lilí Campos Miranda, presidenta de la Comisión de Justicia, donde solicita la creación de la Comisión Transitoria de Investigación que se encargará de investigar y aclarar el uso y aplicación de los recursos erogados por el Ayuntamiento de Solidaridad, en la obra que actualmente se encuentra en proceso relativa a la remodelación de la quinta Avenida en Playa del Carmen.