A Tiro de Piedra
Por Julian Santiesteban
El dato debiera ser escandaloso, pero a cinco años de la actual administración estatal, no es ya de sorprender la extracción de millones de recursos públicos en contratos por adjudicación directa o las millonarias “asesorías” pagadas; pero deshacerse del parque vehicular propio para rentar otros a razón de dos millones de pesos mensuales desde 2017, parece incluso un contrasentido administrativo, con magníficas ganancias para una arrendadora del Estado de México, que permitió además un “gustito” a los funcionarios quintanarroenses, al entregar una decena de motocicletas Harley Davidson sin utilidad pública comprobada.
Más 78 millones de pesos fueron los primeros que el gobierno quintanarroense pagó a Lumo Financiera del Centro S.A. de C.V. SOFOM E.N.R.; propiedad de Luis Humberto Montaño García, político identificado como cercano al grupo del ex presidente Enrique Peña Nieto, (fue incluso su vice coordinador de campaña, cuando buscó y ganó la gubernatura del Estado de México); por el arrendamiento de 132 motocicletas, 63 vehículos utilitarios y 28 vehículos para funcionarios; entre las primeras se cuentan 131 Suzuki Huracán, 1 Suzuki Gixxer y 8 Harley Street XG750; y en los últimos se cuentan 10 suburban premier 4×4 y LT piel; 5 Traverse LT piel; 9 Equinox LT; 1 Tahoe Premier piel, 13 Explorer Limited; ahí nomás los lujitos del “cambio.”
Cabe decir que, para cuando se firmó el primero de los contratos, cuya vigencia fue por 36 meses, apenas comenzaba la administración de Carlos Joaquín González, quien tomó protesta el 25 de septiembre de 2016; es decir, a un año de iniciado su sexenio, cuando los discursos por los excesos cometidos por los gobiernos de Félix González Canto y Roberto Borge Angulo aun incendiaban el ánimo vengador de los quintanarroenses, aun se señalaba el exceso de camionetas de lujo, de viajes, de recursos erogados en vuelos privados, ¡vaya! Para entonces, los juicios en contra de los “saqueadores de las arcas públicas” aún estaban a todo vapor; mientras en el silencio absoluto, los recursos comenzaban a entregarse a los mismos de siempre.
Por cierto, la empresa Lumo tiene una filial denominada Integradora de Apoyo Municipal S.A de C.V, de largo historial en todo el país en renta de vehículos. En Quintana Roo, en el año 2016, surgió un escándalo en lo local, cuando se señaló al ex presidente municipal de Othón P. Blanco, Eduardo Espinosa Abuxapqui, de entregar un contrato a dicha filial por varias decenas de unidades móviles y renta de contenedores de residuos sólidos, pero además, en años subsecuentes, la señalada empresa ha obtenido contratos desde Benito Juárez a Othón P. Blanco, lo que no hace menos lesiva la dinámica impuesta por el estado, pues al final del pago de los 78 millones 442, 576.83, que fue en 2020, las unidades debieron regresarse y, según ha trascendido (de esto aún el escribiente no tiene evidencia documental), se firmó un nuevo contrato, por un monto similar, pero con una duración menor, de poco más de dos años, hasta el final de la actual administración.
Si lo anterior es así, el gobierno de Carlos Joaquín González habrá pagado unos 157 millones de pesos sólo en renta de vehículos; pero lo peor no está ahí; pues existen otras empresas que han rentado al gobierno de Quintana Roo vehículos, como los 250 millones erogados para renta de 150 patrullas a la empresa Lease and Fleet Solutions desde 2018 (los contratos con esa empresa en específico entre la administración de Joaquín González y algunos municipios quintanarroenses será motivo de otra colaboración); es decir, la renta de vehículos, aunque al final del proceso la entidad se quede sin ellos, se ha convertido en el gran negocio local, tanto para el gobierno estatal como los ayuntamientos. Baste decir, por ejemplo, que Lumo Financiera del Centro, a menos de 3 meses de que la alcaldesa Mara Lezama Espinosa tomara protesta, entregó en arrendamiento las primeras 76 patrullas… a propósito de periodo electoral.
Ahora que el primer contrato con Lumo Financiera del Centro concluyó, la identificación en físico de las unidades es difícil de realizar, pero además, baste ver cualquier evento público para notar que las camionetas de los funcionarios de primer nivel han sido renovadas, como el alta en el Padrón de Proveedores también también ha sido renovada por parte de la empresa de Montaño García este 2021. En la investigación realizada por el escribiente para Despierta Quintana Roo Multimedios, destacan por cierto, más de una decena de vehículos compactos, cuyos números de serie aparecen en el listado y que se están contrastando con imágenes de unidades que aparecen en campañas electorales en municipios como Solidaridad, José María Morelos y Othón P. Blanco (pero esa será también materia de otra entrega).
Así, lo anterior es tan sólo un esbozo de los contratos otorgados y los grupos beneficiados, como se observa, no hay diferencia entre los gobiernos de antes y los de ahora; entre los del PRI o PAN, PRD y Morena. Lo mismo en Durango, que en el Estado de México, Puebla o Quintana Roo. Lo mismo de dan “gustitos” con motocicletas Harley que con Suburban de piel. Se viaja de lujo con los recursos públicos. Para la comodidad y negocio de los funcionarios públicos, no se practica la “honrosa medianía”, siempre hay que ir por el mayor de los lujos, para eso es el poder.
COMENTARIO MORBOSO
A poco más de medio año de que inicie el proceso electoral que será la sucesión de Carlos Joaquín González al frente del gobierno de Quintana Roo, un pernicioso rumor ha comenzado a hacerse cada vez más grande, en el sentido de que, para el inicio del siguiente periodo ordinario de la XVI Legislatura, la fracción parlamentaria del Partido Acción Nacional (PAN), junto con la de la Revolución Democrática (PRD) y ahora con el apoyo de legisladores como Ana Pamplona, Reyna Durán Ovando y Hernán Villatoro Barrios, pudieran retomar la iniciativa de este último, para que la próxima gubernatura dure dos años.
El argumento es ajustar la elección local al calendario federal. Villatoro Barrios presentó dicha iniciativa en noviembre de 2020, junto con Ana Pamplona, lo que despertó un alud de críticas porque lo consideraron una traición del legislador a la 4T, pues se infiere desde ahora que el siguiente mandatario o mandataria, pudiera ser de alguno de los partidos alineados al proyecto del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador. Y aunque la siguiente administración ya está “alineada”, pues durará tan sólo cinco años y seis meses, para ajustarse al calendario electoral del 2027, en un “golpe” político se pretendería no alargar más el periodo, con el argumento de elegir nueva autoridad estatal cuando la administración federal de López Obrador concluya. ¿Cuántos legisladores apoyarán esa jugada? ¿Y los “maribelistas” apoyarán el golpe político? ¿Será finalmente el amague “moneda de cambio” para con el siguiente gobernador/a desde ahora? Qué calladito se lo tenían; así se observa desde aquí, A Tiro de Piedra. Nos leemos en la próxima.
