DIANA ALVARADO 29 JULIO 2021.- Por decreto presidencial serán excarceladas víctimas de tortura, personas acusadas por delitos del ámbito federal, anunció hoy el presidente Andrés Manuel López Obrador.
Igualmente serán beneficiados internos acusados de de delitos no graves – del fuero federal- mayores de 75 años de edad, que tras 10 años en prision no hayan sido sentenciados.
Asimismo saldrán de prisión adultos mayores de 65 años en situación de vulnerabilidad (enfermos) y aquellos que se compruebe que hayan sido torturados. En este último caso saldrían todos, sin importar el delito por el que se les acuse ni la edad.
“Los que hayan sido torturados y se pruebe, con el protocolo de Estambul que, en efecto, padecieron de tortura, van a ser liberados, de cualquier delito, de cualquier edad. O sea, cero tortura”, advirtió el Presidente López Obrador la mañana de este jueves ante la prensa.
El universo de eventuales beneficiados por todas las causas expuestas (sin sentencia, del fuero federal) es de 12 mil 358 individuos, aunque todavía no se sabe cuántos de ellos cumplirían con alguno de los supuestos referidos para obtener la libertad.
Por instrucción del Presidente, la Secretaría de Gobernación (SG) preparará de inmediato el decreto y se espera que la liberación se haga de manera expedita, a más tardar en septiembre.
El beneficio es para los acusados por delitos del fuero federal, aunque el Presidente López Obrador instó a las entidades federativas a hacer lo propio, y si el rezago en la materia es por falta de recursos “que se bajen el sueldo los arriba”.
En cuanto a la tortura, quien alegue estos malos tratos – y se compruebe a través del protocolo de Estambul- también se podría solicitar la excarcelación, informó al inicio de la conferencia de prensa la titular de la SG, Olga Sánchez Cordero.
El Presidente ha instruido que en este gobierno no se puede permitir ningún acto de tortura y menos para obtener una confesión, dijo.
En México, informó Sánchez Cordero, 43 por ciento de la población penitenciaria no ha recibido sentencia.
La mayoría de quienes están en esta situación son personas acusadas de delitos del fuero común, en penales estatales.
De una población total privada de su libertad de 220 mil 114 personas, 125 mil 567 ya tienen una sentencia y 95 mil 547 aún no la reciben; de este último grupo, 87 mil 189 son del fuero común (cuyo proceso está a cargo de autoridades de los estados).
El Presidente dijo que con la Cuarta Transformación la SG tiene un nuevo rol.
“Ya no es la secretaría de la represion y el autoritarismo sino de la protección de los derechos humanos y la procuración de justicia”.
Para los jóvenes, dijo el mandatario, se debe decirles que la SG jugó un papel por muchas décadas de la secretaría del castigo, la depresión, del control, de la guerra sucia. Eso se terminó.
“Lo segundo, es aclarar, para que no haya duda: son cuatro decisiones que se van a establecer en un decreto presidencial: primero, que no sentenciados del fuero federal con más de 10 años sin sentencia , que no hayan cometido delitos graves van a ser liberados.
“Lo repito, internos en las cárceles federales que en 10 años no hayan sentenciados y estén en la cárcel por delitos no graves, van a ser liberados”.
Dos, adultos mayores de 75 años que estén en las cárceles, también del fuero federal, que no haya cometido delitos graves, delitos de sangre, van a ser liberados.
Adultos mayores de 65 años con enfermedades crónicas que estén en la cárcel y que no hayan cometidos delitos graves van a ser liberados.
En todos los casos se seguirá un proceso simplificado.
Se pedirá a la secretaría de Salud que haga los diagnósticos.
El plazo de liberación no va a hacer mayor al 15 de septiembre.
“Y cuatro, todo interno en cárceles federales que haya sido torturado y se compruebe mediante el protocolo de Estambul va a ser liberado. No queremos la tortura en México, nadie merece ser torturado, nadie”.
La SG elaborará el decreto la semana próxima para publicarlo, precisó.
Es importante que se tome en cuenta que hay muchos detenidos que no tienen sentencia y que no solo es fuero federal, también es fuero común y es la mayoría.
“Ojalá y las autoridades estatales tomen cartas en este asunto”, subrayó.
“Del fuero común, 82 mil 189, y del federal 12 mil 358, la justicia como lo establecen los ordenamientos legales debe ser rápida, expedita, cómo va a estar una persona detenida por más de 10 años sin sentencia?”, planteó el mandatario.
Esto lo tiene que atender el Poder Judicial, tanto en los estados, como el Poder Judicial de la Federación, los Tribunales Superiores de Justicia en los Estados y el Poder Judicial Federal.
“Que les falta personal, faltan recursos, bájense el sueldo los de arriba, ahorren. Que es muy piramidal su funcionamiento de los poderes, los de mero arriba vivimos muy bien, austeridad republicana, pero no sólo es falta de recursos, de personal, es ineficiencia, burocratismo, corrupción, y desatención al que no tiene para pagar un abogado.
“Que hay mucha gente que no tiene defensa, porque las defensorías de oficio no están bien integradas, ni en los estados ni en lo que tiene que ver con el Poder Judicial Federal, que deberían de tener equipos muy buenos de abogados para defender a la gente humilde y que ya no sólo llegue a la cárcel el que no tiene con qué comprar su inocencia”, señaló el Presidente López Obrador.
DIANA ALVARADO 29 JULIO 2021.- La Dirección de Ecología Municipal realizó una jornada más de saneamiento en un cenote ubicado en la Supermanzana 510.
Esta actividad cuenta con la participación de voluntarios de asociaciones como “PARLEY For The Oceans”, “Centinelas del Agua A.C.”, voluntarios de Aguakán, entre otras, quienes se encargan de limpiar y remover desechos como plástico, unicel, botellas de PET y electrodomésticos.
El Programa de Saneamiento e Integración Social de Humedales de Agua Dulce de la ciudad de Cancún se lleva a cabo una vez al mes para respetar las medidas sanitarias marcadas en los diferentes colores del Semáforo Epidemiológico Estatal que se actualiza cada semana.
El pasado 12 de junio el gobierno municipal entregó un certificado de adopción de un cenote urbano a la asociación Flota Naútica Cancún Ocean and Sand, con lo que se promueve este ejercicio que busca conectar a la comunidad para asumir la responsabilidad de proteger los cuerpos de agua.
Cabe señalar que en las diversas acciones de limpieza de cenotes se realiza también un estudio de la calidad de agua, en coordinación con asociaciones e instituciones de investigación.
Los residuos recolectados de basura vegetal, ramas, troncos, etc., son llevados por elementos de servicios públicos municipales a la trituradora que se localiza en la Avenida Chac Mool para que no se mezclen con los residuos sólidos que son llevados al relleno sanitario.
Durante la actual administración se han realizado 37 jornadas de limpieza de cenotes urbanos.
DIANA ALVARADO 29 JULIO 2021.- La Dirección de Ecología Municipal realizó una jornada más de saneamiento en un cenote ubicado en la Supermanzana 510.
Esta actividad cuenta con la participación de voluntarios de asociaciones como “PARLEY For The Oceans”, “Centinelas del Agua A.C.”, voluntarios de Aguakán, entre otras, quienes se encargan de limpiar y remover desechos como plástico, unicel, botellas de PET y electrodomésticos.
El Programa de Saneamiento e Integración Social de Humedales de Agua Dulce de la ciudad de Cancún se lleva a cabo una vez al mes para respetar las medidas sanitarias marcadas en los diferentes colores del Semáforo Epidemiológico Estatal que se actualiza cada semana.
El pasado 12 de junio el gobierno municipal entregó un certificado de adopción de un cenote urbano a la asociación Flota Naútica Cancún Ocean and Sand, con lo que se promueve este ejercicio que busca conectar a la comunidad para asumir la responsabilidad de proteger los cuerpos de agua.
Cabe señalar que en las diversas acciones de limpieza de cenotes se realiza también un estudio de la calidad de agua, en coordinación con asociaciones e instituciones de investigación.
Los residuos recolectados de basura vegetal, ramas, troncos, etc., son llevados por elementos de servicios públicos municipales a la trituradora que se localiza en la Avenida Chac Mool para que no se mezclen con los residuos sólidos que son llevados al relleno sanitario.
Durante la actual administración se han realizado 37 jornadas de limpieza de cenotes urbanos.
DIANA ALVARADO 29 JULIO 2021.- El 1 de agosto se realizará la primera consulta popular en México, donde se le preguntará a la ciudadanía si está o no de acuerdo con la posibilidad de abrir procesos penales en contra de gobernantes del pasado.
Los impulsores del ejercicio tienen el reto reto de lograr una participación del 40% para que sea vinculante, y de esto se puede derivar la formación de una Comisión de la Verdad por parte de los poderes Ejecutivo y Legislativo. Estos indarán –si se alcanza el porcentaje– los delitos de los expresidentes desde 1988: Carlos Salinas de Gortari, Ernesto Zedillo Ponce de León, Vicente Fox Quezada, Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto.
Este ejercicio fue impulsado por el presidente Andrés Manuel López Obrador y organizado por el Instituto Nacional Electoral (INE).
Qué investigaciones podrían llevarse a cabo y de qué se les acusa. Esto es lo que ha señalado el presidente Andrés Manuel López Obrador, organizaciones y ciudadanos que demandan enjuiciar a los exmandatarios federales:
Carlos Salinas de Gortari (1988-1994)
El presidente Andrés Manuel López Obrador ha acusado a Salinas de Gortari de haber entregado durante su gobierno todos los bienes de la nación y del pueblo de México a sus allegados.
Además, el mandatario señala que el expresidente debe ser enjuiciado debido a que durante su administración la desigualdad en México se profundizó, pues –dijo– en su sexenio crecieron más las diferencias económicas y sociales entre ricos y pobres.
Los impulsores de la consulta también le han atribuido el fraude electoral de 1988: Salinas de Gortari fue declarado ganador, luego de que el sistema de conteo de votos se “cayó” durante horas.
Ernesto Zedillo (1994-2000)
Según López Obrador, el expresidente Zedillo debe ser juzgado “porque con el Fobaproa convirtió las deudas privadas de unos cuantos en deuda pública”.
Al expriista se le acusa de haber sido quien privatizó bienes nacionales como los Ferrocarriles, de aprobar la conversión de deudas privadas a públicas, las cuales ascendieron a un monto de 552,000 millones de pesos, en el marco del “rescate bancario” de 1998, llamado Fondo Bancario de Protección al Ahorro (Fobaproa).
Las personas que promueven la consulta señalan que Zedillo debe ser investigado por crímenes lesa humanidad y responder por la matanza de Acteal, donde 45 indígenas murieron en 1997.
El 7 de julio pasado, López Obrador también dijo que Zedillo podía ser investigado y enjuiciado por las masacres de Aguas Blancas, ocurrida el 28 de junio de 1995, donde 17 campesinos fueron asesinados y 14 resultaron heridos; así como por la matanza de El Charco, ocurrida el 7 de junio de 1998, cuando militares agredieron a un grupo de indígenas (11 personas fallecieron).
Vicente Fox (2000-2006)
López Obrador asevera que al primer presidente de oposición se le debe juzgar por haber intervenido en el proceso electoral del 2006.
El expresidente Vicente Fox también es acusado de desapariciones forzadas, tortura y ejecuciones extraoficiales, presuntamente cometidas en contra de miembros de la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO).
Felipe Calderón (2006-2012)
López Obrador ha considerado que Calderón debe ser llevado a juicio por su estrategia militar para combatir la inseguridad, que exacerbó la violencia y multiplicó las zonas del territorio nacional bajo control de las bandas delictiva.
Además, –agrega el presidente– porque no hizo nada frente a los señalamientos de su secretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, quien es acusado en Estados Unidos de ser cómplice de grupos dedicados al narcotráfico.
Quienes apoyan y promueven la consulta, demandan además que Calderón sea enjuiciado por crímenes de guerra y de lesa humanidad cometidos en su sexenio, por ser el principal responsable de la política pública de la “guerra” contra el narcotráfico.
En 2019, Calderón fue denunciado ante la Corte Penal Internacional (CPI) de La Haya por desapariciones forzadas, tortura y ejecuciones extraoficiales presuntamente cometidas en 2007.
Enrique Peña Nieto (2012-2018)
López Obrador ha propuesto enjuiciar a Peña Nieto por corrupción. De acuerdo con el presidente, en la campaña presidencial del político mexiquense se aportaron grandes cantidades de dinero de procedencia irregular, sin que –acusó– hubiera consecuencias legales o que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) anulara la elección.
El presidente insiste además en que las recientes denuncias del exdirector de Pemex Emilio Lozoya Austin también señalan que parte del dinero provino de sobornos anticipados de la empresa Odebrecht.
Organizaciones como el Comité de Víctimas por Justicia y Verdad 19 de junio, el Frente Popular Revolucionario (FPR) y el Movimiento de Unificación y Lucha Triqui (MULT) insisten en que Peña Nieto debe ser investigado por crímenes de lesa humanidad y corrupción sistematizada, como la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, las masacres en Atenco —derivado de un enfrentamiento entre pobladores y elementos de la Policía Federal en 2006—; Tlatlaya —22 civiles fueron ejecutados presuntamente por militares— y Tanhuato —42 civiles murieron durante un supuesto enfrentamiento entre elementos de la policía federal y presuntos integrantes del Cartel Jalisco Nueva Generación— .
¿Dónde votar y cuándo es la Consulta Popular?
La consulta se llevará a cabo el próximo domingo 1 de agosto. Las Mesas Receptoras de Opinión Ciudadana para la Consulta Popular estarán abiertas de las 8:00 a las 18:00 horas.
Las ubicaciones de estas mesas pueden ser consultadas en el siguiente sitio https://ubicatumesa.ine.mx .
DIANA ALVARADO 29 JULIO 2021.- Las decisiones del expresidente Felipe Calderón Hinojosa (2006-2012) podrían ser sometidas a un proceso de esclarecimiento al ser consideradas en la Consulta Popular del próximo 1 de agosto, mediante una pregunta que si bien no incluye su nombre, sí busca revisar las decisiones políticas tomadas en los años pasados para “garantizar la justicia y los derechos de las posibles víctimas”.
El Gobierno de Calderón Hinojosa ya ha enfrentado señalamientos ante instancias en el exterior del país. Hace casi una década, por ejemplo, se pidió a la Corte Penal Internacional de La Haya investigar a su administración por crímenes de guerra y lesa humanidad. A la par que en Estados Unidos, el principal artífice de su estrategia de seguridad, Genaro García Luna, es procesado por narcotráfico.
De hecho, si la Consulta Popular resulta vinculante podría dar pauta a la creación de comisiones de la verdad que revisen la responsabilidad de Calderón Hinojosa ante la violencia e inseguridad que dejó la declaratoria de guerra que hizo en diciembre de 2006 contra el crimen organizado y cuyas consecuencias son palpables a la fecha, según ha denunciado el actual Presidente Andrés Manuel López Obrador.
“Desde el inicio de su sexenio, Felipe Calderón Hinojosa embarcó al país en una estrategia militar supuestamente orientada a combatir el narcotráfico que exacerbó la violencia y multiplicó las zonas del territorio nacional bajo control de las bandas delictivas”, señala el documento que envió el Presidente Andrés Manuel López Obrador al Senado de la República donde solicita la consulta pública popular para llevar a juicio a los últimos cinco expresidentes de México.
El clima de inseguridad, que se disparó en el calderonismo, ha conllevado otros episodios y aspectos que han sido cuestionados: la militarización de la seguridad, las centenas de miles de víctimas que dejó la estrategia y combate frontal a organizaciones del crimen organizado, así como crímenes de lesa humanidad, que han sido denunciados por las víctimas y la sociedad civil.
“Yo creo que el principal problema que tuvimos con Felipe Calderón fue el inicio de la militarización, la guerra contra el crimen organizado, y el ser absolutamente omiso de las violaciones graves a derechos humanos”, señaló en entrevista con SinEmbargo el experto en materia de derechos humanos, Daniel Vázquez Valencia.
Pero no todo lo sucedido en su Gobierno se limita a la inseguridad, también hay acusaciones por presuntos actos de corrupción en torno a la Estela de Luz, así como la “privatización” de las cárceles y —recientemente expuesto— el espionaje iniciado en su gestión en contra de opositores, periodistas y defensores de derechos humanos.
El Instituto Nacional Electoral (INE) y el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Santiago Nieto, han pedido no crear “falsas expectativas” de la Consulta Popular, puesto que la pregunta está relacionada con “esclarecer las decisiones políticas del pasado” y no directamente para enjuiciar a los expresidentes del país.
Sin embargo, Nieto Castillo expuso que el ejercicio democrático sí podría dar paso a la creación de comisiones de la verdad que esclarezcan los alcances de las responsabilidades imputables a los exmandatarios que antecedieron a López Obrador.
Daniel Vázquez Valencia, quien es doctor en Ciencias Sociales e investigador de la Universidad Autónoma de México (UNAM), explicó que para que haya responsabilidad penal contra Felipe Calderón se necesitaría que existiera mucha claridad en la presunta comisión de delitos en lo que hubiera incurrido de forma directa.
“No es que yo diga que Calderón no haya cometido ningún delito, a lo que me refiero es que no termina de quedar claro —y no sé puede comprobar— que existan un conjunto de delitos que sean imputables de forma individual al presidente”, detalló.
El catedrático consideró que incluso una Comisión de la Verdad sería más útil que hacer solamente un proceso de investigación penal al exmandatario, porque una Comisión podría lograr que se identifiquen los patrones de las graves violaciones a derechos humanos —como desaparición forzada, ejecuciones extrajudiciales y tortura— e incluso podría ayudar a clarificar el papel que jugó el expresidente —ya sea por acción o por omisión— y la estructura política en general.
“Los expresidentes se podrían salvar del juicio penal porque los elementos técnicos de la conformación de la responsabilidad penal son muy complicados, pero no te puede salvar del juicio político de una Comisión de la Verdad […] Es mejor una Comisión que analice todos los patrones de criminalidad”, dijo.
No obstante, el experto alertó que incluso una Comisión de la Verdad podría ser insuficiente si no viene acompañada de otros instrumentos, como un mecanismo internacional contra la impunidad (semejante al de Guatemala) y de procesos de desmantelamiento de las redes de criminalidad.
“Tenemos que pensar en todos los elementos integrales porque una sola Comisión Nacional de la Verdad, pues a lo mejor nos va a dar más información y va dotar de verdad a las víctimas, pero no va a cambiar el resto. Si la Comisión de la Verdad no viene con un desmantelamiento de redes de criminalidad, desmovilización, desarme, reinserción social y un mecanismo internacional contra la impunidad, pues vamos a seguir con miles de asesinatos al año y desaparecidos”, advirtió.
La gestión de Felipe Calderón estuvo marcada por la crítica desde el inicio, pues el panista llegó a la Presidencia de México literalmente por la puerta trasera, ya que el 1 de diciembre de 2006 rindió protesta tan sólo por cinco minutos. La sesión se realizó en la Cámara de Diputados, a la cual entró por la puerta de atrás, y se desarrolló en medio de gritos de rechazo de los legisladores del PRD que tomaron la tribuna para intentar impedir la ceremonia, mientras los legisladores de derecha apoyaban al futuro mandatario.
GUERRA CONTRA EL NARCO
A 10 días del arranque de su sexenio, el 11 de diciembre de 2006, Calderón Hinojosa emprendió desde su tierra natal la lucha frontal contra el crimen organizado al arrancar la “Operación Conjunta Michoacán”, un megaoperativo en el que los militares tomaron las calles y las carreteras de la entidad. Así dio inicio a su estrategia de “militarización”, que duró toda su gestión y se extendió hasta el sexenio del priista Enrique Peña Nieto.
“Como consecuencia de la inercia de estas estrategias, México ha acumulado cifras alarmantes de personas muertas, torturadas, desaparecidas y desplazadas, y como resultado de la violencia generalizada se ha desencadenado corrupción y la impunidad”, destacó la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los derechos Humanos (CMDPDH) en su informe “Violaciones graves a derechos humanos en la guerra contra las drogas en México”.
De acuerdo con un informe de la ONU, realizado en junio de 2014 y presentado por el Relator Especial de la ONU sobre ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias, Christof Heyns, durante la administración de Felipe Calderón se registraron 102 mil 696 homicidios dolosos, de los cuales 70 mil fueron relacionados con la guerra contra el narcotráfico, no obstante, en ese entonces Heyns aclaró que debido a la falta de investigaciones claras es imposible tener certeza de cuáles fueron ocasionados por las organizaciones del crimen organizado y cuáles por elementos de seguridad del Estado.
VIOLACIONES A DDHH
Para organizaciones de la sociedad civil, las violaciones a los derechos humanos se dispararon con el incremento de militares en labores de seguridad cuando el expresidente Felipe Calderón Hinojosa lanzó la llamada guerra contra el narcotráfico.
El estudio Violaciones de Derechos Humanos en la Guerra contra el narcotráfico destaca que la magnitud de la intervención del Ejército en operaciones que corresponden a la policía fue tal que del 2006 al 2012 se registraron 50 mil 915 civiles detenidos por militares; además de 6 mil 254 personas detenidas por la Secretaría de Marina (Semar) del 2006 al 2014.
En el informe “Sombra sobre el Sexto Examen de México ante el Comité de Derechos Humanos”, también de la CMDPDH, resaltó que la milicia es la autoridad más señalada de cometer graves violaciones a los derechos humanos.
La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) emitió del 2006 al 2014, al menos 56 recomendaciones en relación con la privación del derecho a la vida, que involucraron a 187 víctimas; 31 estaban dirigidas a la Secretaría de Defensa Nacional y seis a la Secretaría de Marina. Así pues, tres de cada cuatro recomendaciones del organismo relativas al derecho a la vida, en ese periodo, fueron dirigidas a las fuerzas armadas.
ESPIONAJE
Comprar equipo para espionaje es otro de los señalamientos en contra de Felipe Calderón que recientemente se ha dado a conocer con más detalles. El expresidente hace poco criticó el espionaje mediante el programa Pegasus al señalar que es una violación a los derechos de libertad y privacidad, sin embargo su Gobierno fue el primero en el mundo en contratar este software espía, el cual fue adquirido por la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) en 2011, de acuerdo con la revista Proceso.
El trabajo del periodista Mathieu Tourliere arroja que durante su mandato tuvo como brazo derecho a su Secretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, quien no sólo armó un complejo sistema de espionaje, sino que también fue un actor de la industria de las tecnologías de vigilancia de origen israelí, junto con su socio Mauricio Samuel Weinberg.
“Poco tiempo después de ingresar los números de los más cercanos a Calderón, la agencia de Gobierno seleccionó en reiteradas ocasiones el número de celular de Anaya, quien en 2017 lo denunció públicamente, en un reportaje de The New York Times publicado una semana y media después del informe ‘Gobierno Espía’, que revelaba cómo el Gobierno de Peña Nieto había usado Pegasus para atacar los celulares de periodistas y defensores de derechos humanos”, agregó el periodista.
LAS MASACRES
Entre los capítulos negros en la historia reciente de México se encuentra la conocida masacre de Allende, donde el cártel de Los Zetas asesinó a personas en este municipio de Coahuila, el fin de semana del 18 al 20 de marzo de 2011, por un supuesto ajuste de cuentas y con la ayuda de la policía municipal. A las víctimas las “levantaron”, las llevaron a dos ranchos distintos donde las asesinaron, para luego desaparecerlas calcinadas y derretidas en ácido.
El expediente de la entonces Procuraduría General de Justicia del Estado de Coahuila (PGJEC) sólo consignó el asesinato de 26 personas —20 de ellas de una misma familia— y no 300 como afirman activistas como Raúl Vera López, Obispo de Saltillo. se presume que “pudieron ser más”, reveló el informe En el Desamparo: Los Zetas, el Estado, la sociedad y las víctimas de San Fernando, Tamaulipas (2010), y Allende, Coahuila (2011), elaborado por El Colegio de México.
La Comisión Nacional de Derechos Humanos reconoce a 49 víctimas, la Fiscalía estatal a 29, pero ante la falta de denuncias o reclamaciones de cuerpos, a nueve años de lo ocurrido se desconoce a ciencia cierta cuántas personas fueron desaparecidas.
El 19 de marzo de 2018, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) reveló que elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional, de acuerdo con el testimonio de testigos, pudieron estar presentes durante la masacre y ordenó investigar esa línea.
De hecho, el 54.3 por ciento de las 10 mil 534 quejas por tortura y tratos crueles, inhumanos o degradantes presentadas ante esta instancia entre los años 2006 y 2018 fueron atribuibles a las Fuerzas Armadas. Además, datos de la Fiscalía Especial en Investigación del Delito de Tortura de la Fiscalía General de la República (FGR) revelaron que el 70 por ciento de los expedientes en trámite son acusaciones en contra de elementos castrenses.
CRÍMENES DE LESA HUMANIDAD
El próximo 20 de noviembre se cumplirán 10 años de que se enviaron comunicaciones a la Corte Penal Internacional para pedir que este organismo juzgue al expresidente Felipe Calderón por crímenes de lesa humanidad frente a miles de muertes, desapariciones, ejecuciones extrajudiciales y graves violaciones a derechos humanos derivados por la guerra contra el narco.
La Corte Penal Internacional es un tribunal con sede en La Haya, Holanda, con competencia para juzgar a los individuos presuntamente responsables de haber cometido los crímenes más graves contra la humanidad, como genocidio y crímenes de guerra.
La petición, que fue respaldada por más de 20 mil firmas, incluye también a los secretarios de Seguridad Pública, Genaro García Luna; de Defensa Nacional, Guillermo Galván Galván y el de Marina, Mariano Francisco Saynez Mendoza, así como el narcotraficante Joaquín “El Chapo” Guzmán, entre otros.
CRIMINALIZACIÓN DE VÍCTIMAS
“No, no, señor Presidente. Yo no le puedo decir bienvenido porque para mí no lo es, para nadie lo es. […] Yo no puedo darle la mano y decirle bienvenido porque para mí no lo es”, fueron las duras palabras que María de la Luz Dávila —madre de dos jóvenes masacrados en el fraccionamiento Villas de Salvarcar en Ciudad Juárez el 31 de enero de 2010— espetó en la cara a Felipe Calderón en un evento realizado en esta ciudad fronteriza, el 11 de febrero de 2010, luego que el exmandatario había adjudicado el crimen a una disputa entre pandillas.
La criminalización que sufrieron víctimas en el sexenio de Calderón, a quienes el exmandatario solía llamar “daños colaterales”, fue parte de una práctica recurrente del entonces Gobierno mexicano, en el que a menudo las víctimas fueron implicadas de manera premeditada con grupos delictivos.
PRIVATIZACIÓN DE PENALES
En México, hay al menos 10 prisiones con inversión privada. El proceso de “privatización”, realizado en el año 2010, recayó en el entonces Secretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, quien actualmente está detenido en Estados Unidos por conspirar para delinquir y aceptar sobornos del Cártel de Sinaloa.
En ese año, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) aprobó un presupuesto neto de 199 mil 476 millones 600 mil pesos a pagar —en un periodo de 20 años— a seis empresas (Arendal, GIA, Homex, ICA, Prodemex y Tradeco) a las que se sumaría Grupo Ideal de Carlos Slim Helú en 2013, tras la quiebra de Homex.
Se trató de proyectos de prestación de servicios que se firmaron por una duración de al menos dos décadas en donde el sector privado o la empresa se encargó del diseño, construcción, equipamiento, operación y mantenimiento de la infraestructura y requerimientos físicos, materiales y tecnológicos de estos centros penitenciarios que tienen una capacidad para al menos 2 mil 500 internos.
La Auditoría Superior de la Federación señaló en su momento que el monto aprobado por la SHCP implicó un sobrecosto injustificado de 41 mil 26 millones 400 mil pesos.
Sin embargo, el daño estaba hecho y los contratos fueron firmados y escondidos bajo llave con el argumento de ser objeto de seguridad pública, de modo que a partir de 2013 y hasta 2032, las empresas mencionadas tendrían derecho a cobrar, cada una, entre uno y 1.2 mil millones de pesos por año.
Los centros penitenciarios privados fueron creados como una panacea con la idea de mejorar el sistema penitenciario en México, pero no ha sido así.
Opacidad en los contratos de operación y el incumplimiento de modelos de reinserción eficaz, así como de garantizar la integridad física y moral de los internos, son parte de las quejas y denuncias que se organizaciones civiles y familiares de internos han hecho públicas.
El Presidente Andrés Manuel López Obrador ha criticado este esquema de privatización de cárceles.
ESTELA DE LUZ
La construcción de la Estela de Luz fue ordenada por el expresidente Felipe Calderón Hinojosa y fue muy cuestionada. En la Cuenta Pública 2011, la ASF halló pagos improcedentes por 248.9 millones de pesos en la compra de acero estructural. También encontró erogaciones presumiblemente ilegales por 150.3 millones de pesos, “como resultado de la incorrecta integración de precios y de diferencias en conceptos de obra”.
La obra costó más de mil millones de pesos. En su momento fue llamada también “Monumento a las Víctimas de la Guerra de Calderón”.
El pasado 12 de agosto, la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA) ratificó la responsabilidad resarcitoria que tienen dos responsables de la construcción del monumento Estela de Luz.
Las sanciones ratificadas por el tribunal son por la simulación de compra de acero para la construcción y señalan como responsables de irregularidades en la construcción a Andrés León Reguera, residente de obra, y a Juan Alberto Bravo Hernández, asesor técnico administrativo, quienes trabajaban para la paraestatal III Servicios, encargada de contratar a empresas privadas que realizaron la construcción.
DIANA ALVARADO 29 JULIO 2021.- Las decisiones del expresidente Felipe Calderón Hinojosa (2006-2012) podrían ser sometidas a un proceso de esclarecimiento al ser consideradas en la Consulta Popular del próximo 1 de agosto, mediante una pregunta que si bien no incluye su nombre, sí busca revisar las decisiones políticas tomadas en los años pasados para “garantizar la justicia y los derechos de las posibles víctimas”.
El Gobierno de Calderón Hinojosa ya ha enfrentado señalamientos ante instancias en el exterior del país. Hace casi una década, por ejemplo, se pidió a la Corte Penal Internacional de La Haya investigar a su administración por crímenes de guerra y lesa humanidad. A la par que en Estados Unidos, el principal artífice de su estrategia de seguridad, Genaro García Luna, es procesado por narcotráfico.
De hecho, si la Consulta Popular resulta vinculante podría dar pauta a la creación de comisiones de la verdad que revisen la responsabilidad de Calderón Hinojosa ante la violencia e inseguridad que dejó la declaratoria de guerra que hizo en diciembre de 2006 contra el crimen organizado y cuyas consecuencias son palpables a la fecha, según ha denunciado el actual Presidente Andrés Manuel López Obrador.
“Desde el inicio de su sexenio, Felipe Calderón Hinojosa embarcó al país en una estrategia militar supuestamente orientada a combatir el narcotráfico que exacerbó la violencia y multiplicó las zonas del territorio nacional bajo control de las bandas delictivas”, señala el documento que envió el Presidente Andrés Manuel López Obrador al Senado de la República donde solicita la consulta pública popular para llevar a juicio a los últimos cinco expresidentes de México.
El clima de inseguridad, que se disparó en el calderonismo, ha conllevado otros episodios y aspectos que han sido cuestionados: la militarización de la seguridad, las centenas de miles de víctimas que dejó la estrategia y combate frontal a organizaciones del crimen organizado, así como crímenes de lesa humanidad, que han sido denunciados por las víctimas y la sociedad civil.
“Yo creo que el principal problema que tuvimos con Felipe Calderón fue el inicio de la militarización, la guerra contra el crimen organizado, y el ser absolutamente omiso de las violaciones graves a derechos humanos”, señaló en entrevista con SinEmbargo el experto en materia de derechos humanos, Daniel Vázquez Valencia.
Pero no todo lo sucedido en su Gobierno se limita a la inseguridad, también hay acusaciones por presuntos actos de corrupción en torno a la Estela de Luz, así como la “privatización” de las cárceles y —recientemente expuesto— el espionaje iniciado en su gestión en contra de opositores, periodistas y defensores de derechos humanos.
El Instituto Nacional Electoral (INE) y el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Santiago Nieto, han pedido no crear “falsas expectativas” de la Consulta Popular, puesto que la pregunta está relacionada con “esclarecer las decisiones políticas del pasado” y no directamente para enjuiciar a los expresidentes del país.
Sin embargo, Nieto Castillo expuso que el ejercicio democrático sí podría dar paso a la creación de comisiones de la verdad que esclarezcan los alcances de las responsabilidades imputables a los exmandatarios que antecedieron a López Obrador.
Daniel Vázquez Valencia, quien es doctor en Ciencias Sociales e investigador de la Universidad Autónoma de México (UNAM), explicó que para que haya responsabilidad penal contra Felipe Calderón se necesitaría que existiera mucha claridad en la presunta comisión de delitos en lo que hubiera incurrido de forma directa.
“No es que yo diga que Calderón no haya cometido ningún delito, a lo que me refiero es que no termina de quedar claro —y no sé puede comprobar— que existan un conjunto de delitos que sean imputables de forma individual al presidente”, detalló.
El catedrático consideró que incluso una Comisión de la Verdad sería más útil que hacer solamente un proceso de investigación penal al exmandatario, porque una Comisión podría lograr que se identifiquen los patrones de las graves violaciones a derechos humanos —como desaparición forzada, ejecuciones extrajudiciales y tortura— e incluso podría ayudar a clarificar el papel que jugó el expresidente —ya sea por acción o por omisión— y la estructura política en general.
“Los expresidentes se podrían salvar del juicio penal porque los elementos técnicos de la conformación de la responsabilidad penal son muy complicados, pero no te puede salvar del juicio político de una Comisión de la Verdad […] Es mejor una Comisión que analice todos los patrones de criminalidad”, dijo.
No obstante, el experto alertó que incluso una Comisión de la Verdad podría ser insuficiente si no viene acompañada de otros instrumentos, como un mecanismo internacional contra la impunidad (semejante al de Guatemala) y de procesos de desmantelamiento de las redes de criminalidad.
“Tenemos que pensar en todos los elementos integrales porque una sola Comisión Nacional de la Verdad, pues a lo mejor nos va a dar más información y va dotar de verdad a las víctimas, pero no va a cambiar el resto. Si la Comisión de la Verdad no viene con un desmantelamiento de redes de criminalidad, desmovilización, desarme, reinserción social y un mecanismo internacional contra la impunidad, pues vamos a seguir con miles de asesinatos al año y desaparecidos”, advirtió.
La gestión de Felipe Calderón estuvo marcada por la crítica desde el inicio, pues el panista llegó a la Presidencia de México literalmente por la puerta trasera, ya que el 1 de diciembre de 2006 rindió protesta tan sólo por cinco minutos. La sesión se realizó en la Cámara de Diputados, a la cual entró por la puerta de atrás, y se desarrolló en medio de gritos de rechazo de los legisladores del PRD que tomaron la tribuna para intentar impedir la ceremonia, mientras los legisladores de derecha apoyaban al futuro mandatario.
GUERRA CONTRA EL NARCO
A 10 días del arranque de su sexenio, el 11 de diciembre de 2006, Calderón Hinojosa emprendió desde su tierra natal la lucha frontal contra el crimen organizado al arrancar la “Operación Conjunta Michoacán”, un megaoperativo en el que los militares tomaron las calles y las carreteras de la entidad. Así dio inicio a su estrategia de “militarización”, que duró toda su gestión y se extendió hasta el sexenio del priista Enrique Peña Nieto.
“Como consecuencia de la inercia de estas estrategias, México ha acumulado cifras alarmantes de personas muertas, torturadas, desaparecidas y desplazadas, y como resultado de la violencia generalizada se ha desencadenado corrupción y la impunidad”, destacó la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los derechos Humanos (CMDPDH) en su informe “Violaciones graves a derechos humanos en la guerra contra las drogas en México”.
De acuerdo con un informe de la ONU, realizado en junio de 2014 y presentado por el Relator Especial de la ONU sobre ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias, Christof Heyns, durante la administración de Felipe Calderón se registraron 102 mil 696 homicidios dolosos, de los cuales 70 mil fueron relacionados con la guerra contra el narcotráfico, no obstante, en ese entonces Heyns aclaró que debido a la falta de investigaciones claras es imposible tener certeza de cuáles fueron ocasionados por las organizaciones del crimen organizado y cuáles por elementos de seguridad del Estado.
VIOLACIONES A DDHH
Para organizaciones de la sociedad civil, las violaciones a los derechos humanos se dispararon con el incremento de militares en labores de seguridad cuando el expresidente Felipe Calderón Hinojosa lanzó la llamada guerra contra el narcotráfico.
El estudio Violaciones de Derechos Humanos en la Guerra contra el narcotráfico destaca que la magnitud de la intervención del Ejército en operaciones que corresponden a la policía fue tal que del 2006 al 2012 se registraron 50 mil 915 civiles detenidos por militares; además de 6 mil 254 personas detenidas por la Secretaría de Marina (Semar) del 2006 al 2014.
En el informe “Sombra sobre el Sexto Examen de México ante el Comité de Derechos Humanos”, también de la CMDPDH, resaltó que la milicia es la autoridad más señalada de cometer graves violaciones a los derechos humanos.
La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) emitió del 2006 al 2014, al menos 56 recomendaciones en relación con la privación del derecho a la vida, que involucraron a 187 víctimas; 31 estaban dirigidas a la Secretaría de Defensa Nacional y seis a la Secretaría de Marina. Así pues, tres de cada cuatro recomendaciones del organismo relativas al derecho a la vida, en ese periodo, fueron dirigidas a las fuerzas armadas.
ESPIONAJE
Comprar equipo para espionaje es otro de los señalamientos en contra de Felipe Calderón que recientemente se ha dado a conocer con más detalles. El expresidente hace poco criticó el espionaje mediante el programa Pegasus al señalar que es una violación a los derechos de libertad y privacidad, sin embargo su Gobierno fue el primero en el mundo en contratar este software espía, el cual fue adquirido por la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) en 2011, de acuerdo con la revista Proceso.
El trabajo del periodista Mathieu Tourliere arroja que durante su mandato tuvo como brazo derecho a su Secretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, quien no sólo armó un complejo sistema de espionaje, sino que también fue un actor de la industria de las tecnologías de vigilancia de origen israelí, junto con su socio Mauricio Samuel Weinberg.
“Poco tiempo después de ingresar los números de los más cercanos a Calderón, la agencia de Gobierno seleccionó en reiteradas ocasiones el número de celular de Anaya, quien en 2017 lo denunció públicamente, en un reportaje de The New York Times publicado una semana y media después del informe ‘Gobierno Espía’, que revelaba cómo el Gobierno de Peña Nieto había usado Pegasus para atacar los celulares de periodistas y defensores de derechos humanos”, agregó el periodista.
LAS MASACRES
Entre los capítulos negros en la historia reciente de México se encuentra la conocida masacre de Allende, donde el cártel de Los Zetas asesinó a personas en este municipio de Coahuila, el fin de semana del 18 al 20 de marzo de 2011, por un supuesto ajuste de cuentas y con la ayuda de la policía municipal. A las víctimas las “levantaron”, las llevaron a dos ranchos distintos donde las asesinaron, para luego desaparecerlas calcinadas y derretidas en ácido.
El expediente de la entonces Procuraduría General de Justicia del Estado de Coahuila (PGJEC) sólo consignó el asesinato de 26 personas —20 de ellas de una misma familia— y no 300 como afirman activistas como Raúl Vera López, Obispo de Saltillo. se presume que “pudieron ser más”, reveló el informe En el Desamparo: Los Zetas, el Estado, la sociedad y las víctimas de San Fernando, Tamaulipas (2010), y Allende, Coahuila (2011), elaborado por El Colegio de México.
La Comisión Nacional de Derechos Humanos reconoce a 49 víctimas, la Fiscalía estatal a 29, pero ante la falta de denuncias o reclamaciones de cuerpos, a nueve años de lo ocurrido se desconoce a ciencia cierta cuántas personas fueron desaparecidas.
El 19 de marzo de 2018, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) reveló que elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional, de acuerdo con el testimonio de testigos, pudieron estar presentes durante la masacre y ordenó investigar esa línea.
De hecho, el 54.3 por ciento de las 10 mil 534 quejas por tortura y tratos crueles, inhumanos o degradantes presentadas ante esta instancia entre los años 2006 y 2018 fueron atribuibles a las Fuerzas Armadas. Además, datos de la Fiscalía Especial en Investigación del Delito de Tortura de la Fiscalía General de la República (FGR) revelaron que el 70 por ciento de los expedientes en trámite son acusaciones en contra de elementos castrenses.
CRÍMENES DE LESA HUMANIDAD
El próximo 20 de noviembre se cumplirán 10 años de que se enviaron comunicaciones a la Corte Penal Internacional para pedir que este organismo juzgue al expresidente Felipe Calderón por crímenes de lesa humanidad frente a miles de muertes, desapariciones, ejecuciones extrajudiciales y graves violaciones a derechos humanos derivados por la guerra contra el narco.
La Corte Penal Internacional es un tribunal con sede en La Haya, Holanda, con competencia para juzgar a los individuos presuntamente responsables de haber cometido los crímenes más graves contra la humanidad, como genocidio y crímenes de guerra.
La petición, que fue respaldada por más de 20 mil firmas, incluye también a los secretarios de Seguridad Pública, Genaro García Luna; de Defensa Nacional, Guillermo Galván Galván y el de Marina, Mariano Francisco Saynez Mendoza, así como el narcotraficante Joaquín “El Chapo” Guzmán, entre otros.
CRIMINALIZACIÓN DE VÍCTIMAS
“No, no, señor Presidente. Yo no le puedo decir bienvenido porque para mí no lo es, para nadie lo es. […] Yo no puedo darle la mano y decirle bienvenido porque para mí no lo es”, fueron las duras palabras que María de la Luz Dávila —madre de dos jóvenes masacrados en el fraccionamiento Villas de Salvarcar en Ciudad Juárez el 31 de enero de 2010— espetó en la cara a Felipe Calderón en un evento realizado en esta ciudad fronteriza, el 11 de febrero de 2010, luego que el exmandatario había adjudicado el crimen a una disputa entre pandillas.
La criminalización que sufrieron víctimas en el sexenio de Calderón, a quienes el exmandatario solía llamar “daños colaterales”, fue parte de una práctica recurrente del entonces Gobierno mexicano, en el que a menudo las víctimas fueron implicadas de manera premeditada con grupos delictivos.
PRIVATIZACIÓN DE PENALES
En México, hay al menos 10 prisiones con inversión privada. El proceso de “privatización”, realizado en el año 2010, recayó en el entonces Secretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, quien actualmente está detenido en Estados Unidos por conspirar para delinquir y aceptar sobornos del Cártel de Sinaloa.
En ese año, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) aprobó un presupuesto neto de 199 mil 476 millones 600 mil pesos a pagar —en un periodo de 20 años— a seis empresas (Arendal, GIA, Homex, ICA, Prodemex y Tradeco) a las que se sumaría Grupo Ideal de Carlos Slim Helú en 2013, tras la quiebra de Homex.
Se trató de proyectos de prestación de servicios que se firmaron por una duración de al menos dos décadas en donde el sector privado o la empresa se encargó del diseño, construcción, equipamiento, operación y mantenimiento de la infraestructura y requerimientos físicos, materiales y tecnológicos de estos centros penitenciarios que tienen una capacidad para al menos 2 mil 500 internos.
La Auditoría Superior de la Federación señaló en su momento que el monto aprobado por la SHCP implicó un sobrecosto injustificado de 41 mil 26 millones 400 mil pesos.
Sin embargo, el daño estaba hecho y los contratos fueron firmados y escondidos bajo llave con el argumento de ser objeto de seguridad pública, de modo que a partir de 2013 y hasta 2032, las empresas mencionadas tendrían derecho a cobrar, cada una, entre uno y 1.2 mil millones de pesos por año.
Los centros penitenciarios privados fueron creados como una panacea con la idea de mejorar el sistema penitenciario en México, pero no ha sido así.
Opacidad en los contratos de operación y el incumplimiento de modelos de reinserción eficaz, así como de garantizar la integridad física y moral de los internos, son parte de las quejas y denuncias que se organizaciones civiles y familiares de internos han hecho públicas.
El Presidente Andrés Manuel López Obrador ha criticado este esquema de privatización de cárceles.
ESTELA DE LUZ
La construcción de la Estela de Luz fue ordenada por el expresidente Felipe Calderón Hinojosa y fue muy cuestionada. En la Cuenta Pública 2011, la ASF halló pagos improcedentes por 248.9 millones de pesos en la compra de acero estructural. También encontró erogaciones presumiblemente ilegales por 150.3 millones de pesos, “como resultado de la incorrecta integración de precios y de diferencias en conceptos de obra”.
La obra costó más de mil millones de pesos. En su momento fue llamada también “Monumento a las Víctimas de la Guerra de Calderón”.
El pasado 12 de agosto, la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA) ratificó la responsabilidad resarcitoria que tienen dos responsables de la construcción del monumento Estela de Luz.
Las sanciones ratificadas por el tribunal son por la simulación de compra de acero para la construcción y señalan como responsables de irregularidades en la construcción a Andrés León Reguera, residente de obra, y a Juan Alberto Bravo Hernández, asesor técnico administrativo, quienes trabajaban para la paraestatal III Servicios, encargada de contratar a empresas privadas que realizaron la construcción.
DIANA ALVARADO 29 JULIO 2021.- Entre 1996 y 1998, el entonces Presidente Ernesto Zedillo Ponce de León privatizó el sistema ferroviario mexicano, entregando concesiones por entre 20 y 50 años a empresas como:
Grupo Ferroviario Mexicano (Ferromex)
Grupo Acerero del Norte (Peñoles)
Medios de Comunicación y Transporte de Tijuana
Grupo Triturados Basálticos (Tribasa)
Además le entregó una concesión por mil 400 millones de dólares a Transportación Ferroviaria Mexicana (TFM), asociada con la estadounidense, Kansas City Southern Industries.
Cuando finalizó su sexenio, Zedillo Ponce de León participó en el Consejo de Administración de Union Pacific, miembro del Grupo Ferroviario Mexicano (GFM) conformado por Grupo México e Ingenieros Civiles Asociados (ICA), a quien le entregó una concesión en 1997 para operar el Ferrocarril Pacífico Norte.
En total, las líneas que se entregaron en concesión cubrieron 22 mil 130 kilómetros de vía, es decir, el 84 por ciento de la red ferroviaria y el 95 por ciento del sistema ferroviario nacional a finales de la década de los 90.
De acuerdo con información del Instituto Mexicano del Transporte (IMT), el personal empleado era de 15 mil 500 personas y se contaba con mil 220 locomotoras y 254 mil carros de carga.
Para 2017, la infraestructura ferroviaria en México era de 23 mil 366 kilómetros de vía en operación, según la Agencia Reguladora de Transporte Ferroviario (ARTF).
Al respecto, el Presidente Andrés Manuel López Obrador explicó:
“No se vio bien, no es ético. Zedillo promueve la privatización de los ferrocarriles y termina su mandato y se va a trabajar de asesor a una de las empresas que se beneficiaron con la privatización de los ferrocarriles nacionales”.
Recordó además que el primer ferrocarril se hizo en la época de la República Restaurada, iniciado por Benito Juárez, en una ruta que iba de la Ciudad de México a Veracruz, abarcando poco más de 600 kilómetros. Después, dijo, Porfirio Díaz hizo más de 20 mil kilómetros, comunicando a todo el país.
“Y llegaron estos tecnócratas, corruptos, irresponsables y, en un abrir y cerrar de ojos, acabaron con los ferrocarriles”, explicó.
La privatización ferroviaria
Los Ferrocarriles Nacionales de México fueron creados por Porfirio Díaz en 1907 y sirvieron durante la Revolución para trasladar tropas. Éstos fueron nacionalizados por Lázaro Cárdenas del Río en 1937.
Sin embargo, en 1995, al aprobarse una reforma al Artículo 28 de la Constitución dio inicio el proceso de privatización del sistema ferroviario mexicano.
Así, en diciembre de 1996, la empresa Transportación Marítima Mexicana, asociada con la estadounidense Kansas City Southern Industries y filial de Transportación Ferroviaria Mexicana, ofreció al gobierno de México mil 400 millones de dólares por la concesión de 3 mil 960 kilómetros de vías, tres locomotoras y cerca de 10 mil vagones.
Dicho tramo de vías férreas, que movía el 40 por ciento de la carga, se conectó con vías de Estados Unidos y Canadá.
En 1997 se pagó una concesión por 50 años, por 4.5 millones de dólares con Ferrocarril Pacífico Norte al Grupo Ferroviario Mexicano (GFM), formado por Grupo México, Ingenieros Civiles Asociados (ICA) y la empresa norteamericana, Union Pacific.
Ferrocarril Mexicano (Ferromex) empezó sus operaciones en la línea de 6 mil 200 kilómetros un año después.
También se entregó una concesión por 20 años de la línea corta Coahuila-Durango al Grupo Acerero del Norte asociado a Industrias Peñoles, así como otra por 20 años de la línea corta Tijuana-Tecate a Medios de Comunicación y Transporte de Tijuana.
En julio de 1998 se anunció la concesión del Ferrocarril del Sureste por 50 años al Grupo Triturados Basálticos (Tribasa) por 322 millones de dólares.
Esas ventas se justificaron bajo el argumento de que 81 por ciento de las vías estaban en mal estado y el parque de vehículos operaba a 60 por ciento de su capacidad.
Luego, en agosto de 1999, Ferrocarriles Nacionales de México dejó de administrar y operar las vías generales de comunicación ferroviaria, así como de prestar el servicio público de transporte ferroviario.
Actualmente, Ferromex, Ferrosur de Grupo México y Kansas City Southern de México son las empresas que acaparan el 93.6 por ciento de la participación en las vías terrestres, según información de la Agencia Reguladora del Transporte Ferroviario.
Ferromex y sus privilegiadas concesiones
Grupo México, de Germán Larrea Mota Velasco, ha recibido 33 concesiones desde la administración de Ernesto Zedillo, con vigencias que van desde los cinco hasta los 50 años, incluyendo el permiso para instalar anuncios publicitarios.
Así, la Comisión Nacional del Agua (Conagua) le ha otorgado 20 de esas concesiones, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) le ha dado una y, de las 12 que le dio la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), destacan las vías Pacífico-norte, en Ojinaga-Topolobampo y la Vía Corta Nacozari, sumando 46 por ciento de la participación en el mercado.
Por su parte, de transporte de pasajeros, Ferromex también ofrece servicios turísticos en la zona de haciendas tequileras en Jalisco, llamado “Tequila Express” y otro en Barranca del Cobre, en la ruta del “Chepe”, que va de Chihuahua a Los Mochis, Sinaloa.
Mientras tanto, Ferrosur opera el 14 por ciento del total de participación, ha obtenido 12 concesiones desde Ernesto Zedillo hasta la actualidad, con vigencias que van de los 30 a los 50 años.
Ocho concesiones han sido otorgadas por la SCT, entre ellas, para las Vías Cortas Oaxaca y Sur, y otros cuatro de la Conagua.
Grupo México contra AMLO
Cuando, en mayo pasado, se llevaban a cabo las campañas electorales, Grupo México emitió una carta a sus empleados, colaboradores y accionistas para asegurar que las concesiones mineras, ferroviarias y carreteras que opera no son producto de corrupción como el tabasqueño denunció en ese entonces.
“El término ‘concesión’ no es sinónimo de corrupción ni de compadrazgo como se ha insinuado recientemente (…) Como empresario, creo en un modelo capitalista de libre mercado con un alto contenido de responsabilidad social”, escribió Germán Larrea, el segundo hombre más rico de México, según un conteo de la revista Forbes.
Al respecto, López Obrador respondió en un mitin que entendía que Larrea Mota Velasco “no quiera el cambio porque le ha ido muy bien. Él, antes de Salinas, no aparecía en la lista de los hombres del mundo (…) Aparece desde que Salinas le entregó la mina histórica de Cananea, en Sonora”.
Los dos se reunieron en Palacio Nacional esta semana para hablar sobre las víctimas de la mina Pasta de Conchos.
Sobre Kansas City Southern de México, dirigida por José Guillermo Zozaya Delano, el Portal de Transparencia registra siete concesiones por 50 años otorgadas por la SCT y Conagua para la vía ferroviaria del Noreste, que opera el 32.80 por ciento de la participación del mercado ferroviario.
“Hemos podido contactarnos con Obrador y todos los equipos de los candidatos y hablar de esto en términos de concesión; todos ellos nos han expresado directamente su interés en respetar los términos de la concesión y, por supuesto, el imperio de la ley. Entonces nos sentimos muy seguros en ese sentido”, expresó Zozaya en el periodo de elecciones respecto a la continuación de las concesiones.
DIANA ALVARADO 29 JULIO 2021.- Ante el registro de altas temperaturas durante la temporada de verano y el lapso de 40 días que dura la canícula, el Ayuntamiento de Benito Juárez recomienda a la ciudadanía cancunense tomar sus precauciones para evitar mayores afectaciones.
A través de la Dirección General de Protección Civil y la Dirección General de Salud, se exhorta a los benitojuarenses mantenerse hidratados, tomar duchas o baños fríos, usar bloqueador solar, no exponerse al sol si no es necesario, evitar realizar actividades deportivas de 10:00 a 16:00 horas, usar sombrero o gorra y gafas de sol, evitar el consumo de alcohol, demasiada cafeína y azúcar, entre otras recomendaciones.
El Director de Salud invitó a los ciudadanos a no salir de sus casas si no se tiene que realizar alguna actividad indispensable, tanto para evitar exponerse a los rayos y calor del sol, como prevenir los contagios de COVID-19.
Por su parte, el titular de Protección Civil explicó que la canícula se estima inició durante el mes de julio y se prevé concluya a mediados del mes de agosto, periodo en el que las temperaturas podían llegar hasta los 40 grados; mientras que la temporada de verano se extiende hasta el mes de septiembre.
Recomendó mantener la casa fresca, abrir las cortinas y ventanas para que entre el aire, evitar exponerse al sol, intentar mantenerse en la sombra y no dejar a los niños o animales en vehículos estacionados.
Por su parte, la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA) dio a conocer que para este 2021 se prevé que dicho fenómeno –conocido también como sequía intraestival, de medio verano o veranillo– podría presentarse principalmente en las zonas noreste, centro-oriente, centro-sur, Pacífico-sur, Golfo de México y la Península de Yucatán.
DIANA ALVARADO 29 JULIO 2021.- Ante el anuncio que realizó la Secretaría de Hacienda para consumar la desaparición del Fondo de Desastres Naturales (FONDEN), el presidente estatal del PAN en Quintana Roo, Faustino Uicab Alcocer criticó la falta de sensibilidad del gobierno federal morenista al desaparecerlo por completo y dejar a su suerte a Quintana Roo.
Explicó que es irresponsable que entidades como nuestro Estado pueden quedar abandonadas a su suerte ante desastres naturales, pues recordó que nuestra ubicación frente al mar Caribe, nos hace propensos a recibir los embates de fenómenos meteorológicos en cualquier momento de la temporada de huracanes, y ante el impacto de estos meteoros, la población damnificada requiere atención inmediata, así como el restablecimiento de servicios e infraestructura, como si garantizaba el FONDEN.
“Ya lo hemos dicho, la desaparición del FONDEN por parte del gobierno morenista es un error y una irresponsabilidad, y ante la reciente consumación de su extinción, es lamentable que aún estén en planes para buscar los mecanismos con el fin de atender los desastres naturales, como lo señaló la propia secretaría.”
Por último, el dirigente señaló que este gobierno federal morenista, y sus legisladores han demostrado no tener la sensibilidad para atender las verdaderas necesidades de la población. “En Acción Nacional, desde nuestras trincheras seguiremos trabajando para buscar estos mecanismos o en su defecto recuperar el FONDEN o un alguna alternativa que garantice la atención de la población en caso de desastre”, finalizó.
DIANA ALVARADO 29 JULIO 2021.- Por mayoría de votos, el Pleno del Tribunal Electoral de Quintana Roo rechazó el proyecto de resolución presentado sobre el Procedimiento Especial Sancionador PES/073/2021, mismo que interpuso Carlos Manuel Joaquín González, Gobernador del Estado de Quintana Roo en contra de Laura Esther Beristaín Navarrete, Mario Martín Delgado Carrillo y Citlalli Hernández Mora, por supuestas infracciones a disposiciones constitucionales y electorales atribuibles al partido político de Morena, por lo que fue turnado a otra ponencia para su próxima resolución.
