DIANA ALVARADO 25 FEBRERO 2022.- El Instituto Nacional Electoral aprobó imponer sanciones por 687.4 millones de pesos a los partidos políticos por irregularidades en sus reportes de ingresos y egresos de 2020. En el desagregado de sanciones se establece que 242.2 millones de pesos corresponden a inconsistencias financieras de las dirigencias nacionales; 420 millones de pesos por faltas de los comités estatales y 25 millones a partidos locales.
El consejero Jaime Rivera, presidente de la Comisión de Fiscalización del INE destacó que el 41.4 por ciento corresponden a transferencias ilegales realizadas. El consejero Ciro Murayama acotó que tres partidos cometieron esta conducta Morena, el PAN y el Partido del trabajo, pues en conjunto sumaron más de mil 300 millones de pesos , aunque por sí solo Morena realizó operaciones ilegales por un total de mil 238.7 millones de pesos desde los comités estatales al nacional.
Según el dictámen 372 millones de pesos se transfirieron desde los estados a la dirigencia nacional para constituir un fideicomiso (el 29 de diciembre, a tres días de vencer el año fiscal) y 866 millones de pesos, también de los comités estatales al nacional de los cuales Morena no acreditó la legalidad de la transferencia.
El Consejo General aprobó que el Comité Ejecutivo Nacional de Morena debe devolver los recursos (con excepción a cerca de 75 millones de pesos que ya se gastaron en la compra e inmuebles en los estados), a efecto que los comités estatales, si así lo determinan puedan constituir fideicomisos estatales con el mismo fin.
En este contexto, los diputados morenistas Mario Llergo y César Hernández salieron a la defensa de la constitución de fideicomisos cuales fueron constituidos de manera legal. “Mi partido consideró necesario crear este fideicomiso para conformar un activo fijo que nos permitiera dotar de las condiciones físicas a cada uno de nuestros comités locales en el país”, dijo Llergo.
A su vez, Hernández descalificó los criterios aplicados por el INE para sancionar esta operación por lo que los llamó a “de manera decisiva, enérgica y contundente a velar por el ejercicio de la democracia y su fiscalización por encima de intereses sesgados, particulares o, hasta parece, partidistas (…) los fideicomisos. Son instrumentos para manejar y eficientar recursos, pero no tienen por qué ser eternos y pueden ser susceptibles de modificaciones, adecuaciones o, incluso, pueden ser desaparecidos si la necesidad así lo amerita”.
La defensa de Hernandez de los fideicomisos de Morena mereció el cuestinamiento del consejero Uuc Kib Espadas en alusión a las fuertes críticas que ha lanzado Morena contra los fideicomisos de Morena.
—¿por qué el fideicomiso establecido para obras por parte del INE es considerado, por ustedes, como un robo a la nación y, sin embargo, el fideicomiso equivalente destinado al adquirir las sedes de MORENA es un fideicomiso legal, que sirve a la democracia?
Hernández apeló a los 30 millones de votos que respaldaron al proyecto de austeridad de Morena y su propuesta de poner fin a privilegios y burocracias doradas.
El fideicomiso de Morena concentró el debate, pues PAN y PRD arremetieron contra lo que, dijeron, era una incongruencia de Morena que determinó el fin de los fideicomisos gubernamentales por ser fuente de corrupción y ahora, crean un mecanismo para financiar la compra de inmuebles por el partido.
El perredista Angel Avila, soltó un “vaya, vaya MORENA, que señalaba que los fideicomisos había corrupción, que había transas, que había que desaparecerlos, que llevaron hasta la Cámara de Diputados esta locura de desaparecer fideicomisos como el Fonden (…)
“Esos fideicomisos se habló de moches, se habló de corrupción, se habló de tranzas, de compra de bienes inmuebles de manera ilegal y haciendo transacciones el 31 de diciembre, justo unas horas antes de que terminara el año fiscal. Son esas acusaciones del Ex Presidente Nacional de MORENA, Alfonso Ramírez Cuellar, señalando a la señora Yeidckol Polevnsky de que en esos fideicomisos hubo corrupción”.
El consejero Ciro Murayama sostuvo que el INE no es el que sataniza el fideicomiso, pero en este caso la irregularidad consiste en cómo se fondea: con transferencias no permitidas por la ley desde los comités estatales al nacional. “el partido propició transferencias adicionales de sus consejos estatales al CEN por 866.9 millones de pesos, sin que el partido pudiera comprobar que éstas se encontraban en alguno de los supuestos permitidos por la normatividad. MORENA se apropió de recursos que surgieron del financiamiento público local para fines que el partido no ha logrado comprobar, ni justificar.
“ Si se suma el dinero que absorbió el CEN de MORENA, a través del CEN de MORENA, a través del fideicomiso y por las otras transferencias, se llega a la suma de mil 239 millones de pesos”, agregó.
En contraste las consejeras Carla Humprhey y Adriana Favela argumentaron que la transferencia de recursos para la constitución de un fideicomiso con fines partidistas, no contraviene las disposiciones constitucionales ni legales que tienen los partidos. Humprhey dijo incluso que esta transferencia incluso forma parte de la autonomía de gestión con los que cuentan los partidos.
La autoridad electoral, dijo, no puede ir más allá de determinaciones que los partidos puedan realizar respecto a sus recursos, pues una disposición reglamentaria (reglamento de Fiscalización) no puede contravenir disposiciones legales, agregó Humphey.
En su oportunidad, el Consejero presidente, Lorenzo Córdova sostuvo que la fiscalización ha permitido corregir excesos de los partidos en términos generales: “tres partidos concentran el 72 por ciento de las sanciones y el 28 por ciento restante se distribuye entre los partidos políticos nacionales con acreditación local y los partidos locales. S se comparan las sanciones propuestas en 2020 con las aplicadas en 2019, se observa que cuatro de los siete partidos políticos nacionales con registro vigente disminuyen sus sanciones en un 56 por ciento en promedio, mientras que los partidos políticos locales las disminuyen en un 28 por ciento”.
Con algunos ajustes, las sanciones impuestas fueron:Moena, 309 millones de pesos; Partido del Trabajo, 94 millones de peso; PRD 83.6 millones de pesos; PVEM, 52.4 millones de pesos; PAN, 48.8 millones de pesos; PRI, 54.4 millones de pesos y Movimiento Ciudadano 14.4 millones de pesos.
