Mes: diciembre 2022

A pesar de los reclamos del sector automotriz nacional, las puertas de entrada a la regularización de los autos usados sin permisos provenientes del extranjero seguirán abiertas hasta marzo de 2023. El Gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador ha ampliado el programa para legalizar los llamados autos chocolate —vehículos viejos que cruzan ilegalmente de Estados Unidos a México y que posteriormente se venden en territorio mexicano—. Aunque en un inicio, la iniciativa solo tenía vigencia de un año y concluía el próximo 31 de diciembre, el mandatario ha decidido prolongar la vida de la estrategia tres meses más. Rosa Icela Rodríguez Velázquez, secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, ha informado que este año se han legalizado más de un millón de carros de 14 Estados. La estrategia arrancó en marzo pasado en medio de polémica por los señalamientos del sector automotriz por considerar que el plan legaliza una competencia desleal. para el sector formal. Sin embargo, este jueves, en la habitual conferencia de prensa de López Obrador en Palacio Nacional, la secretaria de Seguridad ha vuelto a defender la iniciativa: “El uso legítimo de estos vehículos tiene como un beneficio general una mayor seguridad porque el registro de las unidades para cometer delitos”, declaro Rodríguez Velázquez. La extensión del programa para 2023 seguirá operando en los 14 Estados donde más transitan este tipo de unidades, en la frontera norte: Baja California, Sonora, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Baja California Sur, Sinaloa, Zacatecas, entre otros. La Ley de Ingresos de la Federación 2022 considera la regularización de autos usados importados en la frontera con los Estados de como ingresos excedentes para la Federación. El trámite tiene un costo de 2.500 pesos. En este plazo, la regularización de los llamados autos chocolate ha supuesto el ingreso de 2.600 millones de pesos, recursos que según el Ejecutivo serán destinados para la pavimentación de los Estados donde más transitan estas unidades. Baja California es el Estado donde más vehículos viejos de EE UU han pasado de la ilegalidad a la legalidad al cruzar a México con 221.805 unidades. En segundo lugar está Chihuahua con 177.383 autos y Tamaulipas está en el tercer escaño con 157.923 registros. Durante este año la iniciativa ha cambiado al menos dos veces de planteamiento. En un primer momento, se contemplaba que los autos a regularizar debían tener como mínimo ocho años de antigüedad, sin embargo, ahora se podrán regularizar unidad de modelos a partir de 2017. Además, anteriormente, el proceso de regularización y verificación del automóvil extranjero estaría a cargo de la Agencia Aduanal Mexicana y la figura del agente aduanal, pero en una modificación posterior se optó porque la validación de la unidad la llevara a cabo un funcionario del Registro Público Vehicular. La Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores (AMDA) ha denunciado que este programa supone una competencia desleal para las unidades legalmente comercializadas en el país. De acuerdo con la AMDA, debido a la competencia desleal que representan estos llamados autos chocolate provenientes de EE UU se dejan de vender hasta 200.000 autos nuevos en el país. Las unidades provienen, principalmente, de Estados Unidos y Centroamérica. En su mayoría, se trata de vehículos que ya no cumplen las disposiciones medioambientales en el país vecino y que se considerarían chatarra. Los autos “chuecos” —que con el tiempo adquirieron el nombre de “chocolate”— son vehículos sin papeles, sin permisos de importación, que no se comercializan, ni podrían comercializarse, a través de agencias o concesionarios. Pese a los reclamos de la industria, el Gobierno ha dado un paso hacia adelante y seguirá abriendo la puerta de entrada a estos vehículos. Con un sector automotor doméstico apenas recuperándose del batacazo de la pandemia, el Ejecutivo ha centrado la defensa de esta iniciativa en el beneficio económico para las familias y en que el registro de estos autos frena su uso para cometer delitos.

El líder parlamentario de Morena en el Senado de la República, Ricardo Monreal, afirmó que la “guerra fratricida” por la presidencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) puso al descubierto los intereses internos y externos que luchan por el control del Poder Judicial. “Por una parte están los grupos internos interesados en mantener los privilegios que se han resistido a la política de austeridad y, en segundo término, se encuentra el deseo de ciertos grupos por controlar las decisiones judiciales, con la finalidad de blindar sus propios beneficios”, acusó. En el artículo La Corte: retos y privilegios, publicado en su página oficial de internet, el también presidente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Senadores sostuvo que los grupos de interés buscan mantener al supremo tribunal como un espacio fácilmente influenciable y con ese fin usan su presencia mediática para desacreditar cualquier otra propuesta, apoyando directamente una candidatura en particular. Sin hacer referencia expresa a las acusaciones contra la ministra Yasmín Esquivel por el supuesto plagio de una tesis de licenciatura, Monreal advirtió: “La guerra fratricida que ha alcanzado al Poder Judicial no es nada casual, pero los linchamientos mediáticos ocasionados por esta coyuntura no deben distraernos de que tenemos frente a nosotros una decisión trascendental para definir el rumbo de la justicia en los próximos años”. Remarcó que son bien conocidos las candidatas y los candidatos a suceder al actual ministro presidente de la Suprema Corte, pero subrayó que hoy por hoy se requiere de un perfil que garantice la aplicación del Estado de derecho con dimensión social, colocando por encima de todo el interés público. “Una mujer o un hombre capaz de enfrentar esta colmena de privilegios que ubica a sus integrantes como una casta intocable y poderosa”, abundó. En ese contexto, el senador zacatecano señaló que no se puede pasar por alto el “inusual cabildeo” de ex funcionarios y ex legisladores que ejercen presión para inclinar la balanza en favor de su candidata o candidato a la presidencia de la SCJN, lo cual distorsiona el panorama e imprime un cariz turbio a lo que debería ser una contienda interna legítima y sana. Remarcó que, entre los aspectos que merecen especial atención en la actual coyuntura, está el gran presupuesto del Poder Judicial, que para 2023 rondará los 80 mil millones de pesos. Asimismo, destacó la función paralela del presidente o presidenta de la SCJN como titular del Consejo de la Judicatura, responsable de dictar las medidas necesarias para el buen servicio y la disciplina en las oficinas del Poder Judicial, proponer los nombramientos de servidores públicos y acordar lo relativo a licencias, remociones, renuncias y vacaciones, entre muchas otras.

Un nuevo golpe afectará al poder de compra de los consumidores con el aumento del IEPS a los refrescos, cigarros, gasolina y diésel de 7.779 por ciento para 2023, lo que a decir de especialistas atizará aún más la inflación. La Secretaría de Hacienda publicó en el Diario Oficial de la Federación del 28 de diciembre el acuerdo por el que se actualizan las cuotas del Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios (IEPS), en el que establece que conforme al factor de actualización para el caso de los cigarros se aplicará una cuota de 0.5911 pesos por cada tabaco. En tanto, la cuota por cada litro de refresco que estará vigente a partir de enero de 2023 será de 1.5086 pesos por litro. La gasolina menor a 91 octanos pagará una cuota de 5.9195 pesos por litro; la gasolina igual o mayor a 91 octanos pagará 4.9987 pesos por litro y el diésel de 6.5055 pesos por litro. Domingo Ruíz López, presidente de la Comisión Fiscal de Coparmex Nacional, explicó que el aumento de las cuotas del IEPS tienen que ver con el alza del Índice Nacional de Precios al Consumidor y este año de 2022 que estamos cerrando tuvo una inflación importante, rosando los dos dígitos. “El IEPS es un impuesto que tiene fines no solamente recaudatorios, sino también propósitos conocidos como extrafiscales, esto es, buscan inhibir o castigar conductas y por eso y las bebidas alcohólicas tienen un impuesto alto, porque se pretende que las personas prefieran no consumir este tipo de productos o se lo piensen bien por temas de salud”, enfatizó Domingo. “La Ley del IEPS tiene mecanismos para ir actualizando las cuotas sin que necesariamente se reforme la Ley y por eso es que se ven reflejados estos incrementos”, abundó. Precisó que en el caso de gasolina y diésel sí es verdad que la cuota aumenta, pero hay que recordar que están subsidiados por el gobierno, realmente en todo 2022 no hemos estado pagando ese IEPS por eso se prevé una recaudación negativa en IEPS para 2023 en un monto muy importante. “Quiere decir que en 2023 se va seguir subsidiando la gasolina y diésel, entonces aunque aumenten las cuotas, no se va a reflejar en el bolsillo de los ciudadanos porque el gobierno los va a seguir subsidiando, pero en el caso de los cigarros y refrescos ahí sí se tendrán que pagar los mayores impuestos”, recalcó Ruíz López. Edilberto Castro, especialista en impuestos, expone que las actualizaciones del IEPS en gasolina y diésel, refrescos y cigarros, de entrada van a generar un efecto inflacionario. “Una vez que ya suben los combustibles todo se empieza a disparar, porque de hecho, suben todos los combustibles fósiles, el gas propano, y butano, turbosina y combustóleo, entre otros”, advirtió. “No sería raro que el gobierno siga aplicando el estímulo fiscal y que empiece a meter los subsidios para evitar que el alza de los combustibles tengan un efecto nocivo en la inflación y en los bolsillos de la población”, añadió. “Lo que es interesante es que el gobierno ya esté sacando desde diciembre con mucha antelación sus cambios, como el de las personas morales, sus tablas de ISR y los anuncios de ajustes de impuestos, lo que significa que a partir del primer minuto de enero de 2023 quiere comenzar a recaudar con todo”, destacó Edilberto.