Para tener una relación tan buena, como aseguran sostener, los titulares de los tres Poderes del Estado de Quintana Roo se dan bastante “patadas bajo la mesa”, unos argumentando el derecho y, otros la urgente necesidad de austeridad. Al final, la controversia constitucional aceptada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación evidencia que, si la amistad entre ellos es real, el pleito también lo es… pero no sólo eso, la resolución del máximo tribunal de país, además de sentar un precedente importante en materia legislativa, posibilitará utilizar el resultado de manera “electorera”, en la víspera del inicio del proceso. Los pleitos pues, no son tan “en buena onda.”
Por partes, en diciembre de 2022, la XVII legislatura modificó los artículos 67 y 109 de la Constitución Política estatal, para permitirle al Congreso la reducción presupuestal del propio Legislativo, de los órganos autónomos y del Poder Judicial. En lo local, la versión de que el Tribunal Superior de Justicia tuvo recortes, se socializó por la queja pública que hiciera su titular, Heyden Cebada Rivas, pero lo cierto es que obtuvo 9 millones más, de lo que originalmente solicitó. El tema de fondo, sería la violación a la independencia de Poderes, la autodeterminación legal de construir el presupuesto propio, el argumentado exceso en las atribuciones que se habría conferido el Congreso, afectando con ello a los demás poderes constitutivos del Estado.
Bien, con eso como contexto, el presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política (Jugocopo) del Congreso local, Renán Sánchez Tajonar, aseveró -no sin razón- que los Poderes deben co gobernar sin simulaciones, además de asumir el compromiso de austeridad y racionalización de los recursos que la gobernadora, Mara Lezama Espinosa, ha impulsado como premisa de su gobierno. Pero además, dijo tener buena relación con el titular del Poder Judicial y, aunque no afirmó haber recibido instrucción del Ejecutivo para modificar la norma como se hizo, se infiere que eso ocurrió precisamente como un dictamen “desde las alturas.” Cebada Rivas, por su parte, aseveró no tener conflicto con la mandataria y el Poder Legislativo; incluso, afirmó estar trabajando “en pro del Estado”; la gobernadora, por su parte, no se ha manifestado sobre el tema; pero la controversia fue admitida también en su contra, lo que la convierte en parte del proceso, o el conflicto, según quiera interpretarse.
Ahora bien, el tema lo atenderá la ministra Loreta Ortiz Ahlf, su proclividad a favorecer a la Cuarta Transformación Republicana (4T) es conocida; pero hay dos temas importantes a considerar: Primero, que este es un conflicto entre actores de la 4T y no con externos y; segundo, que el tema de fondo, es la independencia de Poderes. En consecuencia, puede proyectarse desde ahora que, la controversia promovida por el Poder Judicial le será favorable en resultado; más aún, ¿se imagina el lector a magistrados perdiendo casos, al mostrar desconocimiento de la norma o con una interpretación errónea de la misma? No ocurrirá. Y aquí es donde el tema se pone verdaderamente interesante por sus consecuencias, las legales y las políticas.
Las consecuencias legales no parecen mayores, ni siquiera para el escándalo. La normatividad será corregida, al artículo 67 le suprimirán la parte en que se posibilita al Congreso a modificar discrecionalmente el presupuesto del Poder Judicial, dejando únicamente la facultad de hacerlo con el propio Legislativo y los órganos autónomos y listo. La sesión del Congreso se realizará y se dará marcha atrás cuando así lo indique la SCJN; pero lo interesante estará en las implicaciones político electorales, sobre todo porque la resolución de la corte llegará a mediados de 2023, pues el Poder Ejecutivo y el Legislativo tienen 30 días hábiles para responder la controversia.
Pero los señalamientos políticos son lo delicado, el “coscorrón” de la Corte tendrá interpretaciones políticas en contra, pero no sólo para el presidente de la Corte, sino todos los legisladores y legisladoras que aprobaron la modificación a la Constitución, sobre todo si pretenden reelección o alcanzar algún otro cargo de elección popular. ¿Pero tenían un camino diferente? El Poder Legislativo, probablemente, al construir un presupuesto del Poder Judicial en negociaciones más racional, aunque al final le aprobaron más millones de los que solicitó.
Por su parte, el Poder Judicial no tenía alternativa, tiene la obligación de defender la independencia de Poderes, más aún, siendo el máximo impartidor de justicia, no podía evadir la responsabilidad de proceder ante la Corte. Pues sí, pero los “golpes” entre boxeadores duelen y noquean, aun cuando fuera del ring sean amigos… así que, los golpes se darán, aunque sean “de cuates”, y pueden derribar de cualquier manera.
COMENTARIO MORBOSO
La soberbia del actual Consejo General del Ieqroo es tal, que piden regañando, que “proponen” repartiendo caificativos y, además, pretenden un trato diferenciado al que tuvieron sus antecesores, para trabajar en los tiempos que ellos determinen y con el presupuesto que ellos mismos han solicitado, sin que nadie se atreva a tocarlo “con el pétalo de un recorte.”
Los tres procesos electorales previos al que iniciará en enero de 2024, han iniciado el mismo mes, por acuerdo de la legislatura correspondiente, con el argumento -poco válido, pero que al final se ha impuesto- de ahorrar recursos. Las elecciones y las etapas de los procesos se han cumplido a cabalidad. Incluso, en el más reciente, no sólo se eligieron autoridades, sino además, se realizó la primera consulta pública, en la que, por cierto, los quintanarroenses determinaron que Aguakán debe dejar de prestar el servicio de agua potable en el norte del estado (lo cual abiertamente han incumplido todas las autoridades actuales, todas). Luego entonces demostrado está que la tarea es realizable, aun con el recorte de tiempos y recursos.
Más aun, la modificación legal que realizará en los siguientes días el Congreso, sólo normaría lo que ya se ha hecho por decreto, nada más. Los legisladores que “no son expertos en materia electoral”, como dijo la consejera presidenta del Ieqroo, Ruby Pacheco Pérez, sólo dejarán fijo lo que ya se ha hecho de manera extraordinaria por los últimos seis años. Si la actual consejera presidenta, los integrantes del Consejo y la Junta General del Ieqroo no pueden realizar la labor que sus antecesores sí pudieron, tal vez lo que debieran considerar es dejar el cargo, no pedir más “almohadones de plumas” para realizar a gusto la tarea. Como dicen los enarboladores de la 4T, “Si no pueden, renuncien”; así se observa desde aquí, A Tiro de Piedra. Nos leemos en la próxima.
Pd. Si algún cuestionamiento han tenido los consejeros y consejeras del Ieqroo, han sido sus determinaciones bastante “acomodaticias” con el poder. Ahora bien, si lo que están solicitando -en el fondo- es un pago por el “perdón” recientemente otorgado al secretario de Desarrollo, Pablo Bustamente, por la flagrante violación al artículo 134 de la Legipe, con las tarjetas del bienestar y sus uniformes con la leyenda “AMARA Quintana Roo”, que metería en apuros a la misma gobernadora por su irresponsable acción, pues eso ya es otra cosa… pero eso no se negocia en el Congreso… ¿o sí?
