Mes: abril 2026

DIANA ALVARADO 1 DE ABRIL.-El canciller de México, Juan Ramón de la Fuente, confirmó su renuncia a la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) por motivos de salud, decisión que él mismo solicitó a la presidenta Claudia Sheinbaum.

De acuerdo con fuentes de la Cancillería, el funcionario informó su salida durante una reunión con directores de todas las áreas, donde explicó que su estado de salud le impide continuar al frente de la política exterior del país.

El propio De la Fuente señaló que necesita enfocarse en su recuperación, al indicar que requiere una rehabilitación más completa e incluso una posible nueva intervención médica.

La ley establece que, ante la ausencia del titular de la SRE, la Subsecretaría de Relaciones Exteriores debe encargarse del despacho, actualmente encabezada por Teresa Mercado.

No obstante, se anticipa que el subsecretario para América del Norte, Roberto Velasco Álvarez, sea propuesto como nuevo titular de la Cancillería, lo cual deberá ser ratificado por el Senado de la República.

De la Fuente asumió el cargo en octubre de 2024, al inicio del actual gobierno federal, tras una trayectoria que incluye su paso como embajador de México ante la ONU y rector de la UNAM.

Cabe destacar que el ahora ex canciller ya había solicitado una licencia temporal por motivos médicos en noviembre de 2025, periodo en el que fue sustituido provisionalmente por Velasco.

Durante su mensaje de despedida, agradeció al personal diplomático y administrativo por su trabajo, y afirmó que su gestión se condujo conforme a los principios constitucionales de la política exterior mexicana.

Asimismo, expresó que, pese a su salida, continuará respaldando las labores de la dependencia y no descartó seguir colaborando en el futuro una vez concluida su recuperación.

Con esta renuncia, se abre una nueva etapa en la política exterior de México, en un contexto clave para las relaciones internacionales del país y la continuidad de su agenda diplomática.

DIANA ALVARADO 1 DE ABRIL 2026.-Senadores de oposición reconocieron que los recursos públicos destinados a los partidos políticos en México son elevados, y manifestaron su disposición a revisar este tema dentro de una reforma electoral.

Legisladores del PAN, PRI y Movimiento Ciudadano coincidieron en que es necesario analizar el financiamiento a los partidos, aunque señalaron que cualquier reducción debe hacerse de manera justa y equitativa, sin afectar a las fuerzas políticas minoritarias.

El planteamiento surgió luego de que no se lograra aprobar la reforma electoral original del Ejecutivo, la cual incluía recortes a las prerrogativas de los partidos, lo que obligó a modificar la propuesta para que pudiera avanzar en el Congreso.

El coordinador del PAN en el Senado, Ricardo Anaya, expresó que su partido está abierto a discutir el financiamiento público dentro de una reforma más amplia que también aborde temas como la sobrerrepresentación y la intervención del crimen organizado en elecciones.

Por su parte, el coordinador de Movimiento Ciudadano, Clemente Castañeda, señaló que no puede existir consenso si el gobierno federal no dialoga con todas las fuerzas políticas, y subrayó que el financiamiento es un tema que debe discutirse obligatoriamente.

Desde el PRI, la senadora Claudia Anaya coincidió en que una eventual disminución de recursos debe realizarse con criterios de equidad, evitando generar desventajas para algunos partidos.

Los legisladores de oposición enfatizaron que para lograr una reforma integral es indispensable que el gobierno establezca diálogo con las minorías, con el fin de construir acuerdos que incluyan a todas las fuerzas políticas.

Además, señalaron que el debate no debe centrarse únicamente en recortes, sino en diseñar un sistema que garantice condiciones equitativas de competencia electoral.

En este contexto, también se planteó la necesidad de combatir excesos y revisar el uso de recursos públicos, tanto en partidos como en gobiernos locales.

Con estas posturas, la oposición en el Senado reconoce el alto costo del financiamiento político en México, pero insiste en que cualquier cambio debe realizarse mediante acuerdos amplios y sin debilitar la pluralidad democrática.

DIANA ALVARADO 01 DE ABRIL 2026.-La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, confirmó que Rafael Marín Mollinedo dejó la titularidad de la Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM), pero aclaró que su salida no se debe a razones electorales.

Durante su conferencia, la mandataria explicó que la salida de Marín ya estaba prevista desde el inicio de su administración, ya que existía un acuerdo para que permaneciera en el cargo aproximadamente un año, periodo que incluso se extendió un poco más.

Sheinbaum rechazó las versiones que señalaban un trasfondo político o electoral, al afirmar de manera directa: “para aquellos que dicen que es por motivos electorales, no”, subrayando que el cambio responde a un plan previamente establecido.

Asimismo, destacó el desempeño del exfuncionario, al asegurar que “hizo un buen papel” al frente de Aduanas, resaltando que durante su gestión se incrementó de forma importante la recaudación en 2025.

La presidenta indicó que Marín Mollinedo continuará colaborando con el gobierno federal, ahora desde el sureste del país, específicamente en Yucatán, donde apoyará en tareas dentro de la administración pública.

En sustitución, Sheinbaum anunció la llegada de Héctor Alonso Romero Gutiérrez como nuevo titular de la Agencia Nacional de Aduanas, quien anteriormente trabajaba en la Agencia de Transformación Digital vinculada al sistema aduanero.

El nuevo funcionario cuenta con formación en finanzas y experiencia en procesos de modernización tecnológica, lo que, según la presidenta, permitirá fortalecer el funcionamiento de las aduanas del país.

La mandataria reiteró que estos cambios forman parte de ajustes normales dentro del gobierno, y no de una estrategia política rumbo a procesos electorales.

También enfatizó que la gestión de Marín fue positiva, por lo que su salida no está relacionada con fallas en su desempeño, sino con el cumplimiento del tiempo acordado para su permanencia en el cargo.

Con este relevo, el gobierno federal busca dar continuidad a la estrategia de fortalecimiento de las aduanas, consideradas clave para la recaudación fiscal y el control del comercio exterior en México.

DIANA ALVARADO 1 DE ABRIL 2026.-El dictamen del llamado “Plan B” de la reforma electoral ya comenzó a circular en comisiones de la Cámara de Diputados (San Lázaro), donde se prevé su análisis y votación en los próximos días, sin modificaciones respecto a lo aprobado previamente por el Senado.

De acuerdo con el proyecto, las comisiones de Puntos Constitucionales y Reforma Político-Electoral proponen avalar la minuta tal como llegó del Senado, descartando cambios para evitar que el documento tenga que regresar a la cámara de origen.

El dictamen sostiene que la reforma no debilita las instituciones democráticas, sino que busca terminar con privilegios y beneficios excesivos dentro de la alta burocracia electoral, especialmente en materia de salarios y prestaciones.

Entre los puntos centrales, se plantea que ningún consejero o magistrado electoral gane más que la titular del Ejecutivo, además de establecer límites al gasto en organismos electorales.

También se incluye la reducción en la estructura de gobiernos locales, al establecer que los ayuntamientos tengan una sindicatura y un máximo de 15 regidores, con el objetivo de disminuir costos y mejorar la eficiencia administrativa.

En cuanto a los congresos estatales, la propuesta fija que su presupuesto no podrá exceder el 0.7% del gasto público estatal, con el argumento de evitar gastos desproporcionados en algunas entidades.

Las comisiones señalan que estos ajustes permitirán redirigir recursos hacia infraestructura y desarrollo local, fortaleciendo las finanzas municipales y estatales.

El documento también aclara que los cambios relacionados con la revocación de mandato no fueron incluidos, ya que ese apartado no fue aprobado previamente en el Senado.

Se prevé que el dictamen sea votado primero en comisiones y posteriormente en el pleno de la Cámara de Diputados, como parte del proceso legislativo para su eventual aprobación definitiva.

Con este avance, el Plan B entra en su fase final en San Lázaro, donde el oficialismo busca aprobarlo sin modificaciones, consolidando los cambios enfocados en austeridad, reducción de gastos y reconfiguración del aparato político-electoral.