DIANA ALVARADO 7 DE JUNIO.-
Movimiento Ciudadano anunció acciones para intentar frenar la operación de la planta de amoniaco ubicada en Topolobampo, Sinaloa, al señalar presuntos riesgos ambientales y posibles afectaciones a ecosistemas costeros, pesquerías y comunidades de la región.
Legisladores y dirigentes de Movimiento Ciudadano presentaron denuncias ante autoridades ambientales para solicitar una revisión integral del proyecto, argumentando que la instalación industrial podría generar impactos negativos sobre la biodiversidad de la Bahía de Ohuira y zonas aledañas.
El partido sostuvo que existen preocupaciones relacionadas con posibles afectaciones a manglares, humedales, especies protegidas y actividades pesqueras que constituyen una fuente importante de ingresos para numerosas familias de la región.
Entre los principales señalamientos expuestos por Movimiento Ciudadano destacan:
- Posibles impactos sobre ecosistemas costeros.
- Riesgos para especies protegidas y aves migratorias.
- Afectaciones a actividades pesqueras tradicionales.
- Incremento de riesgos industriales en la zona.
- Necesidad de nuevas evaluaciones ambientales.
Los promoventes de la denuncia solicitaron a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) y a otras autoridades competentes revisar nuevamente las autorizaciones otorgadas al proyecto para verificar el cumplimiento de la normatividad ambiental vigente.
Por su parte, representantes del proyecto han defendido la viabilidad de la planta, señalando que cuenta con autorizaciones emitidas por autoridades federales y que durante años ha sido sometida a diversos procedimientos técnicos, ambientales y judiciales.
Los impulsores de la inversión sostienen que la planta permitiría fortalecer la producción nacional de fertilizantes, reducir importaciones y generar empleos directos e indirectos en la región.
El proyecto de amoniaco en Topolobampo ha sido objeto de controversia durante varios años, enfrentando procesos legales, consultas ciudadanas, resoluciones judiciales y debates entre organizaciones ambientalistas, comunidades indígenas, empresarios y autoridades gubernamentales.
Diversos sectores productivos de Sinaloa han manifestado su respaldo a la planta, argumentando que contribuiría al desarrollo económico regional y al fortalecimiento de cadenas productivas relacionadas con la agricultura.
En contraste, organizaciones ambientales y grupos comunitarios continúan expresando preocupación por los posibles impactos acumulativos de proyectos industriales en una zona considerada ambientalmente sensible.
La nueva ofensiva jurídica impulsada por Movimiento Ciudadano se suma a otros debates recientes en materia ambiental registrados en el país, particularmente aquellos relacionados con grandes proyectos de infraestructura y desarrollo turístico en zonas de alto valor ecológico.
Las autoridades ambientales federales serán las encargadas de determinar si existen elementos suficientes para abrir nuevos procedimientos de revisión o inspección relacionados con la operación de la planta.
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