El Minotauro
Nicolás Durán de la Sierra
El que tienen ante sí tanto la gobernadora Mara Lezama como la XVII Legislatura, en especial ella, es un desafío enorme. Del tino de sus decisiones dependerá el rescate de la vulnerada seguridad pública de Quintana Roo. Es una tarea harto difícil la elección, en conjunto, de quien encabezará la Fiscalía General del Estado, instancia que hoy por hoy es ejemplo de corrupción e ineficiencia.
Aparte de su probable colusión en el despojo de predios turísticos en la Rivera Maya y otros embrollos delictivos, el hoy exfiscal Oscar Montes de Oca dejó a su pasó una escalada de violencia criminal que hacen al Estado uno de los más inseguros del país, lo que se refleja en que, según Inegi, el 83% de su población se siente insegura en su persona y sus bienes.
La elección como fiscal interino de Raciel López Salazar, exdelegado de la Fiscalía General de la República, es una medida temporal tomada por Mara Lezama, pues es el congreso al que compete la elección formal y el que además, tiene hoy otro desafío: abatir el tinglado legal que en mala hora dio pie a que el cargo de fiscal sea de nueve años, con los resultados que saltan a la vista.
La renuncia “por motivos personales” del exfiscal, y la designación, el mismo día, de Julio César Gómez como secretario de Seguridad Ciudadana, en sustitución de Rubén Oyarvide, es un manotazo duro y necesario para recuperar la civilidad en el Estado, y de facto, un aviso de que las maniobras mafiosas con etiqueta oficial no tienen cabida en este nuevo gobierno.
La construcción de la paz en el Estado, capitulo local de un esfuerzo federal, no es un mero giro lingüístico, sino una nueva forma de enfrentar al crimen a organizado y al del fuero común, los que han tomado como rehén a la zona norte estatal y se están extendiendo, cada vez más, a la zona sur de nuestra geografía. Edificar la paz social es más duradero que sólo perseguir criminales.
