Quintana Roo tiene la tasa más alta en lo que se refiere a maltrato contra la mujer en todas sus variantes, de lo sexual a lo psicológico, del acoso a la violación, del maltrato infantil a las mujeres golpeadas en casa por sus parejas y, por supuesto, de la violencia doméstica general, a las condiciones sociales generales del país como sueldos menores a los hombres, falta de acceso a la justicia y de oportunidades de desarrollo. Por si no fuese suficiente, existe una profunda falta de reconocimiento y apoyo aquellas que, además de su condición desigual por género, son jefas de familia. El panorama es brutal.
Aun con lo anterior, Quintana Roo tiene por primera vez a una mujer gobernadora: Mara Lezama Espinosa. Aunque en estricto sentido no debiera ser así, tuvo que haber justamente esa “mirada femenina” para que el lamentable panorama permitiera la construcción de políticas públicas que comenzaran a transformar la circunstancia de las quintanarroenses. En menos de un año, casi cien mil mujeres han sido a incorporadas a dos programas específicamente diseñados para atenderlas: Mujer es Poder y Mujer es Vida. A través del primero, se entregan paquetes alimentarios de manera bimestral y tarjetas también para la adquisición de alimentos, se entregan a aquellas en condición social de pobreza; la naturaleza no dista mucho de los programas tradicionales entregados por el gobierno federal desde hace por lo menos dos décadas, pero destaca su enfoque hacia las féminas.
El programa es asistencialista, tradicional, prácticamente una continuación de todos aquellos que han sido manejados por las instancias de desarrollo social federal un gobierno tras otro. Por cierto, hay que destacar que los programas dedicados a los sectores marginados en este país no son ni solución ni problema, o pueden ser ambos. La diferencia radica en el manejo. Cuando los apoyos alimentarios se entregan sin mecanismos adecuados de control y enfoque, en concreto, sin una política pública bien construida, con indicadores de proceso y resultado, la situación de pobreza simplemente sigue igual, son un “barril sin fondo” para las arcas públicas; los que reciben el apoyo, no necesariamente lo necesitan y, aunque lo necesiten, muchos no necesariamente los utilizan de manera adecuada. Se destaca pues, sin medición y seguimiento, nada cambia, sólo hay gasto.
En la administración de Mara Lezama Espinosa, destaca justo lo que señala el escribiente: Hay una política diseñada, el público objetivo está acotado y se tiene el enfoque incrementar la cobertura en los siguientes años, pero con el mismo acotamiento, por lo cual será posible evaluar al final el impacto de los apoyos entregados Una mujer atendiendo mujeres, en condición de pobreza y con seguimiento puntual. Técnicamente hablando, el programa luce bien.
Pero el segundo de ellos, Mujer es Poder, tiene un componente particularmente importante, que tiende, aun más, a generar condiciones de desarrollo. Primero, está, obviamente, también enfocado a la mujer, pero particularmente a las que son jefas de familia. El seguimiento existe, se creó la Coordinación General del Programa Mujer es Poder y, en la primera etapa, se entregaron 39 mil 600 tarjetas, con las cuales, el mismo número de beneficiarias, de cinco de once municipios tendrán un complemento de ingreso bimestral: 10 mil 911 en Benito Juárez, 6 mil 151 en Othón P. Blanco, mil 741 en Bacalar, 4 mil 184 en Felipe Carrillo Puerto y 4 mil 303 en Solidaridad.
A finales de julio pasado, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), publicó en su portal la más reciente Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares (ENIGH) en su edición 2022, en cuyos resultados destaca que en el país existe una grave afectación económica por ejercer la maternidad, pues el ingreso de las mujeres disminuye progresivamente al tener hijos. Un dato más que revelador y que evidencia la pertinencia de la decisión del gobierno de Mara Lezama Espinosa en Quintana Roo, al atender específicamente a las jefas de familia.
En la encuesta del Inegi se muestra que, cuando una mujer se convierte en madre y logra acceder a algún programa de apoyo federal, los ingresos se incrementan en promedio un 13.32 por ciento, lo que no alanza a compensar los gastos; pero a partir del segundo hijo, dicha cantidad comienza a disminuir hasta reducirse en más de 30 puntos porcentuales. Estos datos los considera el escribiente porque han surgido señalamientos en el sentido de que lo entregado por el gobierno de Quintana Roo a cada mujer -dos mil pesos bimestrales- puede ser una cantidad baja, pero nótese que, con la transversalidad de las políticas públicas, el primero de los efectos positivos es la eliminación de la condición de desigualdad con respecto a otras mujeres en el ámbito laboral, primero, y el equilibrio público para ejercer la maternidad en condiciones de desarrollo. Son estas, justamente, las decisiones de la administración pública que generan justicia social, con profundo impacto a nivel de las comunidades. Pertinente decisión.
Este es apenas el primer año de la administración de Lezama Espinosa, esas dos políticas son, sin duda, transformadoras de los núcleos familiares y el entorno de las comunidades. La visión de una mujer al frente del gobierno, está dando muestras de atención específica a las que siempre han estado olvidadas de las decisiones de los gobiernos… y faltan cuatro años más de esta gestión. Pinta bien.
COMENTARIO MORBOSO
El viernes anterior, el fiscal general del Estado de Morelos, Uriel Carmona Gándara, fue detenido por la acusación que hiciera la Fiscalía General de la Ciudad de México, por delitos cometidos contra la procuración y administración de justicia. Específicamente, el detenido habría hecho declaraciones falsas, por el homicidio de una joven de la capital del país cuyo cuerpo fue encontrado en la entidad gobernada por Cuauhtémoc Blanco. El hecho es inusual, pero pudiera ser muestra de la aplicación de la ley… ¿y en Quintana Roo cómo andamos?
Recientemente, Raciel López Salazar fue designado como fiscal general, pero su antecesor, Óscar Montes de Oca Rosales, tiene denuncias por despojo de predios de alta plusvalía; fue denunciado también ante la Fiscalía General de la República por presuntos actos de corrupción y sobornos al interior de la Fiscalía quintanarroense y en los juzgados mercantiles, incluido abusos en el ejercicio de la función pública; además de ser señalado desde hace dos años de cometer delitos en contra de la libertad de expresión, por lo que se le abrió el expediente FED/FEMDH/FEADLE-QR/0000846/2021.
En enero del presente año, los señalamientos en contra del ahora ex fiscal, llegaron a la conferencia matutina del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, quien -como casi siempre, aunque nada ocurra- se comprometió a investigar los señalamientos en contra del ex funcionario. Ahora ya se fue, ¿pero, quedará impune? Si algo ocurrirá deberemos de verlo en breve… o nunca volver a verlo; así se observa desde aquí, A Tiro de Piedra. Nos leemos en la próxima.
Sé el primer en dejar tu comentario de esta noticia