En el próximo periodo de sesiones, el congreso estatal analizará la solicitud presentada por la gobernadora Mara Lezama para restructurar la deuda pública de Quintana Roo, la que asciende a poco más de 20 mil millones de pesos, para con ello reducir el monto de los abonos del transexenal crédito contratado y darle así una mayor operación financiera a su gobierno.
Hoy por hoy, el gobierno estatal debe disponer de cerca del 70% de sus ingresos federales para pagar la deuda bancaria heredada de sexenios anteriores, por lo que renegociar esta deuda en busca de un mayor plazo de pago y con ello reducir el monto de los abonos, como se dijo, habrá de redundar en más recursos para la obra pública y para los programas de asistencia social.
No se trata de que el gobierno contrate nueva deuda –el techo del refinanciamiento solicitado al congreso es menor al monto de la duda existente- sino de hacer que esta sea más blanda en sus condiciones de pago y no se ahogue a la tesorería estatal. La oportunidad se da tras de que el Estado lograra la categoría “A, con perspectiva estable” de Standard & Poor’s, importante calificadora financiera internacional.
El endeudamiento público es, claro está, un tema muy sensible para nosotros, pues el mal manejo financiero estatal y la contratación alevosa de deuda bancaria dio pie a que, sexenio tras sexenio, las arcas del Estado se hayan visto en quiebra y a la suerte de los esfuerzos del gobierno por entrar, como en este caso. Hoy, cada uno “debemos” más de 10 mil pesos, según la Secretaria de Hacienda.
Ahora bien, la renegociación de la deuda, que sin duda será avalada por el congreso, tiene aún una larga senda por recorrer, pues tras el apoyo legislativo, el gobierno estatal lanzará una invitación abierta a los bancos para realizar la operación, lo que habrá de demorar unos tres o cuatro meses más. Así pues, aunque a plazo medio, se trata de una buena noticia para Quintana Roo.
