DIANA ALVARADO 30 MARZO 2020.- La Comisión de los Derechos Humanos, por medio del Consejo General del Mecanismo Independiente de Monitoreo del Estado de Quintana Roo, para dar cumplimiento a la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, conformado por organizaciones de la sociedad civil y especialistas en este tema, considera que ante la situación relativa a la pandemia COVID – 19, los gobiernos deben redoblar esfuerzos para la protección de los derechos de la población en situación de vulnerabilidad, como es el caso de las personas con discapacidad, que son parte de los grupo más estigmatizados y marginados, incluso en circunstancias normales.
Debemos recordar que México fue el principal promotor de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y su Protocolo Facultativo, por consiguiente, tiene una doble obligación, moral y legal en el cumplimiento de las disposiciones jurídicas estipuladas en ésta, primordialmente, eliminar aquellas barreras que limita o restringe el ejercicio de los derechos y libertades fundamentales sin discriminación de las personas con discapacidad.
Sin embargo, diversas Organizaciones de la Sociedad Civil enfocadas al tema de la discapacidad así como la comunidad sorda en Quintana Roo, han externado su preocupación por lo poco que se ha hecho para informar y orientar a las personas con discapacidad respecto a la contingencia del COVID – 19, y ante esta omisión, corren el riesgo de contagio o que sus derechos humanos sean vulnerados debido a la discriminación y a los obstáculos para el acceso a la información, a servicios sociales, atención médica y educación ante esta contingencia.
El artículo 21 de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad establece “Los Estados partes adoptarán todas la medidas pertinentes para que las personas con discapacidad puedan ejercer el derecho a… …la libertad de recabar, recibir y facilitar información e idea e igualdad de condiciones con los demás…” ; de igual forma, el artículo 34 de la Ley para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad del Estado de Quintana Roo, señala que “…Los medios de comunicación estatales procurarán el uso de tecnología y en su caso, de intérpretes de la lengua de señas mexicana, que permitan a la comunidad de sordos las facilidades de comunicación y el acceso al contenido de su programación…”, por lo tanto, es obligación del Estado el garantizar la accesibilidad a los contenidos informativos y comunicacionales que las autoridades están dirigiendo a la población en general sobre la enfermedad, los métodos de prevención y servicios en forma precisa, accesible y oportuna para que las personas con discapacidad tomen decisiones sobre cómo protegerse, cómo acceder a necesidades y servicios durante la cuarentena o aislamiento voluntario.
En consecuencia, la obligación de las autoridades tanto estatales como municipales, es la de asegurar que la información de salud pública y la comunicación sean accesibles para las personas con discapacidad, de manera oportuna y sin costo adicional; agregar subtítulos y lengua de señas en todos los eventos y comunicaciones en vivo o grabados, ruedas de prensa y redes sociales, y que el recuadro en el que aparece la persona intérprete cumpla con las normatividades ya establecidas; convertir los materiales públicos a un formato que sea fácil de leer para personas con discapacidad intelectual; realizar productos de información escritos accesibles, con un formato apropiado, títulos estructurados, letra grandes, versiones en braille y formatos aptos para personas con discapacidad visual y/o auditiva; agregar leyendas a las imágenes utilizadas en documentos o en las redes sociales, y que estas imágenes sean incluyentes y no estigmaticen la discapacidad; finalmente, trabajar con organizaciones dedicadas a la discapacidad, como entidades de promoción de la causa y prestadores de servicios, a fin de difundir información de salud pública.
En este tenor, el Consejo General del Mecanismo Independiente de Monitoreo del Estado de Quintana Roo, como órgano encargado de la promoción, protección y supervisión de la aplicación de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, emitimos un respetuoso llamado a las autoridades estatales así como a las municipales para que atiendan la obligación de adoptar todas las medidas pertinentes para garantizar el derecho al acceso a la información de las personas con discapacidad en igualdad de condiciones que los demás.
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