Uber gana amparo en Quintana Roo, pero aún no puede operar

El Tercer Tribunal Colegiado con sede en Cancún otorgó un amparo a la empresa Uber, sin embargo aún no podrá operar en Quintana Roo.

Y es que de acuerdo con especialistas legales consultados, debe pasar aún varios procesos para que la firma extranjera puede prestar el servicio libremente.

El fallo establece que debe haber una regulación de las plataformas de transporte, pero ya sin la exigencia de una concesión, por lo que la entrada no será inmediata, sino que deberá definirse una regulación distinta a la que actualmente está contenida en la Ley de Movilidad del Estado.

De acuerdo con los abogados consultados “aún tienen que librar la notificación y la reforma a la Ley de Movilidad del Estado”. Lo anterior sin contar las reglas que den claridad al estado en materia de impuestos.

Jonathan Pineda Castro, representante legal de los Taxistas de Quintana Roo, aseguró hoy durante las manifestaciones realizadas en diversos puntos del estado, que darán la batalla legal hasta la última instancia para evitar que el servicio de la plataforma de Uber opere en la entidad.

Por su parte Eleazar Sagrero Ordóñez, líder del Frente Único de Trabajadores del Volante, aseguró que continuarán la pugna legal contra la empresa a la que acusan de infringir la Ley de Movilidad.

“No somos incrédulos, no somos nuevos, viene la etapa de cumplimiento, vamos a defender al transporte, a los taxistas y no nos vamos a rendir”, dijo.

 La empresa emitió un posicionamiento donde se precisa que “Uber se encuentra disponible en el estado desde el 2016, y hoy se confirma por la vía legal lo que la compañía ha sostenido desde sus inicios: que no requiere de una concesión de transporte público para funcionar en Quintana Roo. Año con año hemos buscado contribuir en favor de la comunidad quintanarroense, y decisiones como ésta nos motivan para redoblar esos esfuerzos”.

Para los conocedores de la ley, el amparo otorgado hoy a Uber, sólo representa un escalón en el camino y aún faltan varias instancias legales para definir el proceso.