La XVII Legislatura de Quintana Roo dio lectura y turnó a comisiones para su análisis iniciativas en materia de derechos humanos de las personas con discapacidad, en materia deportiva, para la protección de los inmuebles municipales, y también en materia de bienestar animal para establecer la prohibición de jaripeos, vaquerías y carreras de caballos.
En primer lugar, se dio lectura a una iniciativa de reformas a la Ley de Protección y Bienestar Animal para prohibir el uso y tránsito de vehículos de tracción animal en vialidades asfaltadas y para fines distintos al uso agropecuario.
La propuesta, presentada por la diputada Maritza Deyanira Basurto Basurto, presidenta de la Comisión de Desarrollo Humano, Poblacional y Productividad también plantea prohibir las corridas de toros, vaquillas o novillos y becerros, las charlotadas, el jaripeo, las vaquerías, carreras de caballos, las peleas de gallos y el entrenamiento de animales para su utilización en este tipo de espectáculos.
Esta representaría una ampliación de las prohibiciones que ya contiene la ley, que ya impide las corridas de toros y peleas de gallos, así como ya impide el uso de vehículos de tracción animal, aunque los caleseros de Cozumel han obtenido amparos para poder seguir trabajando.
Sin embargo, los jaripeos, las carreras de caballos y las vaquerías no están prohibidas y son parte esencial de las fiestas populares de las comunidades rurales de la entidad; además de que se pretende prohibir el uso de animales de monta, carga, tiro y labranza en caminos asfaltados, por lo que se impedirían las cabalgatas también, de allí que se espera una fuerte reacción de rechazo entre habitantes del campo, que se sume a la inconformidad ya existente por la prohibición de peleas de gallos y corridas de toros.
Por otra parte, se dio lectura a la iniciativa de reforma a la Ley de los Municipios, presentada por la diputada Alicia Tapia Montejo, presidenta de la Comisión de Desarrollo Rural y Pesquero y el diputado Hugo Alday Nieto, presidente de la Comisión de Justicia, en la que proponen crear una unidad de enlace para la atención de personas con discapacidad, la cual se prevé esté adscrita a la Secretaría General de los Ayuntamientos, cuya función será la de garantizar el cumplimiento de los derechos humanos de las personas con discapacidad.
De igual forma, se dio lectura a la iniciativa de reforma a la Ley de los Trabajadores al Servicio de los Poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial, de los Ayuntamientos y Organismos Descentralizados del Estado, para establecer la obligación por parte de las autoridades estatales de contar con un puesto de nivel directivo para personas con discapacidad.
Esto con el propósito de impulsar nuevas oportunidades y condiciones justas de acceso y estabilidad laboral a las personas con alguna discapacidad, haciendo valer el derecho al trabajo decente.
Por su parte la diputada Tapia presentó una iniciativa de reformas a la Ley Estatal de Cultura Física y Deporte, para que en la planificación y construcción de las instalaciones para la cultura física y el deporte financiadas con recursos públicos, se tome en cuenta la infraestructura deportiva para personas con discapacidad.
El objetivo de la propuesta es el de garantizar el acceso a la práctica del deporte, con el cual mejorarían la calidad de vida de las personas con discapacidad y se disminuiría la desigualdad, fortaleciendo el derecho social que prevén las leyes en materia de cultura física y deporte.
En la sesión ordinaria también fue leída y turnada a comisiones para su análisis, la iniciativa de reformas al Código Penal del Estado para proteger los bienes inmuebles que son patrimonio de los municipios de la entidad, al considerar como despojo calificado a quien ocupe dichos bienes.
La propuesta, presentada por el diputado Omar Antonio Rodríguez Martínez, presidente de la Comisión Anticorrupción, Participación Ciudadana y Órganos Autónomos; busca evitar que los bienes sean invadidos u ocupados por personas que buscan obtener un beneficio propio en perjuicio de la comunidad.
Por otra parte, se aprobó que la entrega de la Medalla al Mérito Policial de Quintana Roo”en su edición del año 2023, se realice por única ocasión durante el presente año en Sesión Solemne, en la fecha y hora que determine la presidencia de la Mesa Directiva en funciones, por lo que se siguió posponiendo, ya que debía entregarse en enero.
Esta modificación responde a la necesidad de contar con un plazo adecuado para llevar a cabo el procedimiento que establece el Decreto por el que se declara el Día del Policía de Quintana Roo y se Instituye la Medalla al Mérito Policial de Quintana Roo, así como para la logística y organización de la sesión solemne en la que se entregará esta importante distinción a una persona que, en el ejercicio de su función policial, haya logrado importantes méritos para obtener tal reconocimiento y que, más allá de la distinción, haya dejado una huella positiva en el quehacer público en materia policial a favor de la población de Quintana Roo.
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