Poco antes de las 12 de la noche, el Instituto Nacional Electoral definió reglas para los “procesos” que llevan a cabo Morena y la oposición con miras de definir sus candidaturas presidenciales.
Con votación dividida, 7 contra 4, se aprobó un tope de gastos de 34 millones para cada aspirante.
Los lineamientos no exigen a los participantes que renuncien a sus cargos públicos, pues se estableció que ninguna ley lo pide para aspirar a cargos partidistas.
La consejera Claudia Zavala dijo que la ley no contempla “pre-pre-campañas”, pero dijo que el INE debe cumplir una sentencia para “normar una serie de actividades proselitistas para un periodo que no está contemplado en la Constitución”.
Informó que ya hay registro de todos los actos que están realizando los aspirantes y que será el Tribunal Electoral el que decida de manera definitiva si son precampañas.
“Lo que ahora predomina en la vida pública, o en la vida política, son actos de proselitismo”.
Dijo que este proselitismo oculto es una afrenta al Estado de derecho, de actores que deben estar comprometidos con la legislación vigente.
La consejera Dania Ravel dijo que según la sentencia del Tribunal no es necesario que los aspirantes renuncien a cargos públicos, pues se trata de procesos intrapartidistas.
El representante de Morena, Eurípides Flores, criticó que no se pida la renuncia de Santiago Creel y Xóchitl Gálvez, pero que sí se prohíba a funcionarios públicos manifestarse sobre el tema, lo que, dijo, está dirigido para silenciar al presidente Andrés Manuel López Obrador.
Los representantes de PRI, PAN y PRD afirmaron que no están en un proceso fuera de la ley, pues optaron por crear un ‘frente’, que está contemplado en la legislación.
Los consejeros aprobaron por votación dividida (siete contra cuatro) el tope de gastos, con votos y posturas en contra de las consejeras Dania Ravel, Claudia Zavala, Carla Humphrey y el consejero Martín Faz.
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