Al iniciar el debate social sobre la reforma constitucional para la semana laboral de las 40 horas, legisladores y representantes de la IP presentaron posiciones encontradas sobre el tema. Unos pidieron una modificación gradual, otros temieron por la economía y el empleo, otros señalaron la explotación laboral.
En el primer día del Parlamento Abierto sobre la reforma para disminuir la jornada laboral de 48 a 40 horas semanales, diputados y empresarios confrontaron sus posturas. Los legisladores señalaron las prácticas de explotación laboral sin pago de horas extra, así como las afectaciones a la salud física y mental de las persona trabajadoras; y los representantes empresariales advirtieron que el proyecto provocará un apocalipsis: desempleo, informalidad e inflación.
Nadie aceptó estar en contra de la reforma al artículo 123 Constitucional, propuesto por la diputada Susana Prieto (Morena), incluso quienes han señalado su oposición, pero indicaron que no es el momento y que, en todo caso, la modificación debe ser gradual y por sectores. El PAN ponderó su posición y señaló que su partido no ha fijado postura, pues primero quiere escuchar más voces, según dijo la diputada de ese partido, Noemí Luna.
Esta reforma ya fue aprobada por la Comisión de Puntos Constitucionales cuando estaba por terminar el pasado periodo ordinario. Al inicio de éste, la Junta de Coordinación Política (Jucopo), presidida por el PAN, decidió por unanimidad detener el dictamen y convocar a un Parlamento Abierto.
México es el país de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) donde más se trabaja. Con un promedio de 2,137 horas laborales al año por persona, queda muy por encima de las 1,726 horas promedio de la agrupación. Sin embargo, esto no ha significado una mayor producción en el país y mucho menos mejores salarios y condiciones de vida para las personas trabajadoras.
“La reforma, como está planteada el día de hoy, no es el momento para de ser aprobada”, señaló Ricardo Barbosa Ascencio, presidente nacional de la Comisión Laboral de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex). Luego de asegurar que fue ese organismo empresarial el que impulsó las reformas de vacaciones dignas, regulación de subcontratación y al sistema pensionario, así como el aumento del salario mínimo, continuó a enumerar lo fatídico de esta iniciativa.
Según el representante empresarial, de establecer dos días de descanso obligatorio para todas las personas trabajadoras aumentará la informalidad, disminuirá la recaudación del Impuesto sobre la Renta (ISR), bajará la aportación de cuotas al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y los costos de la nómina subirán entre 35 y 40 por ciento. Esto afectaría principalmente a las micro, pequeñas y medianas empresas (mipymes).
Pero para el también asesor laboral del Consejo Nacional Agropecuario (CNA) la catástrofe no pararía ahí. Ninguna empresa en México podría absorber ese costo sin que se vea reflejado en el aumento en los precios de los productos y servicios, lo cual descontrolaría nuevamente la inflación y el resto es historia, pronosticó.
Jornadas de 48 horas y daños a la salud
“Soy la iniciadora de esta propuesta y la propuse porque he recogido datos estadísticos. Escuché de los trabajadores y las trabajadoras de este país que sus jornadas son extenuantes, que no pueden convivir con sus hijos, que un día de descanso es insuficiente”, indicó la diputada Susana Prieto.
Agregó que la mitad de la población que labora en los 33 municipios con más inversión extranjera está lesionada debido a las largas jornadas de trabajo y lo que ello provoca física, mental y emocionalmente. “Tenemos graves daños a la salud, a la seguridad y al tejido social por la explotación del hombre por el hombre”, subrayó.
“Yo también quiero oír todas las voces, aunque tenga ya 40 años escuchándolas”, apuntó la legisladora. “Esta reforma ya se había tocado hace 70 años, pero escuchamos a una de las presidenciables (Xóchitl Gálvez) diciendo que no es el tiempo. Hace 70 años no lo era y en este momento tampoco”.
Esto último molestó a los representantes empresariales. “Hago una respetuosa petición a los legisladores a no politizar y no utilizar con fines electorales la propuesta de reforma”, dijo Lorenzo Roel, presidente de la Comisión Laboral del Consejo Coordinador Empresarial (CCE). Ricardo Barbosa también inició su participación señalando que se ha estado dividiendo a la sociedad en este tema.
Lorenzo Roel indicó que, de aprobarse esta reforma se requerirá cubrir 105 millones de horas semanales y, por lo menos, “2.6 millones de personas trabajadores que laboren jornadas reducidas, lo cual es prácticamente imposible. Además de que el costo por concepto de tiempo extra y por concepto de día de descanso laborado tendría un impacto anual aproximado de 360,000 millones de pesos”.
Dijo también que la jornada no es de 48 horas, sino que “en realidad es de 45 horas efectivas, descontando la media hora para descansar o tomar alimentos”. Sobre esto, más adelante la diputada Susana Prieto apuntó: “Dicen que a confesión de parte, relevo de prueba (…), el artículo 63 prohíbe esto expresamente. La hora de comida debe ser contabilizada como tiempo efectivo laboral”.
Otros diputados que señalaron su apoyo a la reforma fueron Benjamín Robles (PT) y Tereso Medina (PRI). Sergio Barrera (MC) indicó el apoyo de su bancada, pero adelantó que requerirán una aplicación gradual. Barrera dijo también que este dictamen beneficiaría a por lo menos 22 millones de personas que laboran en el mercado laboral formal.
Sin embargo, para Sofía Ramírez Aguilar, directora general de México, ¿cómo vamos?, en realidad favorecería sólo a 15.6 millones de personas, que son quienes laboran más de 48 horas a la semana. De ellas, agregó, 7.2 millones trabajan en mipymes.
En su turno, el abogado empresarial Carlos Ferrán sugirió que esta iniciativa podría estar violando el Convenio 98 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) sobre el derecho de sindicación y de negociación colectiva. Los acuerdos de horarios y otras condiciones de trabajo se acuerdan entre trabajadores y empresas, entonces, “no sé qué tanto le vamos a dejar a la negociación colectiva”, dijo.
“No estamos en contra de la reforma”, pero para negociarla “hay reglas muy claras” establecidas en el Convenio 145 de la OIT sobre la continuidad del empleo y un Parlamento Abierto no es una negociación tripartita, apuntó Lorenzo Roel.
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