Hace un par de meses, en una cápsula del Poder Judicial Federal, la autodenominada ministra del pueblo, hacía una disertación respecto de que en el futuro el acceso a la justicia sería de manera directa sin la necesidad de abogados y representantes profesionales del derecho para llevar a cabo los juicios. Por lo que, para ello, propondría la creación de formatos para cada caso en concreto y para cada etapa del proceso, independientemente, claro está, de la materia que se trate.
Su fundamento era específicamente el dicho que acuñó el expresidente al mencionar que como el pueblo es sabio, puede representarse legamente a sí mismo en juicio. Lo que me pareció tremendamente alarmante, viniendo de una persona que se presume conoce de leyes.
Sin embargo, esta idea ha permeado en todas las áreas de la administración pública, llegando incluso a satanizarse a cualquier individuo que porte un posgrado, tachándole de tecnócrata y por ende colocándole la etiqueta de salinista, solo por el simple hecho de que a algún sujeto si le gustó profesionalizarse y estudiar.
De acuerdo con algunas encuestas en materia de tecnología, la población mexicana confía más en un santero o brujo, que, en un especialista o técnico en la materia. Más en un coyote que en un abogado, porque para una gran parte de la población, las personas con posgrados y conocimientos superiores a la media resultan atemorizantes. A partir de están idea, es que la tendencia del pueblo sabio, se extendió sobre las mayorías, desplazando poco a poco a los que han llevado procesos de décadas en especializaciones.
Un ejemplo reciente lo tuve personalmente en una discusión con un sujeto que mencionaba que, en materia de propiedad industrial, no se requería mayor conocimiento porque se trataba de formularios sencillos y pagar. Ante mi pregunta de qué haría si le llegara una acción oficial de forma o de fondo, o que le notificaran una oposición de una particular al registro de su marca, y que esto escalara a juicio de nulidad administrativa y finalmente al amparo directo; su argumento fue que todo eso eran inventos de los abogados para cobrar más, que nadie tendría un registro marcario.
Ante la cerrazón de la sin razón, y escuchar de él que podría considerarse un experto por presentar una solicitud en línea, le respondí socráticamente que, con una licenciatura, dos maestrías y un doctorado con tesis en propiedad industrial, aún no podía considerarme un experto como él, situación que terminó en descalificativos, como terminan las discusiones aquellos que no tienen más argumentos.
Mi conclusión es clara, la mayor pandemia que hoy enfrenta nuestro país es la ignorancia estacional, contagiada y sostenida por panfleteros y youtubers, que, sin ser especialistas en materia alguna, sacan conclusiones de todo que la sociedad absorbe a través de una red digital, sin detenerse a analizar la información o cotejarla de alguna manera.
Sin embargo, esta creencia que se impulsa desde el oficialismo en lo local, por sujetos como el antes mencionado, no coincide en absoluto con la realidad de nuestra administración federal, en donde la presidenta de México cuenta con grado académico de doctorado, lo mismo que varios secretarios de estado y gente del primer círculo, es decir, son tecnócratas también, pero de izquierda.
Hoy, estoy seguro de que México requiere de las personas más competentes en todas las materias para poder trascender esta transformación que se esta desarrollando, pero más aún, para poder enfrentar ese mundo extremadamente competitivo con el que nos toca lidiar para defender nuestra soberanía, nuestra moneda y nuestro desarrollo económico, porque de no ser así, este sexenio seguirá, como siguen las cosas que no tienen mucho sentido.
