DIANA ALVARADO, 16 DE MARZO 2025.– Sólo 36 personas poseen más de 39 mil hectáreas en alrededor de 63 mil ejidos de propiedad social que se encuentran en zonas turísticas de alto valor comercial, bosques y selvas, así como áreas naturales protegidas del país, terrenos que son destinados al mercado inmobiliario para construir fraccionamientos y viviendas de alta plusvalía o proyectos mineros, de acuerdo con una investigación del Registro Agrario Nacional.
Se trata de un expolio de la propiedad social, define el documento de 160 páginas, el cual se enfocó “a los grandes acaparadores de tierra de propiedad social… Lo que distingue a los mayores acaparadores es la cercanía con fuentes de financiamiento… Ese poder económico casi siempre está ligado al poder político local, y en algunos casos al nacional. No se puede entender la actuación impune si no existió algún tipo de colusión con quienes pueden tener acceso a los trámites”.
Entre estos terratenientes figuran políticos, ex funcionarios y empresarios, quienes a partir de la falsificación de documentos, contratos leoninos, prestanombres, cooptación y amenazas a las asambleas ejidales y la complicidad de funcionarios de los tres niveles de gobierno han acaparado grandes extensiones de tierra aprovechando la tendencia privatizadora salinista de 1992 en el campo. Estos personajes incluso han sido acusados en procesos jurídicos de despojo, señala el estudio.
El documento –con datos a 2024– indica que mientras 18 personas poseen 31 mil 473.8 hectáreas en 21 mil 695 parcelas, que son terrenos útiles para las actividades agropecuaria o forestal, otros 18 concentran 7 mil 529.9 hectáreas en 41 mil 385 predios, cuyo destino es para la urbanización y construcción de vivienda.
El Registro Agrario Nacional concluye que los sujetos responsables de estas actividades pueden realizarlas individualmente o en grupo, y que es tal la sofisticación con que actúan y el grado de cinismo, que se amparan. El fenómeno del acaparamiento de grandes superficies en ejidos del país es el principal factor de afectación y disminución de la propiedad social, advierte.
El estudio del RAN destaca los casos de Antonino Almazán Arteaga, ex funcionario de esta institución, quien posee 5 mil 145 parcelas en 12 núcleos agrarios, con 3 mil 63 hectáreas, ubicadas en 10 municipios de los estados de Yucatán, Quintana Roo, Jalisco y Campeche, cuyo valor es superior a mil 200 millones de pesos.
Del total de esa superficie, en 442 hectáreas del municipio de Progreso, Yucatán, con Almazán Arteaga –a quien el gobierno de Enrique Peña Nieto condonó una deuda fiscal de 27.5 millones de pesos– aparece como cotitular el artista plástico mexicano Carlos Alberto Génova Gamboa, quien es considerado el segundo acaparador de tierras, pues posee 4 mil 236 parcelas en cinco municipios de Yucatán y Quintana Roo, y suma en total 541.1 hectáreas. Génova Gamboa es sobrino del ex coordinador de los diputados del PRI Emilio Gamboa Patrón.
El estudio identifica a Miguel Velázquez Nieva, quien posee 491 parcelas en 13 municipios de Campeche, Michoacán, Durango, Yucatán y Quintana Roo, con mil 644.8 hectáreas; la Fiscalía General de la República lo señaló como presunto operador de una de las empresas fantasmas utilizadas para el presunto desvío de recursos en el gobierno de Javier Duarte de Ochoa en Veracruz, preso desde 2017.
En la lista también están Moisés Rafael Mizrachi Nizri, quien posee 2 mil 387 parcelas en dos municipios de Yucatán, con 249.4 hectáreas, y Fernando Francisco Javier Ponce García acumula 748 predios en Quintana Roo, con 653.9 hectáreas; él es dueño de la empresa Bepensa, embotelladora de Coca Cola en Yucatán, y es señalado por campesinos del despojo de derechos ejidales en la zona de Holbox. También figuran Eduardo Antonio Tricio Sierra, con 31 parcelas en tres municipios de Coahuila y Durango que abarcan mil 408.8 hectáreas; la familia Tricio es propietaria de Grupo Lala.
El estudio incluye a los acaparadores de solares, quienes prefieren este tipo de posesión porque se les asigna gratuitamente, sin ningún pago de impuestos y su comercialización puede realizarse en menor plazo que las parcelas.
La investigación del Registro Agrario identifica a Ausencio Dávila López como el mayor acaparador en este rubro, pues concentra 5 mil 186 solares en Quintana Roo, con 4 mil 502.7 hectáreas. No obstante, se aclara que la información de esta persona sigue en revisión.
Otro terrateniente es Rafael Acosta Solís, con 3 mil 867 solares, con una extensión de 995.08 hectáreas en cinco municipios de Yucatán; esta persona llama la atención por haber sido subprocurador de Justicia en el estado de Yucatán, indica el informe. También figura Antonino Cascio González, quien ademas de figurar en la lista de principales acaparadores de parcelas, lo es también de 2 mil 951 solares en cuatro municipios de Yucatán, con 168.05 hectáreas.
Lorenzo Adalberto Rodríguez Carlos acumula 2 mil 995 solares, con 638.2 hectáreas en Yucatán, y está relacionado con Mauricio Vila Dosal, ex gobernador de esta entidad.
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