Por Danna Ramírez Saldaña
Hace unos días realice un recorrido por las calles de Pericos, Gaviotas, Pelicano Blanco, Halcón, Loros, Golondrina Marina, Pavorreal, Canario Yucateco, Zanate Mexicano, Avenida Lechuzas, entre otras, derivado de los múltiples reclamos de la ciudadanía que vive en la Colonia Villas del Sol, que lleva años siendo afectada por el pésimo y oneroso servicio de suministro de agua que proporciona la empresa AGUAKAN.
Las irregularidades detectadas son: cobros excesivos hasta en días en que dicha empresa no presta el servicio; tapas de registros del agua completamente dañados, cuyos hoyancos generan accidentes y que, a dicho de los vecinos, la empresa les cobra un pago de $3, 000.00 (Son: Tres mil pesos M/N) solamente por la instalación de la tapa de plástico por casa, sin garantizar la reparación del medidor.
La mayoría de los vecinos denuncia que los cobros son arbitrarios y excesivos, siendo que los medidores no funcionan.
Hay falta de presión del vital líquido, por lo cual se vieron obligados a construir cisternas, bombas de agua, tanques de almacenamiento y la red hidráulica está sumamente deteriorada.
Entre otras cuestiones, reportan que varios días de la semana no cuentan con suministro de agua potable y, a pesar de ello, se les cobra el servicio.
Esta es una situación generalizada en toda nuestra demarcación territorial.
Debe destacarse que el acceso al agua potable, el saneamiento y la higiene son las necesidades humanas más apremiantes y básicas para la salud y el bienestar todas, todos y todes.
Por ello, me sumo plena y convencidamente a esos justos y legítimos reclamos, ya que hay una grave vulneración al derecho al agua, establecido en el Artículo 4 de la Constitución Política de los Estado Unidos Mexicanos, que determina la obligación de los tres órdenes de gobierno para garantizar ese derecho.
Por ello, independientemente de las acciones legales que actualmente se vienen llevando en contra de dicha empresa, es fundamental que las instancias municipales de Playa del Carmen involucradas diseñen e implementen una política pública en la materia para afrontar esta situación y garantizar el derecho al agua de las y los playenses.
Por ello, en mi carácter de Regidora, Presidenta de la Comisión de Derechos Humanos y ciudadana comprometido en la solución de los problemas y demandas más sentidas de los habitantes de Playa del Carmen, como la que aquí se describe, presenté la solicitud formal para que las instancias municipales que correspondan, estudien, analicen y presenten a la brevedad un reglamento municipal que regule adecuadamente las concesiones del servicio público del agua, conforme al artículo 66, fracción tercera, inciso h) de la Ley de los Municipios del Estado de Quintana Roo.
Ello con el seguimiento de los integrantes del Cabildo Municipal, para dar una pronta respuesta a las familias playenses y garantizar el derecho humano al agua.
Por supuesto, se debe conformar un grupo de trabajo multidisciplinario para que atienda y dé respuestas puntuales a esta problemática.
Más que un exhorto, debe haber una estrategia jurídica, política, presupuestal, urbanística, entre otros, para garantizar el suministro de agua potable, que incluya acciones de acompañamiento legal y de asesoría a los vecinos que están siendo esquilmados por esa empresa.
La ciudadanía reclama que se pongan fin a los cobros excesivos, a la falta de suministro, que afuera de sus casas no existan esos hoyancos que ponen en riesgo la integridad física de las familias, especialmente de los niños y niñas que se han lesionado gravemente, como me lo externaron, entre otros tópicos.
Es hora de actuar con decisión y responsabilidad.
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