DIANA ALVARADO 14 DE MAYO 2025.— Un grupo de congresistas estadunidenses envió ayer una misiva a los titulares de los departamentos de Seguridad Nacional, de Justicia y de Estado –Kristi Noem, Pam Bondi y Marco Rubio, respectivamente– en la que los instan a tomar medidas contundentes para frenar el tráfico de armas fabricadas en su país hacia México. Argumentaron que la mayoría de las armas ilegales terminan en manos de los cárteles mexicanos.
Esta solicitud surge tras la reciente designación de ocho cárteles latinoamericanos como organizaciones terroristas extranjeras (FTO, por sus siglas en inglés) por parte de la administración del presidente Donald Trump.
Nos alegramos de que el presidente Trump aceptara abordar la ilegalidad de cientos de miles de armas de fuego fabricadas en Estados Unidos que cruzan la frontera sur, cuando pospuso inicialmente la aplicación de aranceles a nuestro aliado México. En consecuencia, lo instamos a utilizar la designación FTO para tomar medidas agresivas que detengan el flujo de armas estadunidenses a los cárteles, señala la carta.
Los legisladores puntualizaron que 70 por ciento de las armas recuperadas en escenas del crimen en México se rastrean hasta Estados Unidos. Afirmaron que es un hecho bien establecido que la abrumadora mayoría de los artefactos utilizados por los cárteles latinoamericanos son de origen estadunidense.
Destacaron que se estima que entre 200 mil y 500 mil armas cruzan ilegalmente la frontera sur cada año, lo que ha permitido a las organizaciones criminales consolidar su control sobre el tráfico de fentanilo y personas, además de socavar la aplicación de la ley en México.
Fortalecer la colaboración
Los congresistas solicitaron una mayor cooperación interinstitucional para desmantelar redes de tráfico, incrementar las inspecciones en los cruces fronterizos y fortalecer la colaboración con las autoridades mexicanas para frenar el contrabando de armas.
Dicho de manera simple: si no detenemos el flujo de armas fabricadas en Estados Unidos hacia México, no podremos frenar el flujo de fentanilo hacia nuestro país por esa misma frontera, advirtieron.
Entre las medidas concretas propuestas por los congresistas destacan: el incremento de la cooperación interinstitucional para rastrear y desarticular las redes de contrabando, así como la ampliación de inspecciones en cruces fronterizos.
El fortalecimiento del intercambio de inteligencia con México.
Subrayaron que la designación FTO otorga herramientas legales adicionales para reforzar la coordinación entre agencias, desmantelar redes financieras y establecer sanciones más severas contra quienes presten apoyo material a estos grupos delictivos.
En concreto, la ley establece que es ilegal proporcionar, a sabiendas, apoyo material o recursos a una organización terrorista extranjera. Quienes lo hagan pueden ser multados o condenados hasta a 20 años de prisión. Las personas o entidades que suministren armas, fondos, equipos u otro tipo de apoyo tangible pueden enfrentar un proceso federal serio si son encontradas responsables, señalaron.
Entre los firmantes de la carta destaca: Ben Ray Luján, senador por Nuevo México y líder demócrata en la Cámara de Representantes.
También Catherine Cortez Masto, senadora por Nevada y primera mujer latina en ocupar un escaño en el Senado.
Eric Swalwell, representante por California y miembro del Comité de Inteligencia.
Robert J. Menendez, representante por Nueva Jersey e hijo del senador Bob Menendez, conocido por su enfoque en temas internacionales.
