DIANA ALVARADO 02 DE JUNIO 2025.— El hecho de que 87 por ciento de los mexicanos no quisieron o no pudieron votar ayer domingo, no deslegitima la elección judicial, porque no se estableció un mínimo de participación ciudadana para declarar su validez, aclaró la consejera electoral Carla Humphrey.
A pregunta expresa sobre el nivel de personas que acudió a las urnas (entre 12.5 y 13.3 por ciento), consideró que el Instituto Nacional Electoral (INE) organiza una elección para que todos los ciudadanos ejerzan su derecho al sufragio, pero es difícil que vayan a las casillas, incluso en las elecciones para la presidencia de México.
“El INE cumplió y cumplió con creces, sin presupuesto, con poco tiempo con una reforma con muchos vacíos, antinomias, mucho que tuvimos que estar regulando mediante acuerdos del Consejo General. Me parece que el INE cumplió, como siempre lo ha hecho, con la ciudadanía y con la encomienda que nos dieron con escasos 8 meses para un proceso inédito en el país y en el mundo”, puntualizó.
Recordó que la participación en el proceso electoral de 2024 fue de 61 por ciento a nivel nacional, incluso, añadió, en el estado de México y Coahuila no llegaron ni al 50 por ciento de votantes en esos comicios.
Mientras que para la Revocación de mandato en 2022, sólo 17 por ciento de los ciudadanos acudió a las urnas y todavía fue más bajo en la consulta popular de 2021 con 7 por ciento de participación ciudadana.
“Un escenario entre el 12 y 13 por ciento es más del 87 por ciento que no quiso sumarse a votar. Pero en los procesos democráticos cuesta trabajo llevar a la ciudadanía a las urnas y fue poco tiempo para que los ciudadanos se dieran cuenta de la importancia de elegir a las personas que van a impartir justicia en este país”, subrayó en conferencia de prensa.
Tras informar que el INE recibió 98 quejas relativas a los gastos de campaña de los candidatos, comentó que la Unidad Técnica de Fiscalización investigará quiénes repartieron los acordeones, de dónde surgieron los recursos, ese dinero público o privado y el objetivo es indagar hasta donde se pueda llegar, aunque la FISEL también tiene que investigar y hay que ver cuánto tiempo se pueden tardar las diligencias.
