DIANA ALVARADO 09 DE JUNIO 2025.— El Comité Directivo Estatal del Partido Revolucionario Institucional en Quintana Roo, encabezado por su presidenta, Cora Amalia Castilla Madrid, alza la voz en defensa de la libertad de expresión y rechaza categóricamente la reforma impulsada por Morena que pretende imponer un mayor control gubernamental sobre internet y los medios de comunicación bajo el disfraz de “regulación”.
“Esta iniciativa representa un grave retroceso democrático. Controlar los contenidos digitales equivale a censurar opiniones incómodas y limitar el debate público, pilares fundamentales de toda sociedad libre”, expresó Cora Amalia.
El PRI de Quintana Roo advierte que esta reforma sigue el camino de regímenes autoritarios que utilizan la regulación tecnológica como un arma para acallar voces críticas y suprimir el pensamiento libre. Un internet libre es condición esencial para la democracia moderna. Cualquier intento por restringir el flujo de información en la red atenta directamente contra el derecho de las y los mexicanos a informarse y expresarse sin miedo.
Asimismo, señaló que el ejercicio periodístico independiente sería uno de los sectores más vulnerables ante esta reforma. “En un país donde la violencia contra periodistas es alarmante, imponer cortapisas a internet asfixiaría a los pocos medios independientes que subsisten gracias a la red”, puntualizó.
Además, la presidenta del PRI en Quintana Roo destacó las graves afectaciones económicas que esta medida traería consigo. El control excesivo en telecomunicaciones pondría en riesgo a millones de emprendedores, creadores de contenido y pequeñas empresas que han encontrado en internet una herramienta para innovar, generar empleo y crecer.
Tres ejes conflictivos de la iniciativa han generado especial preocupación:
1.Artículo 109, que contemplaba el bloqueo de contenidos sin controles judiciales, una grave amenaza al principio de legalidad.
2.La centralización del poder regulatorio en la Agencia de Tecnologías Digitales (ATDT), en lugar de mantener esa facultad en el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), debilitando el equilibrio institucional.
3.La imposición de multas por propaganda extranjera, una medida ambigua que puede derivar en coartar la libertad mediática y de expresión.
En respuesta a la presión social y a las críticas de expertos y organizaciones, el Ejecutivo dio marcha atrás parcialmente, retirando el Artículo 109 y abriendo espacios de diálogo. Actualmente, se revisa el dictamen con el fin de eliminar ambigüedades, restablecer marcos democráticos —como licitaciones abiertas, consultas ciudadanas y principios de igualdad digital—, y garantizar compatibilidad con el T-MEC y estándares internacionales.
Sin embargo, para muchos académicos y especialistas, estos ajustes no son más que una simulación, pues el fondo autoritario de la reforma persiste, disfrazado de apertura.
“Lo más grave es que estamos frente a una censura disfrazada de regulación. México no necesita un internet vigilado por el poder, necesita un internet libre y abierto. Silenciar el espacio digital es sepultar nuestra democracia”, concluyó Cora Amalia Castilla Madrid.
El PRI en Quintana Roo reitera su compromiso con las libertades y los derechos fundamentales, y llama a todas las fuerzas democráticas del país a rechazar esta peligrosa iniciativa.
