DIANA ALVARADO 18 DE JUNIO 2025.— La Fiscalía General de la República (FGR) informó que “iniciará de inmediato, a la jueza de control, Alejandra Domínguez Santos, una carpeta de investigación por delitos en contra de la administración de justicia”, por haber emitido una resolución de libertad en favor de la que fungiera como Oficial Mayor de la extinta Procuraduría General de la República (PGR), Judith “G”, quien fue acusada de participar en la presunta adquisición ilegal de equipos de espionaje (Pegasus).
En este caso, desde 2014 la empresa israelita NSO Group utilizaba a la empresa mexicana KBH TRACK para realizar espionaje telefónico a “diversos solicitantes”, entre ellos el ex comisionado Nacional de Seguridad (CNS), durante el gobierno de Enrique Peña Nieto, Manuel Mondragón y Kalb, cuyo teléfono fue intervenido y “grabadas sus conversaciones con funcionarios de la Secretaría de Gobernación y de áreas de seguridad nacional”, señaló la FGR en julio de 2021.
En esa fecha, el Ministerio Público Federal indicó que la empresa NSO Group obtuvo un disco duro con el espionaje realizado por la compañía mexicana, la cual vendió el malware llamado Pegasus a diversas instituciones mexicanas, entre ellas la hoy FGR, y estuvo bajo conducción del ex titular de la Agencia Investigación Criminal (AIC), durante el gobierno de Enrique Peña Nieto.
En ese contexto, la FGR solicitó, a la jueza Domínguez Santos, la vinculación a proceso de la probable responsable de esa adquisición ilegal, Judith “G”. Y, después de dos años y medio de retraso ilegal, dicha jueza concedió la audiencia para determinar la no vinculación, indicó la FGR.
A la ex oficial mayor, se le imputó uso indebido de atribuciones y facultades al incumplir la obligación de supervisar dicha contratación ilegal, según lo previsto en el artículo 18 del Reglamento de la Ley Orgánica de la entonces PGR.
Asimismo, se le señaló de haber cometido peculado, al participar en el desvío ilegal de recursos, sin que existiera el riesgo, la urgencia o la confidencialidad necesarios para estas compras.
De igual manera la FGR buscó que se le juzgara por fraude equiparado, al incumplir sus obligaciones y participar en una operación que claramente dañó gravemente el patrimonio de la institución, en beneficio del proveedor; y asociación delictuosa, al participar en los delitos anteriormente señalados, en conjunto con otros servidores públicos de la institución.
La FGR puntualizó que la ex funcionaria habría “permitido la adquisición ilegal de esos equipos de espionaje, sin que se demostrara que había necesidad de ello, pagando 460 millones 196 mil 383.64 pesos, que le significaron un grave daño irreparable al patrimonio público”.
En este caso existe aprehensión pendiente de cumplimentarse en contra de Tomás Zerón, quien fuera titular de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), quien se encuentra prófugo y huyó a Israel.
