DIANA ALVARADO 15 DE JULIO 2025.—El Día del Abogado se celebra en México cada 12 de julio, en conmemoración de un hecho histórico que marcó el inicio formal de la enseñanza jurídica en América Latina, y esta fue precisamente el 12 de julio de 1553, en la Real y Pontificia Universidad de México (antecesora de la UNAM) donde se impartió la primera cátedra de Derecho en el continente por parte de Fray Bartolomé Frías y Albornoz, quien dictó la lección conocida como la Prima de Leyes, centrada en el estudio del Corpus Juris Civilis y los principios del Derecho Romano.
Esta fecha fue instituida oficialmente en 1960 por el entonces presidente Adolfo López Mateos, a propuesta del periódico Diario de México, con el objetivo de reconocer la labor de quienes ejercen, enseñan o estudian el Derecho.
Desde entonces, cada 12 de julio se celebra con actos conmemorativos, reconocimientos y eventos académicos que destacan la importancia de la abogacía en la vida pública y privada del país.
En Quintana Roo, este año celebramos a través de una cena organizada por la Barra de Abogados de Quintana Roo Colegio Profesional, en la que tuvimos la oportunidad de dar un mensaje a las personas litigantes, docentes, titulares de notarías, personas juzgadoras, legisladoras y servidoras publicas presentes, respecto de lo que ha sido este último año para los abogados de México.
Éste fue un año muy complicado en el que, quienes hemos ejercido el derecho de una u otra manera, sabemos que a partir de septiembre ya no será igual, y no es mera retórica, sino que lo sustentamos en las diversas declaraciones y propuestas de quienes en una posición de poder hacen valer la política sobre el derecho.
Un ejemplo de ello fueron las propuestas de la ministra Lenia Batres, quien ha manifestado que pretende crear la figura de la “COSA JUZGADA FRAUDULENTA” para que los juicios que han causado ejecutoria o con sentencia firme, simplemente pierdan dicha certeza de juicios efectivamente concluidos abriendo la posibilidad de que puedan nuevamente invocarse acciones sobre tales sentencias cuando se pueda acreditar que ha existido corrupción en el proceso, sin que se expresen con claridad las pruebas que serán válidas para ello, dentro de la subjetividad política que la caracteriza.
Debemos recordar que previamente propuso que los justiciables se pudieran defenderse solos en juicio con formularios para todas las etapas procesales, como si se tratara de un ejercicio sencillo y en el cual no fuese necesario conocer las bases, fuentes e instituciones jurídicas de las muy diversas materias del derecho, independientemente del proceso. Este subjetivismo político llevado de la fantasía al ejercicio del derecho, sin duda es semejante al de la eliminación de la firmeza de las sentencias, dado que, harán por una parte imposible el ejercicio de la argumentación jurídica real a través de formularios, y por otra, los juicios de por sí ya muy largos, serán eternos con su propuesta de la “COSA JUZGADA FRAUDULENTA”.
Así pues, las personas que nos consideramos estudiosos del derecho; que hemos ejercido el derecho a través del litigio, de la construcción de legislación, de la creación de tesis doctrinales, de la cátedra, de la edificación de sentencias, y en general, se su práctica en el sector público o la iniciativa privada, no podemos evitar tener un sabor amargo en el día del abogado de este año 2025 en el que las reformas siguen, como siguen las cosas que no tienen mucho sentido.
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