DIANA ALVARADO 29 DE JULIO 2025.— Cualquier declaración en la que se ligue a una persona pública con la delincuencia organizada es algo que debe ser investigado por la autoridad competente, afirmó el diputado local Hugo Alday Nieto, al ser cuestionado sobre las acusaciones del regidor playense Gabriel Mendicuti, en contra del ex gobernador Carlos Joaquín.
En entrevista, posterior a una rueda de prensa del Partido del Trabajo, Alday Nieto señaló que en este “interesante pleito” entre el ex gobernador del PAN-PRI y el ex secretario de Gobierno de Roberto Borge, no hay “ni a cuál irle”.
Sin embargo, sin importar de quien venga la acusación, es un tema que debe ser investigado por la Fiscalía General del Estado.
Incluso, anticipó que desde el Congreso del Estado podrá emitirse algún pronunciamiento al respecto, cuando se regrese del actual receso.
LA EXPLOTACION SEXUAL ES ILEGAL
Por otro lado, cuestionado sobre las aseveraciones de dueños de bares en Cancún, quienes señalan que en los operativos para “rescatar” a mujeres de la trata de personas, en realidad se detiene a trabajadoras, a quienes se les obliga a firmar declaraciones en que se colocan como víctimas, Hugo Alday señaló que, aunque digan que ellas estaban allí voluntariamente, sigue siendo una actividad ilegal.
“No es legal la explotación sexual. En tanto sea una actividad ilegal, no pueden estar voluntariamente”, comentó. “Esa actividad se da en algunos países, como Holanda, pero acá no”.
El Congreso del Estado no podría además legalizar el comercio sexual, pues ello sería un atentado contra la dignidad humana, añadió.
A la afirmación que no se trata de sexoservidoras cautivas, el diputado indicó que desde el momento en el que el local recibe una comisión por las ganancias que obtiene, ya se vuelve comercio.
En lo que sí concordó es en que en la operación de estos establecimientos tiene que haber autoridades involucradas.
INVASIONES SON COMERCIO
Previamente, el diputado negó que detrás de las invasiones de terrenos exista alguna necesidad social, como plantean estos grupos, sino que se trata de una actividad con fines de lucro, la que ya constituye un delito contra el Desarrollo Urbano, penado por ley.
“Una persona en situación de necesidad no construye sus muros de block en 15 días”, alegó. “Esta es una operación comercial al 100%”.
En estas invasiones hay grupos, muchos ligados a partidos políticos, quienes lotifican y reparten los terrenos entre los participantes, resultando los líderes tener lotes en todos estos despojos de terrenos particulares, ejidales o de gobierno.
Históricamente, esta actividad no se penaba, por lo que todavía hay cierto grado de aceptación e impunidad, pero recientemente ya empezaron a realizar detenciones, lo que él espera que sirva para acabar con estos grupos.
