DIANA ALVARADO 04 DE AGOSTO 2025.— Por medio de un desplegado conjunto, ex consejeros y ex magistrados electorales pidieron que la eventual reforma electoral que elaborará el gobierno federal, “garantice el apego a los más altos estándares de integridad electoral que exige todo régimen democrático”.
Y al pronunciarse porque ésta sea fruto de un amplio consenso, llamaron a un diálogo nacional, al que invitaron a sumarse a todos los grupos y organizaciones de la sociedad, actores políticos, organizaciones empresariales, instituciones académicas, medios de comunicación y personas interesadas.
“Coincidimos en la necesidad de una reforma electoral que garantice el apego a los más altos estándares de integridad electoral que exige todo régimen democrático y que sea fruto del más amplio consenso”.
En el documento que comenzó a circular en redes sociales, firmado por 22 ex consejeros y ex magistrados, entre ellos, ex consejero presidente del Instituto Nacional Electoral (INE), Lorenzo Córdova, y ex presidentes del Instituto Federal Electoral (IFE), como Leonardo Valdés Zurita y José Woldenberg, indicaron que “la deliberación pública sobre la reforma debe tomar en cuenta los diagnósticos técnicos de las autoridades electorales, para que en el marco del uso racional de los recursos públicos, se conozcan y transparenten los costos de las elecciones y su impacto en las finanzas públicas”.
El sábado, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo anunció la creación de una comisión encargada de esta reforma. Estará encabezada por Pablo Gómez Álvarez, por lo que también se anunció que dejó su cargo como titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) para atender su nuevo encargo.
Ante ello, los ex magistrados y ex consejeros propusieron “fortalecer los mecanismos de representación política. Corregir las distorsiones que nos han llevado a esquemas de subrepresentación y sobrerrepresentación excesivos”. Para ello, plantearon “acercar la distribución de los asientos en los congresos, al porcentaje de votos obtenidos por las fuerzas políticas en las urnas”.
Sobre las consejerías y magistraturas electorales, se pronunciaron porque se definan por designación por el Congreso de la Unión, y no por el voto popular, con perfiles en los que prevalezca “la experiencia, el conocimiento, la imparcialidad y la técnica”.
También, recalcaron que se debe “preservar y fortalecer la autonomía e independencia de los organismos electorales”, y el Registro Federal de Electores, padrón, listados nominales y la credencial para votar, “deben mantenerse bajo la administración de la autoridad electoral administrativa, con la vigilancia de las representaciones y técnicos de los partidos políticos, para preservar su resguardo imparcial”.
A la vez, exhortaron a definir un “sistema eficaz de rendición de cuentas y fiscalización que garantice campañas equitativas, erradique la compra y coaccion del voto y sancione el desvío de recursos públicos”, así como “adecuar la normativa y los procedimientos para que la designación de personas juzgadoras privilegie sus méritos, capacidad técnica, garantice su independencia y que formen parte de una carrera judicial”.
Sé el primer en dejar tu comentario de esta noticia