Por Danna Felisa Ramírez Saldaña
La salud mental es un derecho humano esencial, que conlleva un estado de completo bienestar físico, psicológico y social de las personas, y no sólo es la ausencia de enfermedad.
La salud mental es un proceso continuo en cada individuo, que se desarrolla socialmente, incluyendo experiencias que van desde un óptimo estado de bienestar mental y físico, hasta periodos de sufrimiento y dolor emocional.
Los trastornos mentales tienen diferentes causas y efectos, que deben abordarse multidisciplinariamente y desde un enfoque transversal y de derechos humanos, ya que quien padece algún trastorno mental es “etiquetado” en la sociedad, por lo cual son discriminados, limitando su proyecto de vida.
En otras ocasiones, se les imponen restricciones en el trabajo y en los centros escolares. Igualmente pueden padecer maltratos físicos y abusos de todo tipo, falta de atención y prácticas terapéuticas nocivas y degradantes en los establecimientos de salud, entre otros. Así, es común que las personas con trastornos mentales vivan en situación de marginación y exclusión social.
La salud mental está muy lejos de garantizarse, tal y como lo señala la Organización Mundial de la Salud en su “Informe mundial sobre salud mental” (2022), destacando que: “En todos los países, los trastornos mentales son muy frecuentes. Aproximadamente una de cada ocho personas en el mundo sufre algún trastorno mental… Los trastornos de ansiedad y los trastornos depresivos son los más comunes, tanto en hombres como en mujeres.
Debe subrayarse que en algún momento de nuestra vida, todas y todos estamos expuestos a padecer trastornos mentales, derivado de diversos factores individuales, familiares, comunitarios y estructurales, que pueden combinarse para proteger o socavar nuestra salud mental y cambiar nuestra posición en el proceso continuo de la salud.
La falta de salud mental repercute o trastoca otros derechos humanos como el derecho a la vida, el derecho al libre desarrollo de la personalidad, así como la dignidad misma. Por lo que hace al derecho a la vida, el suicidio es un conflicto social de gran complejidad, y representa una tragedia para las familias y el entorno social, dejando graves secuelas para los allegados.
Es un tema de especial relevancia y que merece trabajar en equipo para avanzar en las múltiples aristas que conlleva, algunas de ellas de tipo estructural como la discriminación y la exclusión social que padecen las personas con trastornos mentales, que deben desterrarse.
De ahí la importancia de las políticas públicas, programas y acciones que se lleven a cabo por parte de los tres ordenes de gobierno, las cuales deben tener un enfoque transversal y de derechos humanos, todo ello con la coparticipación de especialistas, académicos, interesados en este rubro, así como Organizaciones de la Sociedad Civil.
Sumando esfuerzos, avanzamos.
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