DIANA ALVARADO 17 DE SEPTIEMBRE 2025.— Para frenar los obstáculos que las plataformas digitales de películas, música, videojuegos, aplicaciones móviles y otros servicios en línea imponen a sus usuarios cuando estos quieren cancelar sus membresías, Morena en la Cámara de Diputados presentó una iniciativa para que los consumidores puedan darse de baja sin penalizaciones y de manera inmediata.
Si bien existe una regulación en la Ley Federal de Protección al Consumidor y el Código de Ética en Materia de Comercio Electrónico, la iniciativa plantea que subsisten “las prácticas que lesionan la esfera jurídica de las personas contratantes de servicios, suscripciones y membresías de cobros recurrentes”.
Los obstáculos que interponen las empresas a los usuarios se incrementaron en los años recientes y por ello es “indispensable un marco normativo robusto que imponga límites claros, proteja los datos personales y asegure que los usuarios puedan ejercer pleno control de las decisiones de productos que consumen”, añade la propuesta del coordinador del grupo, Ricardo Monreal Ávila.
Se trata de una propuesta de cambios a la Ley Federal de Protección al Consumidor —que se envió a comisiones— para precisar que los proveedores de plataformas digitales deban informar de forma clara, destacada y accesible si el servicio contratado implica pagos automáticos recurrentes, su periodicidad, monto, fecha y cobro.
También se propone que cualquier cobro recurrente requiera el consentimiento expreso e informado del consumidor y que las empresas notifiquen, al menos con cinco días naturales de anticipación, la renovación automática del servicio y permitir que los usuarios lo cancelen sin penalización.
La iniciativa plantea además que los proveedores implementen mecanismos que, sin contravenir las disposiciones de los contratos, permitan a las personas cancelar el servicio, suscripción o membresía de manera inmediata.
Estas medidas “responden a la necesidad urgente de actualizar el marco vigente, para garantizar que las personas consumidoras cuenten con herramientas claras para exigir sus derechos, especialmente en contextos de contratación y cancelación electrónica de suscripciones, membresías y servicios automatizados”, añade.
Ello busca definir obligaciones específicas para los proveedores de servicios digitales, asegurar prácticas justas, la oportunidad de contar con información veraz y comprensible, así como contar con mecanismos eficaces para la cancelación de contratos de este tipo de servicios, expone.
La iniciativa señala el ejemplo de cómo una empresa que provee señal de telefonía, Internet y películas informó a sus usuarios el cambio de las condiciones contractuales, acción que derivó en un descontento social expresado en redes sociales y que, cita, activó los mecanismos de defensa de los consumidores inconformes.
El documento cita el comunicado de la Procuraduría Federal del Consumidor del 8 de mayo pasado, donde recordó que los usuarios que no estén de acuerdo con el nuevo plan de Totalplay podrán seguir con su contrato original.
Además, con los obstáculos que las compañías aplican a los particulares cuando estos pretenden cancelar o dar de baja sus servicios “los convierten en una especie de rehenes y afectan sus derechos como consumidores”, resalta.
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