DIANA ALVARADO O4 DE NOVIEMBRE 2025.— La presidenta del Comité Directivo Estatal del PRI en Quintana Roo, Cora Amalia Castilla Madrid, advirtió que el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2026 refleja una política de recortes injustificados que afectan directamente al bienestar social, la educación, la salud, la cultura y la seguridad de las y los mexicanos.
De acuerdo con los análisis realizados por el partido, los mayores recortes propuestos impactan áreas fundamentales: el INAH (-25.4 %) y el INBA (-23 %) en cultura, el Centro Nacional de Transfusión Sanguínea (-24.5 %) y la Comisión Nacional de Arbitraje Médico (-13.7 %) en salud, además de la CONADE (-6.7 %) en deporte y el INE (-19.3 %) en democracia, evidenciando un retroceso preocupante en el fortalecimiento institucional del país.
Castilla Madrid señaló que estas disminuciones presupuestales son una muestra clara de un gobierno sin rumbo, sin sensibilidad social y sin visión de Estado, que ha preferido concentrar los recursos en programas clientelares en lugar de impulsar el desarrollo sostenible, la ciencia, la educación técnica, el arte y la producción agropecuaria.
“El abandono presupuestal al campo, la cultura y la educación demuestra que este gobierno no está construyendo futuro. Está hipotecando la esperanza de las próximas generaciones”, subrayó la dirigente priista.
Asimismo, advirtió que la reducción en rubros como salud (-4.4 %), medio ambiente (-5.2 %) y seguridad (-18.6 %) agrava los problemas estructurales del país y refleja la falta de prioridades claras para atender la crisis de inseguridad, el deterioro ambiental y la desigualdad social.
Finalmente, la presidenta del PRI Quintana Roo condenó enérgicamente el cobarde asesinato de Carlos Manzo Rodríguez, presidente municipal de Uruapan, Michoacán, ocurrido durante un evento público. Afirmó que este crimen “es reflejo del grave deterioro de la seguridad nacional y de la incapacidad del gobierno federal para proteger a quienes sirven a su comunidad”. Exigió justicia inmediata y castigo ejemplar a los responsables, reiterando que “México no puede normalizar la violencia ni permitir que el miedo sustituya a la democracia”.
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