DIANA ALVARADO O9 DE NOVIEMBRE 2025.— En el Senado ya se trabaja en la revisión de la legislación en materia de abuso sexual, pues si bien está tipificado en el Código Penal Federal (CPF) se requiere homologarlo, a fin de que se considere delito grave en todas las entidades del país, con sanciones contundentes, ya que en la actualidad en algunos estados ni siquiera se le considera ilícito y la penalidad varía.
Asimismo, la activista Olimpia Coral Melo planteó que se actualice la ley que lleva su nombre, referida a la violencia digital, que penaliza la exhibición en redes sociales de imágenes que vulneran la intimidad sexual de las mujeres.
La presidenta de la Comisión para la Igualdad de Género del Senado, Malú Micher, comentó que en seguimiento al Plan Integral contra el Abuso Sexual, presentado por la presidenta Claudia Sheinbaum, van a revisar cada uno de los códigos penales de los estados y en aquellos en que no esté tipificado ese delito van a proponer a las legislaturas locales las modificaciones requeridas, para que se homologue con el CPF.
Según este ordenamiento, declaró, el abuso sexual se castiga con una pena de seis a 10 años y se define como”tocamientos que impliquen actos explícitamente sexuales y que obliguen a la victima a representarlos”. El CPF establece agravantes, con mayor penalidad, como el uso de la violencia física, que la víctima sea menor de edad o incapaz de resistir.
Precisó que debe diferenciarse el abuso del acoso sexual, pues el primero se da en todos los ámbitos, privados o públicos, en la familia, en el trabajo, en la calle.
En cambio, detalló, el acoso es pedir “favores sexuales”, ya sea entre particulares. Sólo está normado en el Código Penal de la Ciudad de México, donde se le da una connotación laboral y si el acosador es alguien con una posición jerárquica superior se le considera “hostigamiento sexual”.
Por lo pronto, agregó, se van a centrar en el abuso sexual, que padecen cotidianamente las mujeres, entre ellas, la presidenta Sheinbaum.
Por otra parte, Olimpia Coral se reunió ya con la Comisión para la Igualdad de Género, donde planteó la urgencia de reforzar las normas contra la violencia digital para ampliar el delito no sólo a la exhibición en redes sociales de fotos o videos de mujeres con contenido sexual, sin su consentimiento, y sancionar también el almacenamiento de esas imágenes.
Asimismo, establecer, expuso, el derecho a la identidad virtual de las mujeres y crear una Agencia Especializada en Delitos contra la intimidad Sexual, como la que ya existe en la Ciudad de México, para que las víctimas no peregrinen de un lugar a otro, por no saber donde denunciar.
La ley Olimpia, agregó, requiere también analizar el sistema probatorio, porque no es posible que se deje la responsabilidad a las víctimas de ofrecer las pruebas del delito, mientas las plataformas digitales “se hacen las guajes”. Son éstas, recalcó, las que deberán entregar esas pruebas. Las empresas, recalcó, deben hacerse responsables de la violencia digital que se ejerce en su espacio.
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