DIANA ALVARADO 11 DE NOVIEMBRE 2025.— El Comité Directivo Estatal del Partido Revolucionario Institucional en Quintana Roo, que preside Cora Amalia Castilla Madrid, manifestó su absoluto rechazo a la iniciativa de Morena que busca adelantar la consulta de Revocación de Mandato Presidencial de 2028 a 2027, calificándola como un intento desesperado de “presidencializar” las elecciones e influir indebidamente en la voluntad ciudadana.
La dirigencia priista advirtió que este proyecto tiene fines políticos ocultos, orientados a condicionar el voto popular mediante la figura presidencial y el uso electoral de los programas sociales.
“Morena pretende manipular la ley para mezclar la imagen presidencial con las campañas de 2027. Adelantar la revocación es inconstitucional y viola el artículo 35 de nuestra Carta Magna, que prohíbe expresamente realizar este ejercicio junto con procesos electorales federales o locales”, afirmó Cora Amalia Castilla Madrid.
La presidenta del PRI en Quintana Roo recordó que la figura de revocación de mandato fue creada para fortalecer la participación ciudadana, no como un instrumento de propaganda gubernamental.
“Lo que Morena intenta es usar la revocación como un referéndum político a favor de Claudia Sheinbaum y de sus candidatos, en un momento en que el descontento social crece por la inseguridad, la falta de inversión y el deterioro económico del país”, puntualizó.
El PRI —congruente con su vocación democrática y su compromiso con la división de poderes y la libertad del voto— anunció que sus legisladores federales votarán en contra de esta reforma, por considerarla un atentado a la equidad electoral y a la estabilidad institucional del país.
“Defenderemos el derecho de las y los mexicanos a votar en libertad, sin presiones ni manipulaciones. La democracia no puede ser rehén de un proyecto político que busca perpetuarse en el poder”, enfatizó la presidenta del CDE.
Finalmente, Cora Amalia Castilla Madrid subrayó que el PRI mantendrá una postura firme frente a cualquier intento de Morena por alterar el calendario electoral o vulnerar la Constitución, reiterando su compromiso con elecciones libres, transparentes y justas.
