DIANA ALVARADO 09 DE DICIEMBRE 2025.— La Cámara de Diputados aprobó en lo general una reforma a la Ley General de Salud, entre cuyos principales elementos está la prohibición total de los vapeadores, así como la publicidad de los mismos y que también incluye otros elementos, como el fortalecimiento de la compra consolidada de medicamentos e insumos sanitarios.
Uno de los puntos que generó más debate fue el de la supuesta penalización de los consumidores de cigarrillos electrónicos, pues mientras la oposición alertó que podría haber sanciones de hasta ocho años de cárcel para quienes adquieran o tengan un vapeador, el bloque de mayoría insistió en que presentará una reserva para aclarar que no se castigará a quienes posean o utilicen esos dispositivos, sino únicamente a quienes los vendan con fines de lucro.
En una discusión que se extendió poco más de tres horas, el dictamen a la iniciativa enviada por la presidenta, Claudia Sheinbaum, fue aprobado por 324 votos en favor, de Morena y sus aliados, y 129 en contra, de PRI, PAN y MC.
No se castigará a ciudadanos: Morena
El encargado de fundamentar la propuesta fue el presidente de la Comisión de Salud, Pedro Zenteno Santaella (Morena), quien resaltó que el propósito es “proteger a la niñez y juventud frente a productos nocivos” a través de la prohibición absoluta de la producción, comercialización, importación y publicidad de los vapeadores y cigarrillos electrónicos.
Lo anterior, debido a que esos productos “han explotado vacíos regulatorios y se han dirigido a niños, niñas y adolescentes con diseños atractivos y publicidad engañosa que sugiere inocuidad”, cuando en realidad pueden generar tanto daño como los productos tradicionales de tabaco e incluso más.
Ante las críticas de los partidos opositores, sobre la supuesta criminalización de los poseedores de cigarrillos electrónicos, Zenteno subrayó que “presentaremos una reserva para que quede claro que no se sanciona al consumidor individual de vapeadores, sino a quienes los adquieren con fines de comercialización y lucro”.
Lo anterior, recalcó, es “fundamental para evitar las interpretaciones erróneas de algunos”. En ese sentido, afirmó que “la sanción será proporcional, de 1 a 8 años de prisión, y multas entre 11 mil y 226 mil pesos para quienes lucren con estos productos”.
Zenteno recordó que, además de la prohibición de vapeadores, el dictamen incluye muchos otros puntos, entre ellos la compra consolidada de medicamentos e insumos sanitarios; el fortalecimiento de las atribuciones de la Comisión Federal para la Protección Contra Riesgos Sanitarios (Cofepris), y el incentivo a la producción nacional de medicamentos e insumos.
Asimismo, se busca el fortalecimiento nacional de producción, innovación y regulación sanitaria; el “aprovechamiento estratégico del plasma residual para la producción de hemoderivados”; el reconocimiento de la salud digital; la planeación del desarrollo de infraestructura en salud, y la actualización, reclasificación y control de sustancias sicotrópicas y estupefacientes.
Otros temas que se mencionan en la reforma es promover la “transparencia en la asignación de recursos del Fondo de Salud para el Bienestar (Fonsabi); la atención de la salud a la población a través de la Comisión Nacional de Arbitraje Médico (Conamed), y la creación de un plan maestro nacional de infraestructura en salud.
Oposición advierte sobre mercado negro
En sentido contrario, la emecista, Irais Reyes de la Torre, presentó una moción suspensiva —que fue desechada— al alertar que los cambios a la Ley General de Salud representan “la reforma más prohibicionista, autoritaria y absurda que este país ha visto en décadas”, pues “criminaliza adquirir, conservar, almacenar, transportar, distribuir o vender vapeadores con penas de hasta ocho años de cárcel”.
Dicha práctica, alertó, se sancionará con más severidad que violentar a una mujer, divulgar fotos íntimas de alguien más sin su consentimiento, portar un arma prohibida, venderla sin licencia, o causar lesiones que ponen en peligro la vida.
La prohibición total de los cigarrillos electrónicos, añadió, beneficiará a los grupos del crimen organizado, los cuales ahora controlarán la venta de vapeadores, “porque cuando criminalizan la cadena completa, el mercado no desaparece: cambia de dueño y ese dueño es el mercado ilegal.
Más prohibiciones igual a más mercado negro y más dinero para los cárteles”.
Por su parte, Éctor Jaime Ramírez Barba (PAN), resaltó que el mismo hecho de que el bloque de mayoría haya anunciado que registrará una reserva para especificar que los consumidores de cigarrillos electrónicos no serán sancionados, es una forma de admitir que el dictamen está mal elaborado.
En el mismo tono, lamentó que la enmienda significa “más de 150 artículos reformados, adicionados o derogados, en un dictamen de más de 829 páginas y 13 temas distintos, sin siquiera parlamentar con alguien. Ni expertos ni investigadores ni gente que sí sepa de salud”, todo ello con un gasto público en salud para 2026 “que es 2.6 por ciento más bajo que en los últimos seis años, y lejos del mínimo recomendado por la Organización Mundial de la Salud del 6 por ciento” del producto interno bruto.
De su lado, la priísta, Mónica Elizabeth Sandoval, con tono encendido ante los gritos que le dirigieron los diputados de mayoría, acusó a estos de no darle la importancia que merece a los temas de salud.
“Ustedes ya saben qué van a votar. A ustedes les vale madre lo que está pasando en las calles todos los días, y están desmadrando al país. Aunque les cueste trabajo se los voy a decir: el PRI sigue vivo”, enfatizó.
Sé el primer en dejar tu comentario de esta noticia