DIANA ALVARADO 3 DE MARZO.— En el marco de la próxima celebración del Mundial de Futbol, que prevé la llegada de millones de turistas al país, el Pleno de la Cámara de Diputados aprobó por unanimidad el dictamen que reforma diversas disposiciones de la Ley General de Turismo para fortalecer la prevención, combate y erradicación de la trata de personas y la explotación sexual, particularmente de niñas, niños y adolescentes.
La iniciativa fue impulsada por la diputada federal Mildred Ávila Vera, del Grupo Parlamentario de Morena, y recibió el respaldo de todas las fuerzas políticas. Tras su aprobación en San Lázaro, el proyecto fue turnado al Senado de la República para su análisis y eventual ratificación.
La reforma cobra especial relevancia ante el contexto internacional que vivirá México con la justa mundialista, evento que atraerá a millones de visitantes y que implica un reto adicional en materia de seguridad y protección de derechos humanos. El objetivo es blindar al sector turístico y prevenir que el incremento en la movilidad sea aprovechado para la comisión de delitos como la trata y la explotación sexual comercial.
El dictamen establece mecanismos de coordinación interinstitucional entre la Secretaría de Turismo (Sectur), la Comisión Intersecretarial contra la Trata de Personas y el Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes (SIPINNA), con el fin de articular políticas públicas y acciones específicas en el sector turístico.
Entre los cambios aprobados destaca la incorporación, en el artículo 2 de la Ley, del objetivo de implementar mecanismos para la prevención y erradicación de la trata de personas y la explotación sexual y comercial de menores en el contexto de viajes y turismo.
Asimismo, se adicionan atribuciones al Poder Ejecutivo Federal, a través de la Sectur, para participar en programas y comités intersectoriales, así como para diseñar e implementar políticas públicas orientadas a combatir estos delitos dentro de la prestación de servicios turísticos.
La reforma también impone nuevas obligaciones a los prestadores de servicios turísticos, quienes deberán aplicar protocolos de prevención y actuación emitidos por la autoridad competente o por organismos internacionales reconocidos en la materia, además de informar y facilitar a las autoridades las evidencias de las acciones implementadas.
Otro punto relevante es la obligación de elaborar y publicar un informe anual sobre las acciones realizadas en el país para prevenir, combatir y erradicar la trata de personas y la explotación sexual comercial de niñas, niños y adolescentes en el ámbito del turismo.
En la exposición de motivos se subraya que el fortalecimiento del marco legal busca anticiparse a riesgos asociados a grandes eventos internacionales, garantizando el interés superior de la niñez y el cumplimiento de los compromisos internacionales asumidos por el Estado mexicano.
Con la aprobación unánime en la Cámara de Diputados, la reforma avanza al Senado, donde continuará su proceso legislativo.
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