DIANA ALVARADO 24 DE MARZO.-La Fiscalía General de la República (FGR) presentó una iniciativa para sancionar el delito de feminicidio con penas de hasta 70 años de prisión, como parte de un nuevo marco legal para combatir la violencia de género en México.
La propuesta, impulsada junto con el gobierno federal, plantea la creación de una Ley General en Materia de Prevención, Investigación y Sanción del Feminicidio, con el objetivo de homologar el tipo penal en todo el país y fortalecer la coordinación entre autoridades.
De acuerdo con la titular de la FGR, Ernestina Godoy, el proyecto establece penas de 40 a 70 años de cárcel, además de sanciones para la tentativa del delito, que irían de la mitad hasta las dos terceras partes de la pena correspondiente.
La iniciativa reconoce nueve razones de género para tipificar el feminicidio, entre ellas signos de violencia sexual, antecedentes de violencia, relaciones de subordinación, incomunicación de la víctima o exposición del cuerpo.
Asimismo, contempla 21 agravantes, como que la víctima sea menor de edad, adulta mayor, persona con discapacidad, migrante o integrante de pueblos originarios, así como cuando el delito se cometa frente a hijos o hijas.
El proyecto también establece que toda muerte violenta de una mujer deberá investigarse desde el inicio como feminicidio, con el fin de evitar omisiones o clasificaciones incorrectas en las indagatorias.
Además, se plantea que el delito sea perseguido de oficio, sea imprescriptible y obligue a incorporar la perspectiva de género en todas las etapas del proceso, fortaleciendo las capacidades de las instituciones de justicia.
La iniciativa incluye la homologación de protocolos de investigación a nivel nacional, así como mecanismos de coordinación entre autoridades de seguridad, procuración de justicia y atención a víctimas.
También se contempla que los responsables pierdan derechos como la patria potestad o beneficios legales relacionados con la víctima, como parte de las sanciones complementarias.
Con esta propuesta, el gobierno federal busca fortalecer el combate al feminicidio, reducir la impunidad y garantizar justicia para las víctimas, mediante un marco legal uniforme en todo el país.
