DIANA ALVARADO 25 DE MARZO.-La Comisión de Prerrogativas y Partidos Políticos del Instituto Nacional Electoral (INE) propondrá al Consejo General aprobar las reformas a los estatutos del Partido Acción Nacional (PAN) realizadas en noviembre pasado.
De acuerdo con el proyecto, el PAN realizó modificaciones a sus documentos básicos en distintos rubros, entre ellos lenguaje incluyente, autoorganización y autodeterminación partidista, así como en temas de militancia y procedimientos de afiliación.
También se actualizaron aspectos relacionados con transparencia, gestión documental, financiamiento, órganos estatutarios y mecanismos de selección de candidaturas, con el fin de modernizar la estructura interna del partido.
Entre los cambios más relevantes se incluyen ajustes en materia de paridad sustantiva y lineamientos para prevenir la violencia política contra las mujeres en razón de género, así como el fortalecimiento de los derechos de las víctimas.
Asimismo, se incorporaron disposiciones sobre radio y televisión, así como la creación o fortalecimiento de órganos internos para la protección y participación de las mujeres dentro del partido.
La Comisión del INE no sólo revisó las reformas, sino que también ordenó al PAN realizar modificaciones adicionales en algunos de estos rubros, como parte del proceso de validación.
El dictamen será presentado al Consejo General del INE, instancia que deberá determinar si las reformas cumplen con los principios constitucionales y legales que rigen a los partidos políticos en México.
Este procedimiento forma parte de las facultades del instituto para supervisar que los partidos ajusten sus normas internas a criterios de legalidad, democracia interna y equidad de género.
En caso de ser aprobadas, las modificaciones entrarán en vigor y formarán parte del marco normativo que regirá la vida interna del PAN rumbo a los próximos procesos electorales.
Con ello, el INE avanza en la revisión de los documentos básicos de los partidos políticos, con el objetivo de garantizar su adecuación a las disposiciones legales vigentes y a los estándares democráticos establecidos.
