DIANA ALVARADO 27 DE MARZO.-El nuevo modelo municipal incluido en el “Plan B” de la reforma electoral no se aplicará de manera simultánea en todos los estados del país, sino que entrará en vigor de forma gradual conforme inicien los siguientes periodos administrativos en cada entidad federativa.
De acuerdo con la minuta aprobada en el Senado y enviada a la Cámara de Diputados, esta implementación escalonada busca garantizar una transición ordenada, respetando la soberanía de los estados y la autonomía de los municipios.
El documento señala que actualmente existe una gran diversidad en la integración de los cabildos municipales, ya que cada estado define el número de regidores y síndicos, lo que ha generado estructuras dispares en términos de tamaño y funcionamiento.
Como parte de la reforma, se propone que los ayuntamientos cuenten con una sola sindicatura y hasta 15 regidurías, con el objetivo de evitar estructuras sobredimensionadas y mejorar la eficiencia administrativa.
La iniciativa sostiene que en algunos municipios el número actual de integrantes del cabildo puede resultar excesivo, lo que deriva en mayores costos y menor eficiencia en la toma de decisiones públicas.
Por ello, el nuevo modelo busca establecer criterios más homogéneos que permitan optimizar el uso de recursos públicos sin afectar la representación política local.
El texto también subraya que la aplicación gradual permitirá que cada entidad adapte sus leyes locales conforme a sus propios tiempos y procesos legislativos, evitando imposiciones inmediatas desde el ámbito federal.
La minuta será analizada por la Cámara de Diputados tras el periodo de vacaciones de Semana Santa, y en caso de ser aprobada, deberá contar con el aval de al menos 17 congresos estatales para su promulgación.
Este esquema forma parte de los cambios estructurales del Plan B, enfocados en reducir costos en los gobiernos locales y hacer más eficiente la administración pública municipal.
Con esta medida, el gobierno federal busca avanzar en la reforma electoral sin afectar la organización interna de los estados, apostando por una implementación progresiva que respete el federalismo mexicano.
