DIANA ALVARADO 02 DE ABRIL 2026.-
El gobierno de México rechazó el informe del Comité contra la Desaparición Forzada de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), al calificarlo como “sin rigor” y “tendencioso”, al considerar que no refleja adecuadamente la situación actual del país.
A través de una postura oficial, autoridades mexicanas señalaron que el documento presenta deficiencias metodológicas y conclusiones sesgadas, además de no haber tomado en cuenta información actualizada proporcionada por el propio Estado.
El gobierno también cuestionó la falta de sustento jurídico en el informe, así como posibles conflictos de interés de algunos integrantes del comité, quienes —según indicó— han estado vinculados con organizaciones que han denunciado al Estado mexicano.
Asimismo, reiteró que en México no existe una política de Estado que promueva o permita desapariciones forzadas, y subrayó que este delito está asociado principalmente a la delincuencia organizada.
Las autoridades federales destacaron que durante la actual administración se han impulsado reformas legales e institucionales, en coordinación con colectivos de familiares, para fortalecer la búsqueda de personas desaparecidas y mejorar los mecanismos de atención.
En ese sentido, señalaron que dichas acciones incluyen nuevas herramientas jurídicas y obligaciones para las autoridades, las cuales —afirman— no fueron consideradas adecuadamente en el informe del organismo internacional.
Por su parte, el Comité de la ONU había planteado preocupaciones sobre la magnitud del problema en México e incluso sugirió llevar el tema a instancias internacionales de mayor nivel.
El gobierno mexicano insistió en que mantiene disposición para colaborar con organismos internacionales, pero rechazó evaluaciones que, a su juicio, no reconocen los avances ni el contexto actual del país.
La postura oficial se da en medio del debate internacional sobre la crisis de desapariciones en México, donde organismos de derechos humanos han advertido sobre la gravedad del fenómeno y la necesidad de fortalecer las investigaciones.
Con este posicionamiento, el Estado mexicano busca defender su política en materia de desapariciones y cuestionar la validez del informe de la ONU, en un tema que sigue generando tensión entre autoridades y organismos internacionales.
