DIANA ALVARADO 26 DE ABRIL.-
El Instituto Nacional Electoral (INE) busca frenar los actos anticipados de campaña realizados por partidos políticos, ante el inicio adelantado de actividades rumbo a las elecciones de 2027.
De acuerdo con el consejero Arturo Castillo, el objetivo del organismo no es solo sancionar, sino tener control y registro de estas prácticas, que se han vuelto cada vez más comunes bajo la figura de “procesos internos” de los partidos.
La principal propuesta del INE consiste en que los partidos informen sobre toda la propaganda relacionada con estos procesos, para que sea contabilizada como gasto electoral.
Esto implica que:
Los gastos en promoción anticipada se sumarán a la fiscalización.
Podrán detectarse rebases de topes de campaña desde etapas previas.
Se generarán posibles sanciones económicas o legales.
Sin embargo, el propio INE reconoce que tiene un margen limitado de acción, debido a criterios recientes del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).
El tribunal determinó que solo se consideran actos anticipados aquellos que incluyen un llamado explícito al voto, lo que ha permitido a los partidos realizar actividades previas sin ser sancionadas directamente.
Este criterio marcó un cambio respecto a años anteriores, cuando este tipo de prácticas eran más restringidas. Ahora, el INE solo puede enfocarse en regular el aspecto financiero y la equidad de la contienda, más que prohibir completamente estas acciones.
El antecedente inmediato fue el proceso electoral de 2024, donde partidos realizaron mecanismos inéditos de selección de candidatos, lo que generó controversias y cuestionamientos sobre posibles simulaciones.
En ese contexto, el INE busca anticiparse al proceso 2026-2027 con medidas que permitan evitar ventajas indebidas y mantener condiciones equitativas entre partidos, aunque sin la capacidad total de frenar estas prácticas.
Con estas acciones, la autoridad electoral intenta adaptarse a un nuevo escenario político donde las campañas comienzan cada vez más temprano, pero dentro de zonas grises legales que limitan su intervención directa.
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