DIANA ALVARADO 31 DE MAYO.-La reforma constitucional que aplaza hasta 2028 las elecciones judiciales obtuvo el respaldo de 22 congresos estatales, con lo que alcanzó la mayoría necesaria para ser declarada constitucional y entrar en vigor en los próximos días. La modificación forma parte del paquete de cambios impulsados por la presidenta Claudia Sheinbaum para corregir y fortalecer el modelo de elección popular de jueces, magistrados y ministros.
La aprobación se dio en tiempo récord, luego de que la reforma fuera avalada previamente por la Cámara de Diputados y el Senado de la República. Tras recibir el respaldo de la mayoría de las legislaturas estatales, el Congreso de la Unión podrá emitir la declaratoria de constitucionalidad y remitir el decreto al Diario Oficial de la Federación para su publicación.
La modificación establece que la elección de jueces, magistrados y ministros que originalmente estaba programada para 2027 se realizará hasta 2028, coincidiendo con las elecciones federales ordinarias. El objetivo, según sus impulsores, es corregir problemas operativos, fortalecer los mecanismos de selección y brindar mayor certeza al proceso.
Entre los principales cambios aprobados destacan:
Aplazamiento de la elección judicial de 2027 a 2028.
Nuevos filtros y mecanismos de evaluación para aspirantes.
Homologación de calendarios judiciales estatales con el proceso federal.
Permanencia temporal de jueces y magistrados en funciones hasta la toma de posesión de quienes resulten electos en 2028.
Además de esta reforma, los congresos estatales también respaldaron la modificación constitucional que incorpora como nueva causal de nulidad electoral la comprobación de intervención o injerencia extranjera en procesos electorales mexicanos.
Desde Morena y sus aliados se argumentó que el aplazamiento permitirá evitar problemas logísticos como los señalados por el INE, relacionados con la instalación masiva de casillas, impresión de boletas y capacitación de funcionarios electorales.
Por su parte, legisladores de oposición sostuvieron que la reforma representa una corrección a una reforma judicial aprobada apresuradamente en 2024 y cuestionaron que el gobierno haya tenido que modificar nuevamente las reglas antes de que concluyera su implementación.
Con la aprobación de al menos 22 congresos locales, la reforma ya superó el requisito constitucional de mayoría estatal y únicamente resta la declaratoria formal por parte del Congreso de la Unión y su publicación oficial para que entre en vigor.
El cambio representa uno de los ajustes más importantes realizados a la reforma judicial desde su aprobación original y redefine el calendario de renovación del Poder Judicial mexicano para los próximos años.
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