DIANA ALVARADO 22 DE JUNIO 2026.- Toda vez que la Secretaría de Economía no tomó nota al comité directivo de la Canaco-Servytur electo este año, y que brindó un plazo de 30 días para que la anterior dirigencia para que cumpla con la ley, sin que esto ocurriera; un grupo de consejeros advirtió que tomarían acciones legales, incluso penales, por la retención de las instalaciones y la administración del patrimonio y recursos de esta cámara, por parte de una directiva no reconocida.
Así lo señalaron en rueda de prensa varios integrantes de la Canaco-Serytur de Playa del Carmen, incluidos Brisa Blanca Galván Villalpando, Guillermina Lomelí López y Bruno de Almeida, quienes denunciaron de forma pública tanto a la “supuesta” presidenta, Iovana Franco Cervantes, como al anterior dirigente, Adán Toledo Lucero, por su omisión en atender los oficios de la Secretaría de Economía.
Guillermina Lomelí López, consejera titular, explicó que la Ley de Cámaras, diversos reglamentos y los estatutos, ponen a la Secretaría de Economía como el “órgano máximo” que rige la constitución y funcionamiento de la Canaco-Servytur. Por ello, ante la falta de solución en instancias internas, recurrieron a ella.
A través de tres escritos, el último de los cuales fue emitido en mayo, la Secretaría de Economía confirmó que no tomó nota y no reconoce al consejo directivo que fue electo en 2026, que encabeza Iovana Franco. Esto, porque esa dependencia había solicitado que aquella asamblea electoral no debía llevarse a cabo, ya que existían impugnaciones pendientes.
Por ello, el escrito va dirigido a la dirigencia de 2025, de Adán Toledo Lucero, que es la única que reconoce, y a la que brinda un plazo de 30 días, para que proceda conforme a la ley.
Los presentes aseguraron que eso implica convocar a una nueva asamblea, para efectuar una nueva elección. Por carecer de legitimidad, el consejo directivo debió, además, haber entregado las instalaciones de la Canaco, archivos, cuentas y todo patrimonio.
El plazo de 30 días brindado ya expiró y ninguna de estas dos cosas sucedió, enfatizaron, pues no hay respuesta por ninguna de estas partes.
Brisa Blanca Galván Villalpando alegó que ellos, como consejeros propietarios, tienen todas las facultades y obligaciones para intervenir, para recuperar la legalidad de la cámara y proteger su patrimonio.
Esto incluye informar a las autoridades competentes y tomar las acciones necesarias para recuperar la cámara.
“Hay recursos que son administrados por un consejo que no tiene el reconocimiento legal”, alegó. “No buscamos división ni afectar a ninguna persona, sino que buscamos proteger la legalidad y el patrimonio”, insistió.
Bruno de Almeida destacó tres puntos: no hay un reconocimiento legal al consejo de 2026, por lo que sus actos carecen de validez, hay un rechazo de la Secretaría de Economía a la documentación presentada por quien hoy se ostenta como presidente, y además hay un acto de desacato por parte del anterior consejo directivo, al ser omiso al requerimiento de la autoridad.
Todo esto ya fue notificado a la Secretaría de Economía, aunado a las demás acciones legales, incluso penales, que puedan realizar, para recuperar estas instalaciones y convocar a nuevas elecciones.
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