DIANA ALVARADO | 29 DE JUNIO DE 2026.-La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, informó que el Gobierno Federal mantiene negociaciones con la empresa estadounidense Vulcan Materials para alcanzar un acuerdo definitivo sobre el conflicto de Calica, en Quintana Roo, dejando en claro que una de las condiciones fundamentales será que no se reanude la extracción de piedra caliza en la zona actualmente protegida como Área Natural Protegida.
Durante su conferencia matutina, la mandataria explicó que las conversaciones buscan poner fin al arbitraje internacional promovido por la empresa, siempre y cuando cualquier acuerdo represente un beneficio para México y garantice la protección ambiental de la región. Señaló que el puerto concesionado a Vulcan permanecerá sin operaciones relacionadas con la explotación de piedra caliza dentro de Calica.
Sheinbaum precisó que, en caso de permitirse alguna actividad extractiva en el futuro, ésta tendría que desarrollarse en una ubicación distinta, ambientalmente viable y bajo condiciones mucho más restrictivas que las planteadas originalmente por la empresa. Reiteró que la explotación en los terrenos de Calica no volverá a autorizarse.
Otro de los puntos centrales de la negociación consiste en que Vulcan Materials financie de manera íntegra un programa de remediación ambiental para restaurar las áreas afectadas por décadas de extracción de piedra caliza. La presidenta sostuvo que el costo de esa rehabilitación deberá ser cubierto completamente por la empresa como parte del eventual acuerdo.
La titular del Ejecutivo indicó que las negociaciones se han desarrollado durante varios meses y que no se habían hecho públicas para no afectar el proceso. Añadió que, si ambas partes no alcanzan un entendimiento, será el tribunal arbitral internacional el encargado de resolver la controversia presentada por Vulcan Materials.
El conflicto se originó tras la suspensión de las operaciones de Calica por los daños ambientales atribuidos a la extracción de piedra caliza en la Riviera Maya. Posteriormente, el Gobierno de México decretó la zona como Área Natural Protegida, con el objetivo de preservar los ecosistemas y evitar la reanudación de actividades mineras de gran escala. La empresa mantiene un arbitraje internacional mediante el cual busca revertir las restricciones impuestas por el Estado mexicano.
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