DIANA ALVARADO | 6 DE JULIO DE 2026.-La bancada de Morena en la Cámara de Diputados impulsa la creación de una Alerta Inmobiliaria Nacional como parte de una estrategia para frenar los despojos de viviendas y proteger el patrimonio de las familias mexicanas frente a fraudes, juicios simulados, escrituras falsas y redes dedicadas a apropiarse ilegalmente de inmuebles.
La propuesta fue presentada por la diputada federal Elena Edith Segura Trejo, quien planteó la expedición de una Ley General de Protección Patrimonial contra el Despojo Inmobiliario, con el objetivo de establecer mecanismos de prevención, reacción y coordinación institucional frente a un delito que, sostuvo, ya dejó de ser un problema aislado para convertirse en una amenaza de alcance nacional.
Como parte central de la iniciativa, se propone que cualquier propietario pueda recibir una notificación inmediata cuando una tercera persona intente modificar la situación jurídica de su inmueble, ya sea mediante una inscripción registral, traslado de dominio, cambio de titularidad o cualquier trámite que pueda afectar la propiedad. La intención es que el dueño tenga conocimiento oportuno y pueda actuar antes de consumarse el despojo.
La legisladora argumentó que la urgencia de esta medida se sustenta en el crecimiento de denuncias por este delito. Recordó que la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México reportó más de 20 mil carpetas de investigación por despojo entre 2020 y abril de 2026, mientras que en el Estado de México se registraron 5 mil 594 denuncias sólo en 2025. A su juicio, estas cifras evidencian la necesidad de una respuesta integral desde el ámbito federal.
Segura Trejo advirtió que detrás de muchos de estos casos operan estructuras complejas que utilizan poderes falsos, escrituras apócrifas, juicios simulados, notificaciones irregulares y suplantación de identidad, en ocasiones con la posible participación de abogados, notarios o incluso servidores públicos. Añadió que entre las principales víctimas de estas prácticas se encuentran personas adultas mayores, familias en situación vulnerable y propietarios que se encuentran fuera de sus inmuebles por periodos prolongados.
Además de la alerta, la propuesta contempla otros instrumentos como un bloqueo registral preventivo, la creación de un Registro Nacional de Operaciones Inmobiliarias de Riesgo y el fortalecimiento de fiscalías especializadas mediante más presupuesto, ministerios públicos, policías de investigación, peritos y herramientas tecnológicas que permitan investigar con mayor rapidez y reducir la impunidad. Con ello, Morena busca construir una política nacional de defensa patrimonial frente al avance del despojo inmobiliario en distintas regiones del país.
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