DIANA ALVARADO | 7 DE JULIO DE 2026.-El Tribunal Electoral del Estado de Michoacán determinó por unanimidad que el senador morenista Gerardo Fernández Noroña cometió violencia política contra las mujeres en razón de género en perjuicio de la presidenta municipal de Uruapan, Grecia Quiroz, por expresiones que, a juicio de la autoridad, desacreditaron su imagen pública y excedieron los límites del debate político legítimo.
La resolución fue aprobada a partir de un proyecto elaborado por la magistrada Yurisha Andrade Morales, en el que se concluyó que Noroña demeritó de manera reiterada la gestión y el desempeño de Quiroz como servidora pública, al sugerir que su posicionamiento político derivaba de las circunstancias en que llegó al cargo, tras el asesinato de su esposo, el exalcalde Carlos Manzo. El tribunal consideró que esos señalamientos afectaron su derecho político-electoral a ser votada y dañaron su reputación mediante referencias de índole personal.
De acuerdo con la sentencia, las manifestaciones del legislador no se limitaron a una crítica política sobre su desempeño como alcaldesa, sino que incorporaron elementos que buscaron restarle legitimidad por su condición de mujer y por la forma en que asumió la presidencia municipal de Uruapan. Por ello, el órgano jurisdiccional concluyó que se configuró violencia política de género.
Como parte de las medidas de reparación integral, el tribunal ordenó que Fernández Noroña ofrezca una disculpa pública a Grecia Quiroz, acredite un curso de capacitación en materia de violencia política contra las mujeres en razón de género y sea inscrito por seis meses en el Registro Nacional y el registro estatal de personas sancionadas por esta conducta, una vez que la sentencia quede firme. También se dará vista a la Cámara de Senadores para que actúe conforme a sus atribuciones.
La denuncia fue promovida por la alcaldesa de Uruapan, quien acusó al senador de emprender una serie de ataques públicos que cuestionaban su legitimidad para ocupar el cargo y sus aspiraciones políticas futuras. Entre los hechos denunciados también señaló un episodio ocurrido en marzo pasado durante una visita al Senado, donde aseguró haber sido objeto de una acción de intimidación pública.
La resolución del Tribunal de Michoacán constituye una primera determinación jurisdiccional sobre el caso y coloca nuevamente en el centro del debate la responsabilidad de actores políticos y representantes populares en el uso de discursos que pueden vulnerar los derechos político-electorales de las mujeres.
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