DIANA ALVARADO | 8 DE JULIO DE 2026.-En medio de los procesos internos que ya comenzaron en distintos partidos rumbo a las elecciones de 2027, el Instituto Nacional Electoral (INE) analiza un nuevo esquema para fiscalizar los ingresos y gastos relacionados con esas actividades políticas anticipadas, con el fin de establecer reglas de control sin clasificarlas, por ahora, como actos formales de precampaña o campaña.
La propuesta, impulsada desde el bloque encabezado por la consejera presidenta Guadalupe Taddei, plantea que los gastos derivados de estos procesos sean registrados como gasto ordinario partidista y no como gasto de precampaña o campaña. Aun así, el proyecto incluye medidas de control sobre el financiamiento privado, restricciones a aportaciones en efectivo, especie y comodato, así como reglas para identificar con claridad a qué aspirante beneficia cada gasto, incluida la propaganda digital.
De acuerdo con el borrador conocido por las y los consejeros, el financiamiento privado para este tipo de procesos estaría sujeto a límites: hasta 3.3 millones de pesos por parte de aspirantes y 826 mil 223 pesos por militantes o simpatizantes, con el objetivo de garantizar la trazabilidad del origen y destino de los recursos. El documento aclara que estos montos no sustituyen los topes legales de precampaña o campaña, sino que funcionarían como parámetros de control interno y fiscalización ordinaria.
El proyecto también establece que los partidos deberán informar al INE sobre sus movimientos y actividades internas para que la autoridad pueda dar seguimiento y, en su caso, enviar representantes a esos actos. Además, advierte que el uso de financiamiento ordinario no autoriza actos anticipados de precampaña o campaña encubiertos, por lo que si se detectan elementos de promoción electoral indebida, el Instituto podrá darles el tratamiento legal correspondiente.
Entre las disposiciones planteadas se incluye la prohibición de utilizar tiempos oficiales en radio y televisión para promocionar estos procesos internos o a las personas inscritas en ellos. También se señala que los servidores públicos o legisladores que participen en estas actividades deberán evitar el uso de recursos públicos, no descuidar sus funciones y abstenerse de una sobreexposición que pueda interpretarse como ventaja indebida.
El debate surge después de que el Consejo General rechazó una propuesta del consejero Arturo Castillo, quien planteaba que los gastos de estos procesos internos se cargaran directamente a los reportes de campaña, con las posibles consecuencias legales por rebase de topes. Frente a esa negativa, el nuevo proyecto se perfila como una especie de “plan B” para regular un fenómeno que ya está ocurriendo en partidos como Morena, PAN y PRI, cuyos movimientos internos han comenzado mucho antes de los tiempos formales establecidos por la ley.
Con ello, el INE busca construir un marco de fiscalización preventiva para las actividades partidistas previas al arranque formal de las precampañas, en un contexto en el que la competencia interna ya empezó a moverse en varios frentes y la autoridad electoral enfrenta presión para evitar vacíos de control rumbo a los comicios concurrentes de 2026 y 2027.
