DIANA ALVARADO | 22 DE JULIO DE 2026.- La presidenta Claudia Sheinbaum envió al Congreso de la Unión una iniciativa para expedir la Ley General para Prevenir, Investigar, Sancionar y Reparar el Daño por el Delito de Feminicidio, con el objetivo de homologar en todo el país la investigación, persecución y sanción de este delito, además de fortalecer la protección de las víctimas y combatir la impunidad. La propuesta fue turnada a la Comisión Permanente para iniciar su análisis legislativo.
La iniciativa establece un tipo penal homologado para las 32 entidades federativas y propone incrementar las sanciones contra quienes cometan feminicidio, con penas que podrían alcanzar hasta 70 años de prisión. Asimismo, incorpora mecanismos para garantizar una investigación con perspectiva de género y reforzar la coordinación entre las autoridades de procuración e impartición de justicia.
En la exposición de motivos, el Ejecutivo federal reconoce que uno de los principales problemas en el combate al feminicidio es la debilidad estructural de las investigaciones, reflejada en la incorrecta clasificación de los delitos, pérdida de indicios, falta de análisis del contexto de violencia y ausencia de protocolos homologados. También señala que persisten deficiencias en la capacitación especializada del personal ministerial y pericial.
Como parte de la reforma, se propone que toda muerte violenta de una mujer sea investigada inicialmente como posible feminicidio, aplicando perspectiva de género desde el inicio de las indagatorias y manteniendo esa hipótesis hasta que existan elementos suficientes para descartarla. La medida busca evitar que los casos sean clasificados de manera incorrecta como homicidios simples y garantizar investigaciones más completas.
La iniciativa también contempla fortalecer las obligaciones de las fiscalías y demás autoridades responsables de investigar estos delitos, mediante protocolos homologados, registros nacionales de víctimas y mecanismos de coordinación entre los distintos órdenes de gobierno. Además, prevé medidas de reparación integral del daño para las víctimas indirectas y sus familias.
Con esta propuesta, el Gobierno federal busca establecer un marco jurídico uniforme para prevenir, investigar y sancionar el feminicidio en todo el país, reduciendo las diferencias existentes entre las legislaciones estatales y fortaleciendo la respuesta institucional frente a una de las formas más graves de violencia contra las mujeres. La iniciativa será analizada por el Congreso antes de su eventual discusión y votación en ambas cámaras.
