DIANA ALVARADO | 23 DE JULIO DE 2026.-Una jueza federal vinculó a proceso al exgobernador de Baja California, Ernesto Ruffo Appel, y a siete coacusados por su presunta participación en una red de huachicol ferroviario, contrabando de combustibles y delincuencia organizada. La resolución fue emitida tras una audiencia que se prolongó por más de 30 horas en el Centro de Justicia Penal Federal ubicado en el penal del Altiplano, en el Estado de México.
La jueza Alejandra Ramírez de la Vega consideró que la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO) presentó datos de prueba suficientes para iniciar el proceso penal contra Ruffo Appel, así como contra Ricardo Thompson Navarro, José Merino Valdés Cuervo, Juan Hermilo Chávez Rodríguez y Luis Antonio Barrientos Juárez, quienes permanecerán en prisión preventiva en el Centro Federal de Readaptación Social número 1, conocido como El Altiplano.
En la misma resolución, la juzgadora vinculó a proceso a María Guadalupe Jiménez Reyes, María Elena Moreno y Lourdes Torres, quienes enfrentarán el procedimiento bajo medidas cautelares distintas a la prisión preventiva, debido a sus condiciones particulares y al nivel de participación que les atribuye la Fiscalía.
De acuerdo con la investigación de la FGR, los imputados integraban una estructura dedicada al ingreso ilegal de combustibles provenientes de Estados Unidos mediante el uso de ferrotanques, alterando la información presentada ante las autoridades aduaneras para evadir impuestos y controles de importación. El esquema es investigado como una operación de huachicol fiscal y ferroviario, que habría ocasionado un daño millonario al erario federal.
Las autoridades sostienen que la empresa Ingemar, de la que Ernesto Ruffo es accionista, desempeñó un papel relevante en las operaciones de importación y en la presunta triangulación de recursos vinculados con el contrabando de hidrocarburos. La investigación también involucra a otras personas físicas y morales relacionadas con la comercialización y traslado del combustible.
Con la vinculación a proceso, inicia la etapa de investigación complementaria, durante la cual la Fiscalía y las defensas podrán aportar nuevos elementos antes de que se determine si el caso avanza a juicio. La FGR mantiene abierta la indagatoria para identificar a otros posibles responsables y esclarecer el funcionamiento completo de la presunta red dedicada al contrabando de combustibles.
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