DIANA ALVARADO | 23 DE JULIO DE 2026.-En lo que va de la administración del gobernador Salomón Jara Cruz, entre diciembre de 2022 y julio de 2026, cinco presidentes municipales en funciones, ocho exalcaldes, nueve líderes sindicales y 21 activistas, dirigentes indígenas y representantes comunitarios han sido asesinados en Oaxaca, de acuerdo con cifras oficiales dadas a conocer tras el homicidio del periodista Francisco Alejandro Leyva Aguilar.
El recuento de violencia incluye los asesinatos de los alcaldes Lilia Gema García Soto, de San Mateo Piñas; Miguel Ángel Reyes Sánchez, de San Pedro Mixtepec; Juan Carlos García Márquez, de Santiago Amoltepec; Carlos Santiago Martínez, de Santiago Astata, y Valentín Lavín Romero, presidente municipal de Temoac, Morelos, quien fue incluido en el balance nacional de recientes agresiones contra autoridades municipales. Asimismo, entre las víctimas figuran ocho exediles asesinados durante el mismo periodo.
Las estadísticas oficiales también reportan el homicidio de 21 activistas y líderes indígenas, además de nueve dirigentes sindicales, lo que refleja un escenario de violencia que afecta a distintos sectores sociales y políticos de la entidad. A ello se suman 310 mujeres y 2 mil 800 hombres que han perdido la vida de forma violenta durante la actual administración estatal.
El balance fue difundido luego del asesinato del periodista Francisco Alejandro Leyva Aguilar, ocurrido el 22 de julio en el municipio de San Pablo Etla, donde fue atacado por hombres armados mientras desayunaba en un establecimiento cercano a su domicilio. El comunicador era reconocido por sus críticas al gobierno estatal y por sus análisis sobre la situación política y de seguridad en Oaxaca.
Tras el homicidio, el gobernador Salomón Jara condenó los hechos y aseguró que la Fiscalía General del Estado de Oaxaca realiza las investigaciones correspondientes, con apoyo de la Fiscalía General de la República (FGR) para esclarecer el crimen y dar con los responsables. Diversas organizaciones defensoras de periodistas y derechos humanos exigieron que el caso no quede impune y reclamaron mayores garantías para el ejercicio de la libertad de expresión.
El panorama de violencia documentado en Oaxaca ha reavivado el debate sobre la seguridad de autoridades municipales, líderes sociales y comunicadores en la entidad. Organizaciones civiles han insistido en la necesidad de fortalecer las estrategias de prevención y protección, mientras continúan las investigaciones por los distintos homicidios registrados durante la actual administración estatal.
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