DIANA ALVARADO | 30 DE JULIO DE 2026.-El Partido Revolucionario Institucional (PRI) acusó al Instituto Nacional Electoral (INE) de ejercer actos de censura y de favorecer al oficialismo, luego de que la autoridad electoral ordenara retirar diversas publicaciones del dirigente nacional priista, Alejandro “Alito” Moreno Cárdenas, en las que vinculaba al gobierno federal y a Morena con el narcotráfico. La controversia se desató durante una sesión del Consejo General del INE, donde representantes del partido cuestionaron la decisión del organismo electoral.
El representante del PRI ante el Consejo General del INE, Emilio Suárez Licona, sostuvo que la determinación representa un precedente preocupante para la libertad de expresión de la oposición. Durante su intervención afirmó que “hoy nos pretenden ordenar retirar expresiones incómodas, mañana podría decidirse hasta dónde le está permitida a la oposición cuestionar al gobierno”, al considerar que este tipo de resoluciones limitan el debate político y debilitan la democracia.
Los representantes priistas también criticaron el desempeño del instituto electoral y acusaron a los consejeros de concentrar sus decisiones en proteger al Gobierno federal, en lugar de garantizar condiciones equitativas para la competencia política. Durante la sesión exhibieron imágenes relacionadas con diversos casos judiciales recientes y sostuvieron que el organismo actúa como un instrumento para restringir las expresiones de la oposición.
La medida del INE deriva de una resolución mediante la cual se ordenó el retiro de publicaciones difundidas por Alejandro Moreno en redes sociales, al considerar que los mensajes podrían atribuir delitos sin sustento a personas o instituciones, por lo que era procedente dictar medidas cautelares mientras se resuelve el fondo del asunto. El dirigente nacional del PRI anunció que impugnará la decisión y reiteró que continuará denunciando lo que considera presuntos vínculos entre Morena y el crimen organizado.
Por su parte, el Instituto Nacional Electoral sostuvo que sus determinaciones responden al cumplimiento de la legislación electoral y a la obligación de prevenir posibles afectaciones a los derechos de terceros durante el desarrollo del proceso político rumbo a las elecciones de 2027. La autoridad electoral no se pronunció sobre el contenido de las acusaciones formuladas por el PRI, sino únicamente sobre la necesidad de retirar temporalmente las publicaciones mientras continúa el procedimiento correspondiente.
El diferendo incrementa la confrontación entre el PRI y el INE en la antesala del proceso electoral federal de 2027. Mientras el partido tricolor sostiene que la resolución constituye un acto de censura y una restricción a la crítica política, el organismo electoral mantiene que sus decisiones buscan garantizar el cumplimiento de la ley y preservar la equidad en la contienda, por lo que será la autoridad jurisdiccional la que determine, en su momento, la legalidad definitiva de las publicaciones impugnadas.
