DIANA ALVARADO | 5 DE AGOSTO DE 2026.-La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo defendió la propuesta de lineamientos sobre derechos de las audiencias y sostuvo que la obligación de contar con un código de ética para los medios de comunicación no constituye un mecanismo de censura, sino una herramienta para garantizar el derecho de la población a recibir información de calidad. La mandataria afirmó que el objetivo de la regulación es fortalecer la responsabilidad de las empresas concesionarias de radio y televisión, sin intervenir en sus contenidos editoriales.
Durante su conferencia matutina, Sheinbaum rechazó las críticas de la Cámara Nacional de la Industria de Radio y Televisión (CIRT) y de diversos sectores que consideran que los nuevos lineamientos podrían limitar la libertad de expresión. Señaló que las empresas del sector participaron en la aprobación de la legislación que dio origen a estas obligaciones y recordó que actualmente se desarrolla una consulta pública para recibir observaciones y propuestas antes de emitir la versión definitiva de las disposiciones.
La Presidenta explicó que las sanciones previstas no estarán relacionadas con los contenidos informativos, opiniones o líneas editoriales, sino exclusivamente con el incumplimiento de obligaciones administrativas establecidas por la ley, como disponer de un código de ética, contar con una defensoría de las audiencias y establecer mecanismos para atender las quejas del público. Enfatizó que el Estado no decidirá qué información es verdadera o falsa ni evaluará el contenido periodístico de los medios.
Sheinbaum sostuvo que el propósito central de la regulación es que la ciudadanía pueda distinguir entre información, opinión y publicidad, además de fomentar prácticas responsables en la comunicación. Añadió que corresponde a las propias empresas de radiodifusión garantizar esos derechos mediante instrumentos de autorregulación y mecanismos de transparencia, conforme a lo previsto en la legislación vigente.
La discusión sobre los nuevos lineamientos ha generado posiciones encontradas entre organizaciones empresariales, periodistas y especialistas en telecomunicaciones. Mientras algunos consideran que las disposiciones fortalecen los derechos de las audiencias y promueven una mayor responsabilidad de los concesionarios, otros advierten que ciertos conceptos podrían dar lugar a interpretaciones que afecten la libertad editorial, por lo que han solicitado ajustes al proyecto durante el periodo de consulta pública.
La consulta pública permanecerá abierta hasta el 21 de agosto, periodo en el que ciudadanos, especialistas, medios de comunicación y organizaciones podrán presentar observaciones al proyecto. Posteriormente, la autoridad reguladora analizará las propuestas recibidas antes de emitir la versión final de los lineamientos, mientras el Gobierno federal insiste en que la medida busca proteger el derecho de las audiencias sin vulnerar la libertad de prensa ni la libertad de expresión.
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